El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes condenó ayer a 10 años de prisión a un hombre al que consideró autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, los jueces Fermín Ceroleni y Víctor Alonso y la jueza Lucrecia Rojas de Badaro ordenaron el decomiso de un vehículo con el cual trasladaba a las víctimas y que el dinero secuestrado le sea otorgado a ellas. También ordenaron que se comunique el fallo al Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID). El 24 de abril se conocerán los fundamentos de la sentencia.

En el juicio, que comenzó el 26 de marzo, intervino el fiscal Carlos Schaefer. El representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado en su alegato que al acusado se le impongan 12 años de prisión. En tanto que la instrucción de la causa había estado a cargo del fiscal Flavio Ferrini, quien contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

La investigación

La causa se inició el 21 de septiembre de 2016 cuando, a través de intervenciones telefónicas, se pudo dar cuenta de que Ramón Argentino González se dedicaba al traslado de mujeres en situación de vulnerabilidad desde la ciudad correntina de Paso de la Patria hasta distintas localidades de la provincia con la finalidad de “brindar servicios sexuales” para turistas. Las víctimas asistían a fiestas “VIP” y luego los denominados “pases” se llevaban a cabo en distintos hoteles de la zona. El imputado las esperaba en la puerta de los alojamientos y luego las trasladaba hasta sus domicilios.

A través de la investigación, se estableció que González captaba a las víctimas, inclusive menores de edad, mediante mensajes de la aplicación Whatsapp o llamadas telefónicas que recibía su mujer: les solicitaba que les envíen sus fotos, para de esa forma ofrecer a los potenciales clientes el servicio sexual. Luego se realizaban los traslados con la colaboración de un chofer.

Las mujeres indicaron que los “pases” tenían un costo de entre 1700 y 2000 pesos y que de tal importe González se quedaba casi con el 50%. También refirieron que, luego del allanamiento y antes de las entrevistas realizadas por los especialistas, fueron contactadas por personas vinculadas al ahora condenado, con el objeto de que declararan en su favor.

A raíz de la declaración de las víctimas se logró saber que cuatro de ellas se iniciaron en el circuito prostituyente por González y que él era quien las llamaba cualquier día de la semana, en cualquier momento. Las escuchas grafican cómo González cosificaba a las mujeres reduciéndolas a un objeto comercializable al explotarlas sexualmente. Por ello, al momento de dictar sentencia, el Tribunal tuvo en cuenta el contexto de violencia de género hacia las víctimas, tal como fuera solicitado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.