Víctor Moreno Catena, catedrático español, especialista en Derecho Procesal Penal y Secretario General de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, visitó en los últimos días nuestro país. En el marco de una serie de reuniones con distintas autoridades e instituciones de la administración de justicia, entre ellas la Procuración General de la Nación, Fiscales lo entrevistó acerca de los cambios en los distintos sistemas procesales y los desafíos por delante.

¿Qué evaluación hace respecto de las reformas procesales a nivel iberoamericano?

Lo que se puede apreciar con claridad es que hay un movimiento, yo creo que irreversible, en todos los países de América Latina, hacia el modelo acusatorio. El paradigma del juez de instrucción dueño de la investigación, que tiene todo el poder en los procedimientos, que arma el expediente y luego va a juicio y éste se convierte en una pura formalidad, ha cambiado radicalmente. Desde principios de los años 90 se ha ido hacia un procedimiento penal acusatorio donde el centro de gravedad más importante es el del acusado, amparado en el principio de inocencia, y donde el otro polo es la acusación, el fiscal, quien tiene encomendada la investigación de los delitos. El juez aparece entonces como un custodio de garantías, que controla al fiscal, que pone límites a la actividad investigadora y que tiene que autorizar aquellas diligencias que son invasivas de la esfera de los derechos fundamentales del imputado. El juez es quien examina la acusación, valora la prueba y dicta sentencias.

¿Dónde ubica a Argentina en este movimiento de reforma procesal?¿Cuáles son, a su criterio, los desafíos que tiene Argentina por delante?

La situación de Argentina es muy peculiar dado que algunas provincias han avanzado con el sistema acusatorio, otras no y conservan el modelo prácticamente del siglo XIX. A nivel nacional, se ha introducido la oralidad y la posibilidad de que el juez delegue investigaciones en el fiscal. Se ven entonces grandes diferencias a la hora de abordar un problema que es común, que es cómo se persigue la delincuencia. Yo creo que estas diferencias en el abordaje del enjuiciamiento y la persecución penal son motivo de una gran distorsión.

¿Cuáles son, a su criterio, los desafíos más importantes para implementar un sistema acusatorio?

La experiencia indica que, en primer lugar, se presentarán resistencias internas de los jueces, porque son quienes tendrán que cambiar su función. Deberán focalizarse en el control de las garantías y van a perder el poder de la iniciativa de la investigación, de ordenar medidas de investigación, el contacto con la policía judicial, con todo lo que eso significa.

También se pueden presentar resistencias de algunos fiscales, que también tendrán que cambiar su forma de trabajar. En un modelo acusatorio, un fiscal tiene más trabajo, más responsabilidad, tiene que procurarse la investigación, trabajar con la policía para descubrir el delito y dar cuenta de cómo se ha llevado adelante la acusación. Asume, entonces, un papel protagonista y con más responsabilidad. La especialización de los fiscales es fundamental.

Los abogados defensores también tendrán que cambiar su modo de trabajar y de relacionarse. Incluso el modo de organización de su propio estudio jurídico.

La inercia cuenta y mucho. Cuando una persona lleva décadas acostumbrada a su rutina y es obligada a conocer un nuevo código procesal, a cambiar su forma de trabajar, por supuesto puede resistirse a los cambios. Podemos incluso encontrar resistencias afuera de la administración de justicia, y en eso pueden ser determinantes los medios de comunicación. Porque en algunos países he observado que se le echa la culpa al sistema procesal acusatorio de los fracasos de la política criminal.

Las resistencias se pueden vencer con medidas políticas. Para empezar, cambiando la ley, pero además con medidas institucionales, jurídicas, de incentivos. Hay que apuntar a una organización más jerarquizada.

Mencionaba antes la especialización de los fiscales. ¿Cuál es el papel que desempeñan en un modelo acusatorio?

Las fiscalías especializadas, con o sin reforma procesal, son absolutamente necesarias. No existen los fiscales que saben de todo. No puede suceder que la delincuencia organizada vaya en jet privado y el Estado en carreta. El Ministerio Público debe conseguir que se condene a quienes cometen delitos graves. Y no puede tener éxito si no cuenta con preparación y especialización. No es lo mismo el modo de investigar, acusar, producir prueba, en un caso de violencia de género, de trata, de narcotráfico, de delincuencia económica o de lesa humanidad. No podemos abarcar con autoridad y solidez todas las ramas del derecho. El derecho se ha vuelto muy complejo.

La especialización es imprescindible, cualquiera sea el modelo del procedimiento, es el ABC. No puedo concebir que a esta altura del siglo XXI no haya especializaciones.