De acuerdo a los cambios incluidos, la nueva ley 26.842 que entro en vigencia en enero de 2013, entiende por trata de personas “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas:

• Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad;
• Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
• Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos;
• Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido;
• Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho; 
• Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos”.

Asimismo, la ley postula que "el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores".

La Procuraduría para el combate de la Trata y Explotación de Personas elaboró un documento para ser distribuido entre las fiscalías, donde se comparan ambas leyes y se destaca los cambios incluidos.