El Tribunal Oral Federal de Corrientes realizará este viernes la audiencia preliminar para preparar el juicio por la desaparición del niño Loan D. P., ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje Agarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio. Se estima que, posteriormente a esta audiencia, se fije la fecha de inicio del debate donde se ventilarán las dos causas en las que se investigó a 17 personas por la sustracción, ocultamiento y posibles maniobras posteriores a la desaparición del niño de 6 años. En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer, la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

El tribunal está conformado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco, al tiempo que se designó a su colega Enrique Jorge Bosch, como juez sustituto.

Luego de la audiencia del viernes, que se realizará de forma virtual y se transmitirá a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación (en el link: https://www.youtube.com/watch?v=J3zAo1Fq0_I ), los magistrados resolverán sobre la admisibilidad de la prueba y los testigos presentados por el Ministerio Público, la querella que representa a los padres del niño, las defensas y fijarán la fecha de inicio en que se comenzara a desarrollar el debate. Cabe destacar que la fiscalía había propuesto más de 700 testigos, pero, recientemente, postuló la asistencia al juicio de 161 y la incorporación por lectura, o reserva, de los restantes.

Por otra parte, y en miras a la futura celebración del debate, y dada “la complejidad de la causa y gravedad del delito investigado, donde al día de la fecha la víctima —un niño de 5 años— se encuentra desaparecido”, el 2 de enero pasado, el fiscal general Schaefer —quien también se desempeña como fiscal general con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito Corrientes— resolvió que la fiscal general subrogante Pourcel y los auxiliares fiscales María Soledad Branchi, Nancy Verónica Vargas García, María Emilia Sánchez Lafuente, Juan Martín Mariño Fages y Gabriel Romero Olivello intervengan en el debate, en representación del Ministerio Público Fiscal.

Los imputados

En el debate se tratarán dos causas —que se acumularon— donde se investigaron las circunstancias en las que desapareció Loan, el 13 de junio de 2024. El niño fue visto por última vez, cuando se dirigía a un naranjal junto a un grupo de adultos y otros niños, con los que había compartido un almuerzo en casa de su abuela, en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Desde entonces se realizaron múltiples medidas de investigación: se recibieron declaraciones testimoniales, se practicaron peritajes, se analizaron dispositivos electrónicos, se produjeron informes patrimoniales, se concretaron pedidos de colaboración internacional y se rastrillaron distintas zonas, pero el niño nunca fue hallado.

El primer grupo de imputados, por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan D.P., en calidad de coautores, lo integran Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía de la víctima), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y el comisario Walter Adrián Maciel, como partícipe necesario. El delito que se les endilga, contemplado en el artículo 146 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión.

Inicialmente, todo ellos fueron investigados en la causa que tramitó ante la justicia provincial y que luego fue remitida al Juzgado Federal de Goya, con intervención del fiscal Mariano de Guzmán y la PROTEX.

En ese requerimiento de elevación a juicio, los representantes del MPF sostuvieron su convencimiento de que el niño no se extravió y que los siete principales imputados intervinieron de manera coordinada en su sustracción y posterior ocultamiento.

La segunda causa se inició en la justicia federal respecto de Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. Estas personas llegaron a la localidad correntina como integrantes -aunque luego se determinó que no lo eran- de una asociación contra la violencia infantil y mantuvieron contacto con testigos e imputados.

Oportunamente, la fiscalía federal consideró que habrían incurrido en una serie de maniobras para desviar la investigación. En virtud de ello, les imputó los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales.