Las 16 personas acusadas de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual que funcionaba en cinco prostíbulos ubicados en la localidad bonaerense de San Miguel irán a juicio oral. Entre los imputados, hay tres policías, que habrían brindado protección en los locales a cambio de una suma de dinero, y la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina seccional Capital (Ammar), que habría obligado a las víctimas, argentinas y extranjeras, afiliarse al gremio a cambio de una “cuota” mensual para darle una fachada de “legalidad” al funcionamiento y dinámica de la banda.

Los imputados habrían explotado a las víctimas al menos desde el 29 de abril de 2013 hasta el 10 de septiembre de ese mismo año reteniéndoles el 50% del valor de los “pases”. Asimismo, abusando de la situación de vulnerabilidad, las habrían sometido a maltratos físicos, psicológicos, y a las exigencias de la no utilización de preservativos a fin de “promocionar el lugar”. También, las exponían a jornadas de hasta 36 horas sin descanso y les descontaban por llegar tarde o ausentarse.

La mayoría de ellas habrían sido rotadas entre los distintos prostíbulos y esos traslados habrían sido gestionados por personal de seguridad que contrataría remises con tales fines.

El 11 de octubre de 2013, el juez Ariel Lijo dictó el procesamiento de casi todos los imputados y en diciembre de 2013 fueron confirmados por la Cámara Federal de Capital. Luego, en diciembre de ese mismo año, ordenó el último procesamiento que en septiembre de 2014 fue confirmado por la Cámara de San Martín.

La solicitud de requerimiento a juicio lleva la firma de la fiscalía federal de Tres de febrero, a cargo de Paulo Starc, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de Marcelo Colombo.

Los hechos

En septiembre de 2013, fueron allanados cinco prostíbulos privados, ubicados en la localidad bonaerense de San Miguel. En esa oportunidad, 20 mujeres en situación de vulnerabilidad fueron rescatadas. Las víctimas habrían sido explotadas al menos desde el 29 de abril de 2013 hasta el 10 de septiembre de ese mismo año.

Los cinco domicilios estaban ubicados en Alem 1616, Malnatti 1540, Balbín (ex Mitre) 1878, Paunero 1868, Roca 1269, todos ubicados en la misma localidad.

Cómo funcionaba la banda

Las personas que deberán sentarse en el banquillo de los acusados son:

Un hombre y una mujer que serían los responsables de tres de los cinco locales privados allanados (los ubicados en las calles Balbín, Além y Malnatti). A su vez, los imputados habrían ejercido influencia en los otros dos locales, al rotar a las víctimas de un lugar al otro.

Según la declaración de una de ellas, la mujer “hacía trabajar a mujeres embarazadas, indocumentadas. El año pasado, tenía menores. Dicen que las hace trabajar con documentos truchos, pero no sé quién se los daba”.

Otra mujer responsable del privado ubicado en la calle Mitre que también se encargaría de entrevistar a las víctimas y de recaudar lo producido diariamente. Asimismo, efectuaría los pagos al final del día, reteniéndoles el 50%.

También, está imputada otra joven que sería la responsable del prostíbulo ubicado en la calle Roca, quien habría sido la encargada de recibir a las víctimas que allí fueron explotadas. Una de ellas, detalló que la mujer “manejaba varios prostíbulos y ella cobraba los pases. Ella estaba adelante y nosotras en la cocina tomando mate. Nos llamaba para hacer la presentación y después nos volvíamos a la cocina”.

Otro de los acusados son un hombre, que habría sido el responsable del privado ubicado en la calle Roca y quien recibiría a los clientes para presentarlos con las víctimas de explotación sexual, y una mujer, que sería la encargada del privado ubicado en la calle Malnatti. “Ella siempre estaba en Malnatti aunque solía ir a los demás lugares para chequear si había o no chicas, con el fin de reubicarlas”, declaró una de las víctimas.

Por otro lado, tres hombres que se habrían encargado de la seguridad de los locales nocturnos también deberán dar explicaciones sobre las funciones que cumplían dentro de la red. Uno de ellos, está acusado de despertar a las víctimas cuando estaban descansando para que atendieran a los clientes.

A su vez, tres policías, dos en funciones en ese momento, de la comisaría 1° de San Miguel, y un tercero retirado, también están imputados en la causa. Están acusados de ser el enlace entre los dueños de los locales y el personal de policial. Se habrían encargado de asesorarlos y resguardarlos a cambio de una suma de dinero que se repartía entre ellos.

Asimismo, la última procesada es una mujer identificada como la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina seccional Capital (Ammar), no con la verdadera finalidad de preservar los derechos de las trabajadoras sexuales como lo hace esa institución sino para beneficiarse económicamente utilizándola como “pantalla”, para simular el ejercicio libre de prostitución.

Finalmente, tres hombres vinculados a las tareas de publicidad, a través de la distribución de volantes en la calle, albañilería y recepción, también deberán sentarse en el banquillo de los acusados.