Dos hombres y una mujer fueron detenidos el 28 de agosto pasado luego de una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Los operativos se realizaron en tres domicilios ubicados en la localidad chaqueña de Quitilipi de donde se pudieron secuestrar elementos de interés para la causa.
Los procedimientos fueron requeridos por la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, interinamente a cargo del fiscal general Carlos Amad, y ordenados por el Juzgado Federal de esa ciudad, a cargo de Miguel Aranda.
El fiscal Amad cuenta con la asistencia de la auxiliar fiscal Pamela Michlig y de la secretaria ad hoc Eliana Chávez. El Ministerio Público Fiscal se encuentra siguiendo la toma de testimonios en cámaras Gesell y produciendo otras medidas probatorias.
La investigación
La investigación tuvo inicio a partir de la denuncia formulada el 13 de julio pasado por una joven mujer oriunda de la localidad chaqueña de Quitilipi ante el Programa de Atención Integral a Víctimas de Violencias. En esa oportunidad, relató que era víctima de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual y manifestó que había otra mujer menor de edad que había escapado con ella.
Como consecuencia de la denuncia, se dio intervención a la Operadora de la Guardia de Género, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco, Gabriela Boschetti, quien dio aviso a la fiscalía.
En virtud de ello, se inició una investigación preliminar y se requirió un amplio dispositivo de investigación y tareas de inteligencia criminal, que estuvieron a cargo de la Gendarmería Nacional.
En paralelo, se dio intervención al Defensor Público Federal de la Víctima de la Provincia del Chaco, Gustavo Vargas, y a las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por el delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para entrevistar y brindar asistencia a las dos presuntas víctimas.
Asimismo, se dio intervención a la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, del Ministerio de Gobierno y Trabajo de la Provincia de Chaco, para que se le brinde a las jóvenes contención y asistencia integral (turnos médicos, asistencia psicológica, refugio o hogar, entrevistas con asistente social), como así también para insertarlas en el programa Potenciar, con el objetivo de promover su inserción laboral y escolar.
El 29 de julio la fiscalía formuló el requerimiento de instrucción por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y continua la investigación con carácter reservado.