Los fiscales Félix Crous, a cargo de la oficina de Enlace Legislativo, Raúl Pleé, titular de la Fiscalía General Nº 2 ante la Cámara Nacional de Casación Penal, y Sergio Rodríguez, al frente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, participaron de los plenarios de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda y Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, donde se discuten actualmente los proyectos de ley del “arrepentido” y de la extinción anticipada de dominio, iniciativas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.

Las reuniones de las comisiones conjuntas comenzaron el lunes y se extendieron hasta ayer por la tarde en el salón Azul de la cámara alta, oportunidad en que diversos funcionarios del Poder Ejecutivo, juristas y especialistas del ámbito judicial brindaron sus opiniones sobre los mencionados proyectos y contestaron preguntas de los legisladores. En relación a la extinción de dominio, Crous identificó una serie de inconsistencias y errores técnicos, al tiempo que advirtió sobre la posibilidad de que se extienda el decomiso anticipado de bienes a personas cuyo vínculo con el hecho delictivo es difuso y débil, y que los estándares de sospecha exigidos para probar esa vinculación son más débiles que en el proceso penal. "La retribución de bienes a particulares o una ONG es una forma de privatización y una oportunidad para negociados", advirtió.

En cuanto al proyecto referido a la figura del “arrepentido”, Crous explicó que si bien existe una necesidad por parte del Estado de contar con una herramienta de este estilo, la iniciativa en debate otorga un premio anticipado al imputado al suspender su persecución penal aún antes de corroborar la eficacia de su contribución a la investigación.

En tanto, con especial énfasis en la utilidad de estos instrumentos como herramientas de investigación contra los delitos objeto de la competencia de la PIA, Rodríguez se pronunció a favor del proyecto que contempla la figura del “colaborador eficaz” (definición que esbozó como más apropiada para la figura).

Sin perjuicio de ello, efectuó –al igual que otros disertantes- una serie de consideraciones a tener en cuenta a la hora de discutir el proyecto, principalmente basadas en la oportunidad de la posibilidad de realizar las revelaciones. Si bien el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados lo permite durante todo el trámite de la causa penal, el fiscal aconsejó que no debiera superar la etapa preliminar o de instrucción. Asimismo señaló que debe establecerse que el aporte de información tiene que ser en una sola oportunidad y no en cuotas.

A su vez, encontró acertada la inclusión de una cierta tasación de beneficio (reducción de la pena en caso de colaborar), añadiendo que debería considerarse la posibilidad de contemplar la eximición de la sanción punitiva, como lo prevé la legislación brasilera. Refirió que para que el sistema funcione, deben profundizarse los mecanismos de protección al colaborador eficaz y a su familia.

Oportunamente, mencionó las dificultades que posee actualmente la investigación de hechos de corrupción para el Ministerio Público Fiscal, y en particular para la Procuraduría de la que es titular, en virtud de la negativa por parte de determinados organismos públicos de suministrar información sensible como ser los anexos reservados de las declaraciones juradas patrimoniales que resguarda la Oficina Anticorrupción, o declaraciones juradas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), o información acerca de Reportes de Operaciones Sospechosas  por parte de la Unidad de Información Financiera.

En cuanto al proyecto de extinción de dominio, si bien se pronunció favorablemente respecto a su utilidad en determinados casos; señaló algunos aspectos a revisar, que pueden presentar problemas de constitucionalidad.

Entre otras cosas, adicionó que pese a tratarse de un proyecto sumamente detallado, posee alto grado de imprecisiones en cuanto a qué Fiscal es el competente para llevar adelante la acción ante el fuero civil y comercial federal. Asimismo, se pronunció en contra de la imprescriptibilidad de la acción y de la aplicación retroactiva del instituto. Precisó que la sentencia de extinción de dominio debería contener el destino de los bienes para evitar especulaciones.

Por último señaló que por más herramientas que se incorporen a nuestro ordenamiento jurídico, hasta tanto no se adopte un sistema procesal de neto corte acusatorio, como el aprobado C.P.P.N. los resultados seguirán siendo magros.