18 de enero de 2020
18 de enero de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Elaborado por la Dirección de Derechos Humanos y la UFIMA
Nuevo documento sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente para la labor del Ministerio Público Fiscal
El material resume los principales aspectos de la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está orientado a potenciar la intervención del MPF en casos en los que se encuentre involucrado el derecho a un medio ambiente sano.

La Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) y la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) elaboraron un documento que resume los principales aspectos de la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con el fin de potenciar la intervención del Ministerio Público Fiscal en los casos que involucren el derecho a un medio ambiente sano.

Para las áreas especializadas, la Opinión Consultiva adquiere gran relevancia para la tarea del Ministerio Público Fiscal, dado que constituye la primera oportunidad en la que la Corte IDH se explaya de manera extendida sobre el alcance del derecho al medio ambiente sano, su relación con otros derechos fundamentales y las obligaciones estatales que derivan del mismo.

Además, el documento identifica cuál es el margen de actuación del MPFN en esta temática y se destacan algunas intervenciones fiscales, al tiempo que también se remarca el valor de las opiniones consultivas de la Corte IDH para las autoridades públicas, entre las que se encuentra este Ministerio Público.

En cuanto a los desarrollos jurídicos prioritarios de la OC-23/17, la DGDH y la UFIMA explican que la Corte IDH define de modo preciso las características del derecho al medio ambiente sano tanto en su faz individual como colectiva. Asimismo, en el documento se expone que el Tribunal regional distingue el carácter autónomo de este derecho del contenido ambiental que surge de la protección de otros, tales como el derecho a la vida y a la integridad personal, con especial énfasis en las obligaciones estatales concernientes al alcance de la jurisdicción medioambiental y a la tutela judicial efectiva.