“Las condiciones de vulnerabilidad previas a la captación suelen ser por problemas socioeconómicos, desempleo en lugar de origen, problemas familiares, familia múltiple y por lo general prevalece el engaño sobre las condiciones de la actividad”. Así, comenzó su exposición Marcos Parera, integrante del equipo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en el marco del curso “La etapa de investigación sobre trata laboral” que comenzó esta semana y se extenderá por cuatro jornadas durante todo el mes de junio.

El objetivo de la actividad es dotar a los participantes del conocimiento sobre los pasos de investigación, la hipótesis del caso y la forma de trabajo en materia de trata laboral. Está dirigido a funcionarios y empleados del MPF y se realiza en el salón Nelly Ortiz,  en Avenida de Mayo 760, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“El delito de trata de personas emerge con fuerza en el escenario internacional en  el año 2000 a partir del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de niños y mujeres, de las Naciones Unidas conocido como el Protocolo de Palermo. Y desembarca en el sistema penal argentino en 2008”, destacó Parera.

Además, explicó que el concepto de explotación cobra fundamental importancia en este delito. “Por supuesto que la trata a su vez se compone con otras acciones, como la de captar, transportar y recibir a una persona pero siempre, y esto es lo importante, la finalidad de explotación o la explotación consumada deben estar presentes”, afirmó.

“El interés social que está por detrás de la sanción de cualquier norma del delito tiene que ver con el concepto de libertad”, agregó.

La segunda parte de su exposición fue ocupada por un extenso y descriptivo informe sobre el tema, que incluye estadísticas,  realizado por el equipo de la Protex. Allí se especifica que una buena mayoría de los casos comienzan por denuncia (71,8 %) y son iniciados por organismos con fuerza de inspección laboral, como la AFIP o Ministerio de Trabajo (nacional o locales) que, tras una inspección, realizaron la correspondiente imputación penal.

En casos de denuncias, menciona el informe,  el 33,3% son realizadas por las propias víctimas, el 23,5% por organismos oficiales/provinciales, el 9,8% por parientes de las víctimas y el 7,8% anónimos. Y se mantiene la tendencia a efectuarlas a través de las fuerzas de seguridad.

Las víctimas de trata laboral suelen ser mayores de edad en un 77% de los casos y el 58% son hombres. Por regla general, aclaró Parera, “son trabajadores migrantes cuyo ranking lo encabeza la comunidad boliviana seguido, en menor medida, por ciudadanos paraguayos y peruanos”.

Por último, el docente especificó que los “rubros ofrecidos al momento de captación son los trabajos rurales, textiles y de comercio” y agregó que “a estos tres oficios hay que sumar al servicio doméstico, de la construcción y la venta ambulante como las principales actividades de explotación”.