El fiscal Carlos Adrián Martínez, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, interpuso un recurso de apelación contra la falta de mérito dictada a una mujer acusada de participar de una red internacional de trata que operaba en Mar del Plata y España. La medida había sido dictada por el juez Federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, el pasado 19 de marzo. Andrea Fabiana Ituarte, registra numerosos movimientos migratorios con España entre el 2007 y el año pasado. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que existen los indicios suficientes para considerar que está vinculada con los hechos que se le atribuyen también a su hermano, Luis German Ituarte, quien se encuentra procesado y con prisión preventiva. En la causa, la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas es coadyuvante. Para darle celeridad al trámite, el escrito redactado por la Protex fue firmado únicamente por el fiscal local.

A partir de la investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Pablo Larriera, y por el fiscal y titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de personas (PROTEX), Marcelo Colombo, pudo constatarse que el domicilio donde vivía la imputada es el mismo departamento en el que se concretaban las entrevistas con las futuras víctimas, quienes eran captadas y trasladadas a España.

De las declaraciones testimoniales de las víctimas se desprende que algunas de ellas conocían a Ituarte, tenían contacto con ella y la reconocieron como parte de la organización. Tenía pleno conocimiento de los motivos del viaje de su hermano y de la actividad que realizarían las víctimas en España. En ese contexto, para los fiscales resulta evidente que ella ocupaba un rol en cuanto a ciertos preparativos del traslado de las víctimas al realizar gestiones con la agencia de viajes utilizada para la compra de pasajes de las damnificadas y en el armado del equipaje.

Por otra parte, se pudo constatar que la imputada no registra actividad laboral o económica alguna fuera de su actuación en la agencia automotriz LYASA. S.A., dirigida junto a su hermano. Del informe proveniente del banco donde tenían la caja de seguridad compartida, se desprende que solo Andrea realizó visitas. De esta manera, queda en evidencia la estrecha relación comercial que la unía con su hermano. Ambos compartían, además, sus negocios, el giro económico de la agencia de autos, así como sus cuentas bancarias y numerosos bienes.

En ese sentido, en el dictamen de la investigación financiera y patrimonial, que derivó en una denuncia por lavado de dinero y evasión presentada por Colombo y Larriera en diciembre de 2013, se pudo comprobar un gran flujo de transacciones continuas de automóviles. Sin embargo, los movimientos no se ven reflejado en las presentaciones de los Ituarte, como sus dueños y administradores, ante los organismos tributarios nacionales y provinciales.

Para los fiscales, no se puede desconocer la importancia del aspecto económico que implica montar un emprendimiento para transportar a nueve mujeres (dos de nacionalidad paraguaya y siete argentinas) a España y facilitarles los trámites de documentación , pasaporte, pasajes, etc.

El caudal económico utilizado, sumado a la circunstancia de que compartían sus cuentas bancarias, permiten inferir que Andrea Ituarte no sólo no podía desconocer la actividad que desarrollaba su hermano, sino que participaba de la organización, invirtió dinero y pretendía obtener ganancias y beneficios.

En cuanto a la falta de conocimiento de Andrea Ituarte sostenida por el juez, los fiscales señalaron que "sostener que su conocimiento se limitaba solo a ello, y desconocía tanto la actividad que realizarían las damnificadas en España como su contexto, sería asentir ingenuamente a los dichos de la encartada sin realizar un análisis integral de las evidencias recolectadas y dejar de lado, a la hora de merituar la participación de la encartada, los testimonios brindados por las víctimas, las cuales en reiteradas oportunidades la han señalado como parte de la organización delictiva investigada, colaborando en ciertos preparativos del viaje o como intermediaria para hacerle llegar dinero a los familiares de las propias víctimas”.

Por todos estos motivos, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al juez Inchausti que conceda el recurso de apelación interpuesto y que se eleven las presentes actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de dicha ciudad.