El miércoles, en el marco del juicio que se le sigue a una banda acusada de regentear dos conocidos prostíbulos de la capital tucumana, una de las víctimas detalló a través de cámara Gesell los padecimientos y maltratos recibidos durante su cautiverio en manos de los imputados. En este sentido, la víctima aseguró que los proxenetas las hacían trabajar aún estando enfermas o durante su período menstrual. Además, brindó detalles de cómo fue captada por otra joven en situación de vulnerabilidad que también se encontraba en el "Bar California". Finalmente, indicó que debían abonar un alquiler al local, trabajasen o no en el mismo.

Durante la audiencia también declaró María Paulina Maldonado, representante de la Fundación María de los Ángeles que preside Susana Trimarco y que es querellante en la causa. También hicieron lo propio dos testigos del procedimiento, al tiempo que se realizó la incorporación por lectura de la prueba instrumental y documental.

En el debate interviene el fiscal Pablo Camuña con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), cuyo titular, Marcelo Colombo, estuvo presente en la última audiencia. También colabora la delegación Tucumán de la Procuraduría especializada. El miércoles próximo se realizarán los alegatos.

La investigación se había iniciado tras una denuncia realizada por la ONG encabezada por Susana Trimarco ante la justicia federal de Tucumán en abril de 2013. El 13 de septiembre, se realizaron los allanamientos en ambos prostíbulos, donde se secuestraron importantes sumas de dinero, preservativos, cartuchos de balas calibre .16, .28 y .125 y dos municiones 1125 mm. El 8 de octubre de 2013, los siete imputados fueron procesados con prisión preventiva y en diciembre de 2014, el fiscal federal Carlos Alfredo Brito solicitó la elevación a juicio.

Cómo funcionaba la organización

La banda habría estado encabezada por un hombre y una mujer que serían pareja. Ella habría sido la encargada de la explotación “comercial” y de la captación, traslado y acogida de mujeres en situación de vulnerabilidad. Por su parte, el hombre era quien le habría dado las instrucciones sobre cómo proceder en la administración. En la resolución, el juez dio por probado que era el encargado de “resolver” de manera violenta algunos conflictos y habría promovido y facilitado esos tres pasos descriptos por la la ley para poder encuadrar la explotación en "trata de personas".

Las mujeres debían realizar jornadas de 11 horas por día en condiciones insalubres y, tanto ellas como sus familias, habrían sufrido violencia física, amenazas e intimidaciones, incluso con armas de fuego.

La banda habría contado con la colaboración de otras cinco personas que cumplían tareas como la administración del dinero, participación en los mecanismos de captación de mujeres y del control sobre ellas. Uno de ellos sería, además, un hombre con salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, quien habría cumplido el rol de seguridad interna y externa, y de amedrentar a las victimas, ya sea por no cumplir los pagos o por resistirse a las órdenes de la proxeneta. Asimismo, una de las mujeres rescatadas lo identificó como el encargado de facilitar las drogas.

Según la investigación la organización criminal había implementado un sistema de multas y de rotación entre el "Bar California”, el “Night Club” y otros prostíbulos ubicados en las provincias de Catamarca y La Rioja.

En su declaración, una de las víctimas aseguró que tuvo que realizar “pases” hasta los ocho meses de embarazo e incluso mientras se encontraba enferma. También relató que tenían una suerte de “discurso” armado para que declarasen luego de los procedimientos judiciales, que consistía en decir que “trabajaban por su cuenta”, que las hacían pasar como encargadas y que, como castigo extremo, las mantenían encerradas en una de las habitaciones.