La jueza federal subrogante Elizabeth Pozzer Penzo, en línea con lo solicitado por el fiscal Aníbal Martínez en coadyudancia con  la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), ordenó el llamado a indagatoria de 26 personas -entre quienes figura el ex fiscal federal de la localidad de Paso de Los Libres Benito Pont- acusadas de integrar tres bandas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual. Los imputados habrían explotado al menos a 38 mujeres en situación de vulnerabilidad en diferentes locales nocturnos.

Además, la magistrada les impuso la prohibición de salida del país y ordenó embargar los locales donde se habrían llevado a cabo los hechos denunciados, esto es,  los prostíbulos "Roxi", también llamado "Puro Movimiento", y "Balizas", conocido también como “Dancing" o "Tropical Pub", “kilómetro de Oro” y el "Hotel Momentos", donde se concretarían los pases concertados en el local “Roxi”. Todos los locales se encuentran ubicados en la Ruta 117, entre los kilómetros 5 y 8,5, de esa localidad correntina.

Finalmente, también ordenó la inhibición general de bienes de todos los imputados salvo de las dos personas que ya fueron procesadas, en junio de este año.

Prostíbulos blindados

De acuerdo a la pesquisa, el rol del ex fiscal, que renunció cuando la investigación trascendió en los medios de comunicación, fue clave para el funcionamiento de las bandas. Está acusado de prestar colaboración en la trata y explotación de al menos 12 mujeres identificadas en la causa, ya que retardó deliberadamente las investigaciones que tenía bajo su instrucción y en las que estaban denunciados varios de los mencionados prostíbulos. A pesar de tener una gran cantidad de pruebas, el fiscal investigó deficientemente para evitar así avanzar sobre los verdaderos responsables de la red y, finalmente, se declaró incompetente para que las causas fueran enviadas a la justicia provincial.

Como entre los imputados se encuentran altos funcionarios de la justicia federal y de las fuerzas de seguridad, esto les permitió a los miembros de la organización anticiparse a distintos allanamientos y obtener aún un mayor “blindaje” para el desarrollo del delito.

El resto de los acusados son: Ricardo Aguirre, uno de los líderes de una de las tres organizaciones criminales que explotaba el prostíbulo “Roxi” y el “Hotel Momentos”. El hombre, a través de la influencia que tenía sobre su amigo magistrado y ex socio comercial, se aseguraba la protección judicial; José María Viero, un gendarme de alto rango, cuñado de Pont y dueño del hotel Momentos, sabiendo que éste resultaba objeto de litigio en el marco de una investigación por lavado de dinero ; María Clelia Ramona Espada, también ex socia comercial del ex fiscal, cumplió el rol de encargada del hotel y quien se beneficiaba económicamente de la actividad ilícita que allí se realizaba; dos abogados que habrían desarrollado acciones en pos de la protección de los líderes de las bandas así como de aleccionar a las víctimas en su testimonio en la causa penal y de engañarlas para que creyeran que podrían estar implicadas como imputadas en la investigación penal, ocultándoles su condición de víctimas y otras personas que cumplieron los roles de encargados en los diferentes locales.

Tres bandas

Los 26 imputados habrían formado parte de tres grupos diferentes que actuaron de manera conjunta y coordinada en diferentes locales. Por un lado, el primero estaría conformado por 18 acusados de trata de personas, entre ellos el ex fiscal, y posiblemente más personas que aún no fueron identificadas.  Habrían explotado al menos 12 mujeres en situación de vulnerabilidad en los locales “Roxi” o “Puro movimiento” y “Hotel Momentos”. Los hechos habrían ocurrido al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero de este año,  fecha de la primera clausura. Sin embargo, al poco tiempo el local volvió a funcionar, primero hasta el 27 de marzo y nuevamente hasta el 16 de mayo.

La segunda banda habría estado integrada por cinco imputados y presumiblemente otras personas que aún no han sido identificadas. Todos ellos habrían formado parte de una organización criminal destinada a la captación y traslado con fines de explotación sexual de al menos 19 mujeres en situación de vulnerabilidad  en el local denominado “Balizas” o “Dancing” o “Tropical Pub”, al menos desde el 18 de enero de 2010, día en que se realizaron los allanamientos, y luego desde una fecha incierta posterior al procedimiento hasta el 16 de mayo de 2016.

Finalmente, la tercera banda estaría integrada por tres imputados y otras personas que hasta el momento no fueron identificadas. Todos ellos habrían acogido para luego explotar sexualmente al menos a ocho mujeres en situación de vulnerabilidad en un local nocturno denominado “Kilómetro de Oro”.

A lo largo de sus declaraciones, las víctimas, oriundas de diferentes provincias, detallaron que fueron amenazadas, amedrentadas y que sufrieron  abusos físicos y psicológicos por parte de los imputados. Por otro lado, los acusados habrían impuesto la modalidad de “endeudamiento” para generarle a las víctimas una situación de sometimiento aún mayor.

La investigación

La denuncia se formuló de manera anónima a través de la línea 145, con la que Protex dio comienzo a una investigación preliminar. Después de ordenar tareas investigativas a Gendarmería Nacional y realizar otras medidas que corroboraron la existencia y el funcionamiento de los locales como lugar de explotación, se formuló la denuncia ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que ordenó las medidas urgentes requeridas por la Procuraduría, entre las que se encontraban el allanamiento y clausura de los lugares.

Durante la investigación, la Procuraduría especializada advirtió que dos de los locales denunciados, el prostíbulo “Puro Movimiento” y el hotel "Momentos", habían sido decomisado en mayo de 2013 por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, en el marco de un juicio por lavado de activos de origen delictivo. En esa oportunidad, se dictó una sentencia condenatoria contra siete imputados. Sin embargo, ese decomiso no había sido efectivizado y los lugares continuaban funcionando como prostíbulos.

A la investigación impulsada por la Protex, se acumuló una de las causas en la que Pont había intervenido como único fiscal de la jurisdicción y había desviado. En esa oportunidad, una fuerza de seguridad le elevó informes conclusivos y contundentes respecto de la actividad ilícita que allí se producía. Sin embargo, la Fiscalía Federal a su cargo se declaró incompetente para intervenir, descartando en dicha investigación la hipótesis criminal más gravosa como la trata de personas, aún teniendo evidencias claras de que ese delito se llevaba a cabo en los prostíbulos “Roxi”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”.

Por otra parte, durante la investigación, la Protex y el fiscal general Carlos Schaefer formularon una nueva denuncia contra el entonces fiscal Pont que dio origen a otra causa, que aún se encuentra en trámite. En ese momento, un integrante de alto rango de la Policía de Seguridad Aeroportuaria prestó una declaración testimonial en la que manifestó que Pont, en su calidad de fiscal, amedrentó a oficiales de esa fuerza para que abandonaran una línea de investigación que estaban llevando adelante por los delitos de lavado de dinero y contrabando y para que, más concretamente, excluyeran a “su amigo Aguirre” de esa investigación.

Específicamente, la víctima del amedrentamiento y miembro del grupo de investigaciones a su cargo manifestó: “Che, me agarró Benito Pont, me encerró en su oficina y me pegó una apretada bárbara. Y me dijo que no jodamos con la causa de Aguirre, que es amigo mío. Métanse ustedes con los avioncitos en el aeropuerto”.

Paralelamente también se encuentra en trámite la investigación patrimonial de los imputados.