El miércoles de esta semana se realizó una videoconferencia entre diversos fiscales nacionales y federales en lo criminal y correccional y de menores que actúan en el ámbito de la CABA y en las jurisdicciones federales de San Martín y La Plata, el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional, con profesionales de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación.

El encuentro fue convocado para describir el desarrollo de las funciones de la morgue en el contexto de la emergencia sanitaria declarada por la propagación del COVID-19, a fin de dotar de mayor eficiencia a su intervención en esta situación excepcional, en coordinación con los magistrados del Ministerio Público Fiscal. En ella expusieron los integrantes del equipo forense que se encontraba de turno, los doctores Cristina Bustos, Roberto Víctor Cohen, Adriana Claudia D’Addario, Santiago Maffia Bizzozero y Alejandro Rullan Corna.

El equipo de la Morgue Judicial describió las directivas de bioseguridad que se deben respetar en el envío de cadáveres sospechados de estar infectados por COVID-19, los procedimientos que están desarrollando durante el transcurso de la emergencia sanitaria, los distintos tipos de estudios disponibles frente a cadáveres con sospechas de presencia del COVID-19 y los inconvenientes que se les presentan debido al aumento de ingreso de cadáveres a la dependencia.

En este sentido hicieron saber que se están realizando un promedio de quince autopsias diarias, de las cuales aproximadamente sólo el 10% de ellas son por causas violentas o sospechosas de criminalidad, agregando que en el último tiempo se han incrementado la cantidad de muertes por causas naturales, pero que eso no tiene relación alguna con el COVID-19.

Asimismo, hicieron saber que durante la pandemia se han tomado muestras en 50 cadáveres, entre hombres y mujeres de manera aleatoria, de casos no sospechados de COVID-19, arrojando un 4% de casos positivos, siendo este un número bajo de injerencia en la cantidad de infectados.

Respecto a los fallecimientos ocurridos en diferentes nosocomios, recomendaron que a los efectos de determinar sus causas se recurra a las historias clínicas y que un médico del lugar expida el certificado de defunción, para evitar tener que trasladar los cuerpos a la morgue con el dispendio de recursos humanos y económicos que ello genera. Lo mismo aconsejaron con las personas mayores alojadas en geriátricos, quienes son atendidas por el médico del lugar.

En los casos de sospecha de COVID-19, explicaron que no resulta necesario hacer un estudio tanatológico completo, sino que basta extraer muestras que permitan determinar la presencia de COVID-19, a partir de hisopados o extracciones de sangre.

Insistieron en que no es aconsejable derivar a la morgue los casos para descartar las muertes sospechosas por COVID-19, sino para determinar las causas y datación de las muertes sospechosas de criminalidad.

Muestras virales

Respecto a la recolección de muestras virales, aclararon que cualquier médico puede efectuar el hisopado -nasofaríngeo o bucofaríngeo- para obtener el material necesario a fin de comprobar la presencia del virus. Específicamente, expresaron que los profesionales de las unidades criminalísticas de las fuerzas de seguridad podrían efectuar la toma de muestra para el testeo y así evitar el ingreso de los cadáveres a la morgue.

Agregaron que, incluso en los casos sospechosos de COVID-19, debían evitarse los traslados pudiendo dejarse los cuerpos en las cámaras de los hospitales y/o clínicas para la espera del resultado del test para, luego y en caso de corresponder, ordenarse la autopsia.

Aclararon en este sentido que, aunque fueran remitidos a la Morgue, hasta que no se tuviese el resultado que se les pide, no podría realizarse la autopsia.

Recomendaciones

Añadieron que las recomendaciones internacionales en la materia disponen que no se deben efectuar autopsias para los cadáveres que arrojen un resultado positivo de COVID-19, porque su realización aumenta la posibilidad de contagio del personal médico que realiza el estudio y podría afectar la disponibilidad de personal asignado, en este caso, a la morgue judicial.

Asimismo, los profesionales de la Morgue Judicial recomendaron:

-Remitir los cadáveres a la morgue únicamente para determinar las causas y datación de muertes con sospecha de criminalidad y no casos sospechosos de infección por COVID-19.

-En el caso de una muerte con sospechas de criminalidad (sin manifestaciones externas de violencia), realizar una extracción de sangre para determinar cualquier causa toxicológica de fallecimiento.

-Si los fiscales tuvieran dudas frente a una situación donde tuvieran que disponer de un cadáver, hacer una consulta previa con el equipo de turno de la Morgue para establecer cuál es la mejor forma de proceder en el caso.

-Cuando la muerte ocurra en un nosocomio o geriátrico, priorizar la intervención de los médicos de aquellos institutos para que sean quienes realicen los hisopados por COVID-19 y la elaboración de los certificados de defunción.

Finalmente, destacaron la importancia que tiene la consideración de esos puntos, ya que de otra manera se estarían ordenando estudios tanatológicos en casos que no son sospechosos de criminalidad con los riesgos que trae aparejado en la salud de los profesionales médicos, de traslados de cadáveres y principalmente en la posible disminución de los equipos de tanatólogos por contagio, lo que podría llevar a no poder afrontar las autopsias ordenadas, sin perjuicio de agregar como dato informativo que cada procedimiento tiene un costo aproximado de 1500 dólares.