El caso involucra a la whisquería El Quincho, que funcionaba en las afueras de la localidad de Cruz Alta, departamento de Marcos Juarez en Córdoba, que fue allanado en el año 2009, luego de que el padre de una joven de Paraguay radicara una denuncia ante la justicia. De acuerdo a las declaraciones de un testigo de identidad reservada, el prostíbulo explotaba sexualmente a 15 mujeres, y dos de ellas eran de nacionalidad paraguaya.

Cuatro años después, el fiscal federal Maximiliano Hairdabedian elevó a juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº2 de Córdoba a Oscar Desabato, dueño de la whiskería, y a la ciudadana paraguaya Alicia Concepción Vargas Leulián, ambos imputados como coautores del delito de trata de personas.

A la mujer se la acusa de captar a dos chicas paraguayas de 18 y 19 años y trasladarlas a El Quincho de Desábato, quien, además de financiar el viaje, las habría explotado sexualmente.

De acuerdo a la investigación, se pudo conocer que las jóvenes fueron llevadas desde Encarnación, en Paraguay, a Posadas, y de allí a Rosario en un colectivo de la empresa Crucero del Norte. Ya en Rosario, las chicas abordaron otro micro que las dejó en Cruz Alta, donde eran esperadas por un remisero que las llevó hasta El Quincho.

Una testigo recalcó que las víctimas fueron engañadas porque les dijeron que serían coperas, pero de inmediato se las explotó sexualmente. A propósito, es importante recordar que el delito de trata no acepta la figura del “consentimiento” de la víctima para exculpar al victimario.

La investigación pendiente

El año pasado se dio a conocer la existencia una denuncia radicada en la fiscalía federal de Bell Ville donde se relacionaba a Oscar Desábato, dueño del prostíbulo, con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Passerini.

En este sentido, el fiscal Hairdabedian mandó a pedir el expediente a Bell Ville para estudiar si corresponde sumar aquellas declaraciones que involucran a Passerini, con el objetivo de develar la complicidad del poder político con la red de trata.

Asimismo, la Procuraduría de Trata del Ministerio Público Fiscal a cargo de Marcelo Colombo, trabaja en la investigación del caso a los fines de poder analizar las posibles connivencias de funcionarios públicos en esta causa.