La Unidad Fiscal de Ejecución Penal, a cargo de Guillermina García Padín, elaboró un informe sobre la situación de las mujeres condenadas en prisión –que se encuentran a disposición de la Justicia Nacional de Ejecución Penal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico- a través del cual se pretende exponer las características y problemáticas de ese colectivo.

El documento fue elaborado en base a datos procesados, en febrero pasado, como resultado de 126 entrevistas personales realizadas por el equipo de la UFEP en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres y el Centro Federal de Detención de Mujeres -Unidad 31- del Servicio Penitenciario Federal, en los que son alojadas 1001 mujeres, de las cuales, 175 –un 17%- se encuentran bajo el control de la Unidad especializada del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Asimismo, de esas 175 detenidas, 104 se encontraban alojadas en el Complejo Penitenciario Federal IV, 22 se hallaban en la Unidad 31, una se estaba en el Instituto Federal III de Salta, otras dos estaban en la Unidad 5 de La Pampa y 46 se encontraban con arresto domiciliario o en institutos dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El informe aborda, además de lo relativo a los delitos por los que las entrevistadas fueron condenadas, aspectos relacionados con la educación, el trabajo, la salud y los vínculos familiares, tanto previo a su detención como en el marco de la privación de libertad.

Penas, delitos y antecedentes

A partir de la información relevada tanto en el marco de las causas y de las entrevistas, pudo establecerse que más de la mitad de las mujeres se encuentran cumpliendo una condena de hasta 5 años de prisión. Como contrapartida, solamente el 7% fue sentenciado por delitos especialmente graves.

En el caso del bien jurídico afectado, 6 de cada 10 mujeres fueron encontradas penalmente responsables de delitos contra la propiedad; el 14% lo fue por contrabando de estupefacientes, y el 8% por delitos contra la vida.

En relación a los antecedentes, del universo entrevistado, el 42% eran “primarias” y sólo el 26% fue declarada “reincidente”.

Educación y trabajo

El informe revela que el 71% de las mujeres entrevistadas por la UFEP respondió que se encontraba estudiando. De ese universo, el 33% se realizaba estudios extracurriculares -que no implican educación formal-, y el 77% restante estudiaba en los niveles primario, secundario o universitario.

Cabe destacar que previo a su detención, sólo el 16% finalizó el secundario. Por su parte, un 19% no concluyó la escuela primaria y un 9% del colectivo entrevistado no había accedido a ningún nivel educativo. Al momento de la visita, 8 mujeres se encontraban cursando estudios universitarios.

Vinculado al trabajo, antes de la detención, el 12% de las mujeres se encontraba desocupada, dato que contrasta con que el 95% se encontraba afectada a algún trabajo dentro de su lugar de alojamiento.

En particular, la UFEP relevó que rol ocupaban antes y luego de la detención en la economía familia: así, concluyó que el 62% era sostén de sus núcleos familiares, situación que se mantenía casi sin variación durante la condena.

El 61% de las entrevistadas refirió que gran parte de los ingresos obtenidos como fruto del trabajo intramuros son utilizados para solventar los gastos de su familia e hijos.

Salud, alimentación y adicciones

Durante las entrevistas realizadas por los integrantes de la UFEP, el 94% de las mujeres afirmaron recibir los controles ginecológicos de rigor y el 87% habría mantenido una consulta con un odontólogo. En cuanto a su salud mental, 9 de cada 10 habían sido evaluadas por psicólogas y el 43% por psiquiatras. En este punto, más de la mitad de las entrevistadas subrayó haber tenido alguna problemática de consumo, ya sea estupefacientes, alcohol o ambos, entre quienes, el 68%, recibió al momento del ingreso al penal la posibilidad de realizar el tratamiento, aunque como dato llamativo, la gran mayoría no aceptó la propuesta. Prácticamente la totalidad de las entrevistadas afirmó recibir medicación cada vez que lo solicita.

En cuanto a la alimentación brindada en ambos complejos, la mayoría de las mujeres entrevistadas afirmó que luego de la presentación de un habeas corpus colectivo sobre las condiciones de la comida ofrecida en distintos complejos del Servicio Penitenciario, la situación mejoró considerablemente. Sin embargo, el 32% de ellas calificó de forma mala o muy mala el servicio, el 35% de forma regular y el 33% restante positivamente.

Extramuros, vínculos familiares e hijos

El informe también señala que el 58% de las mujeres entrevistadas recibe visitas por parte de familiares y personas cercanas y el 98% se comunica telefónicamente habitualmente con sus allegados. La diferencia entre el 42% que no mantiene contacto personal y el 98% que sí lo hace a través de llamados muestra la existencia de vínculos que podrían sostenerse, pero que se dificultan por medio de las visitas, dada la distancia u otros factores.

En lo que respecta a hijos, el 85% afirmó tenerlos y, de ellas, el 56% refirió tener “mucho” contacto con ellos, el 32% “poco” y el  12% “nada”.

Como particularidad, en la Unidad 31, la UFEP entrevistó a cuatro mujeres que convivían con sus hijos dentro del penal, donde se relevó la evaluación personal sobre esa situación y aspectos relativos al cuidado de la salud, recreación y educación de los niños. En general, se mostraron conformes con las herramientas que se les brindan dentro del establecimiento.