El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y la fiscal general del Estado de Ecuador, Diana Salazar Méndez, suscribieron ayer un convenio de cooperación institucional por el que acordaron que ambas partes se compromenten a colaborar mutuamente en investigaciones penales, con la remisión espontánea de información o de denuncias internacionales y la conformación de equipos conjuntos de investigación; colaborar en materia de investigación de la corrupción y el lavado de activos; abordar el fenómeno terrorista de forma interdisciplinaria; y cooperar en la investigación de crímenes internacionales, en particular los de lesa humanidad. El acuerdo también incluye el intercambio de experiencias para el abordaje de víctimas y testigos, la capacitación conjunta de sus agentes y la gestión y desarrollo de políticas de igualdad en ambas instituciones.

La firma del instrumento se llevó a cabo en la tarde de este jueves en la sede de la Procuración General de la Nación ubicada en la calle Perón 667 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la reunión que enmarcó la firma estuvieron presentes el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General, Juan Manuel Olima Espel; el secretario de esa oficina, Luis Arocena; y el director general de Cooperación Regional e Internacional, Diego Solernó.

El documento consta de 18 cláusulas, que abordan los siguientes acuerdos:

• Intercambiar información en el marco de investigaciones que lleven adelante las fiscalías y a dar trámite urgente a los pedidos de asistencia jurídica penales que se intercambien a través de las autoridades designadas en los tratados vigentes, como a brindar información sobre el estado en que se encuentren esos pedidos.
• Promover la remisión espontánea de información o denuncias internacionales, cuando tomasen conocimiento sobre hechos que debieran ser investigados en el otro país y propiciar la conformación de equipos conjuntos de investigación. En esa línea, acordaron trabajar en forma coordinada y cooperar de manera amplia y rápida con el objeto de perseguir cualquier manifestación de corrupción que se produzca en sus países.
• Ratificaron su voluntad de fortalecer la cooperación bilateral para la prevención, investigación y persecución de crímenes internacionales, en particular los de lesa humanidad.
• Llevar a cabo acciones coordinadas con el fin de investigar y enjuiciar a la criminalidad económica, especialmente el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como colaborar en la identificación, congelamiento, secuestro y decomiso de bienes en el marco de la investigación de ese tipo de criminalidad.
• Efectuar un abordaje a la problemática del terrorismo internacional, incorporar programas que aumenten la capacidad de prevención general. En esa línea, manifestaron la necesidad de otorgarle al fenómeno terrorista un tratamiento desde una perspectiva interdisciplinaria, con intercambio de buenas prácticas, experiencias y coordinación en líneas de investigación.
• Colaborar en la capacitación de sus miembros en temas de interés común, generando programas conjuntos, conferencias, seminarios, talleres, pasantías en áreas de interés recíproco, seminarios, reuniones de expertos y jornadas académicas.
• Intercambiar experiencias sobre acciones para facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración de justicia.
• Compartir experiencias en la gestión y desarrollo de políticas que garanticen a las víctimas y testigos de cualquier delito los derechos y garantías previstas en las respectivas legislaciones y en los tratados vigentes.
• Compartir experiencias en la gestión y desarrollo de políticas que contribuyan a generar igualdad, así como prevenir y erradicar la violencia de género en todos los ámbitos.

Ambos ministerios públicos designaron como puntos de contacto para hacer operativa la coordinación del convenio a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado de la República del Ecuador y a la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina.