La Fiscalía Federal de Primera Instancia de Villa María solicitó el 31 de marzo la coadyuvancia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en un caso de trata de personas para explotación sexual. La fiscal subrogante María Virginia Miguel Carmona apeló la decisión del juez Roque Rebak de sobreseer al abogado Marcelo José Martín Silvano, dueño de uno de los estudios más importantes de la ciudad, quien habría sido el responsable de hacerle firmar a las víctimas una serie de contratos de locación, para pretender desvincular a la principal imputada. La representante del Ministerio Público fundó su solicitud ante la Cámara en los testimonios ante las psicólogas y una serie de escuchas telefónicas.

La causa se inició el 23 de julio de 2013, cuando el la fiscal recibió un llamado anónimo en el que una voz femenina denunció que estaba en situación de prostitución en la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba. Además, brindó detalles de la ubicación del lugar donde ejercía la prostitución y los nombres de “la pareja de gente grande que se queda con el dinero de las chicas”, que el matrimonio también tenía “dos chicas santafesinas ‘trabajando’ para ellos en la calle”, y que los pases se realizaban adentro de la casa. “Se quedan con el 50% y nos descuentan la comida y el uso del lugar”, agregó.

Ese mismo día, la Fiscalía recibió un parte informativo de la delegación local de la Policía Federal que comunicaba el inicio de una investigación que se desprendía de otro llamado anónimo atendido en la dependencia. La comunicación detalló que “las mujeres para realizar los pases utilizaban casas ubicadas sobre la ‘ruta pesada’ y que varias de ellas son traídas de la Provincia de Santa Fe por un ‘fiolo’ que se moviliza en un vehículo blanco importado y que tenía el dato de que varias whiskerías de la zona se encontraban funcionando”.

El 3 de agosto de 2013, el juez Federal Roque Rebak ordenó un allanamiento en el que se detuvo a Jorge Santiago Bassi y se identificó la presencia de dos mujeres santafecinas en situación de explotación sexual.

En la vivienda se secuestraron celulares, dinero, agendas, anotaciones, un revolver calibre 32 con seis balas y otros 50 cartuchos. En una de las habitaciones, los investigadores encontraron una caja de preservativos, geles íntimos, folletos explicativos de uso y un paquete de nylon que contenía cocaína. La fiscal Carmona solicitó entonces la detención de Ana María Sequeira y Jorge Santiago Bassi, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

El 11 de septiembre del año pasado, las víctimas declararon en la cámara Gessell del Poder Judicial cordobés. Una de ellas le relató a la psicóloga que el abogado Marcelo José Martín Silvano les hizo firmar contratos de locación individuales y que una persona del estudio jurídico era la responsable de los cobros. Además, agregó que no les entregaban copia del documento.

Del informe y las testimoniales, se desprende que la intención del letrado era mantener impune el hecho que se estaba cometiendo, a cambio de una suma de dinero. El 15 de noviembre de 2013, la fiscal Virginia Miguel Carmona solicitó el procesamiento de los dos imputados y la declaración indagatoria de Silvano, quien era el responsable de hacer firmar a las dos víctimas los contratos de alquiler del inmueble. Los documentos habrían sido confeccionados individualmente para cada una de las víctimas. Los 1500 pesos por quincena que las chicas debían pagar eran producto de la situación de explotación a la que eran sometidas por parte de Bassi y Sequeira.

En noviembre, el juez Rebak declaró la nulidad de la acción penal promovida contra el abogado y dictó el sobreseimiento, a sólo dos días de haberle recibido declaración indagatoria. En su resolución, el magistrado indicó que los testimonios registrados en la cámara Gessell no habían sido incorporados al expediente. En realidad, Rebak decidió no esperar a que se le envíen los archivos y aceleró la decisión que favoreció al imputado. Finalmente, el CD con el material llegó al juzgado, cuando el abogado había logrado esquivar la investigación.

Entonces, el 2 de diciembre de 2013 Carmona interpuso un recurso de apelación para revocar la decisión de Rebak. En sus fundamentos, la representante del Ministerio Público Fiscal expresó que la Fiscalía omitió hacer alusión a los supuestos contratos como parte de prueba contra el imputado pero esto no consistió en una omisión “antojadiza”, sino que tuvo su fundamento en que precisamente las víctimas manifestaron que nunca se les entregó una copia y que nunca se allanó el estudio de Silvano para intentar encontrarlos. La sospecha que pesa sobre el conocido abogado radica en estructurar un marco legal en beneficio de los ahora imputados para pretender desincriminarlos de la actividad de explotación sexual a la que sometían a las víctimas.