La Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, presentó al procurador general de la Nación interino el informe de gestión y desempeño de la unidad, donde se detalla la información recopilada a partir de los 77 casos de secuestros extorsivos ocurridos en todo el país entre enero de 2020 y diciembre 2021, que involucraron a 92 víctimas.

El informe incluye un repaso sobre las modalidades de ejecución de este delito, la normativa aplicable, el trabajo desarrollado en esa dependencia en relación a las tareas encomendadas desde su creación mediante la Resolución PGN N°1583/2016 y el impacto de las restricciones impuestas por la pandemia mundial del virus COVID-19.

El trabajo, elaborado en cumplimiento con los principios de transparencia y acceso a la información pública y que se puede descargar desde la web de UFESE, también evidencia la asistencia o colaboración brindada a las distintas fiscalías federales de todo el país, en el abordaje de esta modalidad delictiva.

En esta oportunidad, el documento contó con el aporte de la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) de la Procuración General de la Nación, con la que se suscribió un plan de trabajo conjunto para analizar conjuntamente los hechos de secuestros extorsivos relevados por la UFESE “a los efectos de lograr una circulación ágil de la información y elaborar diagnósticos precisos de análisis criminal, que sirvan como insumo para la toma de decisiones estratégicas tanto en casos en trámite como en la planificación de intervenciones o en nuevas investigaciones focalizadas”.

El informe presentado expone los lineamientos de la política institucional de persecución penal de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), que fue creada -en junio de 2016- a través de la Resolución PGN N°1583/16, con el propósito de robustecer la capacidad de respuesta del Ministerio Público Fiscal en materia de detección, persecución y represión de este tipo de ilícitos, en asistencia y colaboración con las fiscalías federales de todo el país.

La UFESE trabaja sobre cuatro ejes relacionados entre sí: el apoyo temprano en las investigaciones criminales; la reunión de información y criminal y análisis táctico de la misma; el desarrollo de políticas de litigio estratégico; y el mantenimiento de relaciones interinstitucionales y realización de capacitaciones internas y externas.

Cifras y modalidades

“El período analizado -años 2020/ 2021-, posee el registro de secuestros extorsivos más bajo desde la creación de la Unidad en junio de 2016”, consigna el documento. Así, en el año 2022 se registraron 48 casos, que equivalieron a un promedio mensual de 4,08 hechos por mes, mientras que, en 2021, se suscitaron 29 hechos (2,42 casos mensuales).

También destaca que, de los 77 hechos de secuestro extorsivo registrados a nivel nacional, 53 ocurrieron en el conurbano bonaerense, diez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno en Necochea, tres en la provincia de Santa Fe, tres en la provincia de Mendoza, tres en  la provincia de Tucumán, tres en la de Salta y uno en Córdoba. En este contexto, el equipo de asistencia judicial de la UFESE realizó 1.553 colaboraciones con esas dependencias. Además, se trabajó con todos los operadores y organismos intervinientes en la materia, dependientes del Ministerio de Seguridad de La Nación, de la Provincia de Buenos Aires y demás provincias del país donde se registraron casos ; las fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales, organismos o entidades privadas como concesionarias de autopistas, secretarías de seguridad de distintos municipios, la Dirección de Escuchas de la CSJN y las Direcciones y Procuradurías del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Si bien la UFESE no cuenta con un estudio que analice las razones que influyeron en la disminución de los casos, se estima que ello se debió a “la respuesta efectiva y los resultados que se obtuvieron en la persecución penal de los hechos ocurridos en los últimos años”. “Los datos objetivos dan cuenta que tras el avance de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos cometidos por diferentes ‘bandas’ la cantidad de secuestros fue disminuyendo hasta alcanzar los niveles más bajos en los últimos años”.

El documento destaca que, en el periodo analizado, el secuestro “exprés” o de corta duración, se mantiene como la modalidad prevalente, donde la negociación suele realizarse desde el teléfono celular de la víctima activa, que permanece privada de su libertad en su propio vehículo, al que accedieron los secuestradores. Estos, que carecen de logística u organización para prolongar la captación, y eligen a sus víctimas al azar “apelan a elevados niveles de violencia verbal desde el inicio de los llamados telefónicos exigiendo el pago del rescate, a fin de amedrentar a la víctima pasiva (familiares y amigos) y lograr así el rápido pago del mismo”.

La UFESE también ha detectado la repetición de algunos casos en los que el secuestro extorsivo se vincula con otros delitos como el narcotráfico. En estos casos, existe un vínculo previo entre la víctima y sus captores; hay violencia física sobre la víctima para amedrentarla e intimidar a quienes se les exige el pago del rescate. “También se han detectado casos en los que el secuestro extorsivo estuvo vinculado a otros hechos ilícitos o circunstancias relacionadas con “ajustes de cuentas” entre bandas o delincuentes, deudas entre particulares por préstamos de dinero y también casos de corrupción institucional, donde estuvo involucrado personal policial”, destaca el documento.

De los 77 hechos registrados a nivel país, el 57% concluyó con la detención de sus perpetradores: 21 mujeres y 112 hombres. En cuanto a la edad de las personas detenidas:, cuatro de ellas tenían menos de 18 años, 56 tenían entre 18 y 30 años,  y 65 superaban ese rango etario.

El informe también consigna las modalidades de captación de las 92 víctimas involucradas (de las cuales 13 fueron mujeres y 79 hombres), el lugar donde estuvieron cautivas, el tipo de vehículo en el que circulaban, la cantidad de secuestradores involucrados en los hechos, la distancia recorrida entre el lugar de captación y liberación. También señala si se pagó rescate por la liberación de la víctima y en qué consistió.

Influencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)

La implementación de las medidas sanitarias impuestas por la pandemia del virus COVID-19 implicó un desafío para la labor de la UFESE.

Sin embargo, los obstáculos que presentó, inicialmente, la labor remota, no impidieron continuar el trabajo de la dependencia y la publicación de los informes mensuales en el plazo asumido, en el marco de la certificación de los procesos de gestión de la unidad, conforme las Normas ISO 9001:2015. También, se continuó con la capacitación y formación de las y los integrantes de la unidad, en su mayoría, a través de plataformas virtuales.

Secuestros Extorsivos cometidos desde establecimientos carcelarios y nuevos fenómenos criminales

En noviembre de 2021, y en el marco de la mesa de trabajo sobre maniobras narcocriminales efectuadas desde establecimientos carcelarios, la UFESE elaboró un informe sobre la intervención formal en casos de secuestros extorsivos que fueron planificados y/o dirigidos, y/o ejecutados, por sujetos que se encontraban recluidos en unidades carcelarias.

Así, se detectó la utilización de telefonía celular dentro de los establecimientos carcelarios federales, por parte de personas detenidas que participaban en las actividades de las organizaciones que integraban o lideraban. En este contexto, se solicitó la extracción de testimonios a fin de establecer la eventual complicidad de funcionarios penitenciarios.

También, ante nuevas modalidades para perpetrar secuestros extorsivos que trascienden las fronteras geográficas para su comisión, la UFESE gestionó, a través de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) una serie de comunicaciones con sus pares de los distintos países de la región con el objeto de desarrollar una agenda común de intercambio de experiencias y de elaboración de un diagnóstico en conjunto vinculado a cómo las nuevas tecnologías afectan el tradicional desarrollo de la investigaciones. Ello, para identificar procesos de trabajo que permitan una mayor eficiencia y eficacia en el intercambio de información en aquellos casos en que los delitos tengan un alcance transnacional.