28 de septiembre de 2022
28 de septiembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Interviene la fiscal general Gabriela Baigún
Comenzó el juicio a una mujer acusada de explotar sexualmente a cuatro personas a cambio de suministrarles estupefacientes
Tres de las víctimas son menores de edad. Los hechos habrían ocurrido desde junio de 2017 hasta junio de 2018, en un asentamiento ubicado debajo de la autopista 25 de mayo, en el barrio porteño de Constitución.

El Tribunal Oral Federal N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició ayer el juicio a una mujer acusada de captar y acoger al menos a cuatro personas, tres de ellas menores de edad, para explotarlas sexualmente a cambio de suministrarles estupefacientes.

Susana Aragón, que llegó a esta instancia con prisión preventiva, deberá responder como coautora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por concurrir situaciones de vulnerabilidad, existir más de tres víctimas, por haberse consumado la explotación y por tratarse de víctimas menores de edad, en concurso ideal con el delito de suministro oneroso de estupefacientes.

Los hechos habrían ocurrido desde junio de 2017 hasta junio de 2018 en un asentamiento ubicado debajo de la autopista 25 de mayo, en el barrio porteño de Constitución. Para ello, la imputada se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas que se encontraban en situación de calle y con problemas de adicción a las drogas.

En la audiencia de ayer se leyó el requerimiento de elevación a juicio y se reprodujo la declaración de la imputada en la etapa de instrucción. El tribunal dispuso que el juicio se lleve a cabo sin público para reservar la identidad de las víctimas. En el debate, que se reanudará el 17 de noviembre, interviene la fiscal general Gabriela Baigún.

Origen de la investigación

La causa se inició el 31 de julio de 2018, en virtud de una denuncia formulada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, como consecuencia de las conclusiones arribadas en una investigación preliminar. A su vez, se ponderaron los testimonios y presentaciones realizadas a partir del 21 de diciembre de 2017 por parte de profesionales del Consejo de los Derechos del Niño y Adolescencia, del Programa Puentes Escolares del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e integrantes de Trabajadoras y Trabajadores de la rama del cuidado de la Confederación de Trabajadores de Economía Popular (CTEP). De tal forma, se denunció una posible situación de explotación sexual y comercio de estupefacientes que habría sucedido en el asentamiento denominado “ranchada”, ubicado, en una primera oportunidad, debajo de la autopista 25 de mayo.

Los hechos habrían ocurrido desde junio de 2017 hasta junio de 2018 en un asentamiento ubicado debajo de la autopista 25 de mayo, en el barrio porteño de Constitución, en un lugar denominado "ranchada".

A partir del trabajo que realizaban con personas en situación de calle, las profesionales pudieron brindar precisiones sobre la “ranchada”, su funcionamiento y el rol que cumplían cada uno de los integrantes. Sobre este último punto, mencionaron que, si bien el número de personas que constituían la “ranchada” era indeterminado, allí residía una familia encabezada por Susana Mercedes Aragón y sus hijos mayores de edad que tenían graves problemas de adicción al consumo de drogas. También agregaron que sus hijos se prostituían desde muy pequeños.

A su vez, destacaron la situación de las hermanas IR y AR de 18 y 16 años respectivamente, “quienes fueron sometidas a una situación de prostitución y explotación”, y que, actualmente, “se encuentran siendo víctimas de ello”; AP, de 20 años y ED, de 14. También mencionaron que AP, tras una recaída en su adicción a las drogas, se encontraba en la “ranchada” asumiendo un rol protagónico y que, por su belleza, Susana se aprovechaba y la impulsaba a prostituirse con el objeto de obtener dinero para poder comprar droga y sostener la organización del asentamiento.

Finalmente, denunciaron que la “ranchada” captaba a distintas personas en situación de calle, como el caso de ED, quien dejó de concurrir al programa de Puentes Escolares.

Tiempo después, en marzo de 2018, la PROTEX fue informada que el asentamiento se había trasladado sobre la calle 24 de noviembre, entre Cochabamba y Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según explicita el requerimiento de elevación a juicio, firmado por el fiscal Federico Delgado, a modo de conclusión,  “la ‘ranchada’ es un asentamiento en donde conviven y se relacionan tanto hombres como mujeres de distintas edades. Muchos de ellos en situación de calle, otros en situación de abandono por parte de sus familias, otros con adicciones a las drogas y al alcohol, algunos menores de edad y otros no. En otras palabras, para muchos de ellos, la ‘ranchada’ significó un lugar de pertenencia e identificación. Tal es así que tanto IR, AR, AP, como ED –que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad (...) veían a Susana Mercedes Aragón como una referencia”.