La fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y codirectora de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializado en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), Alejandra Mángano, disertó en el panel “Trabajo en Red”, en el marco del "Foro Resiliencia y Resistencia a la Trata de personas: prioridades clave para Latinoamérica" que se realizó entre los días 21 y 23 de septiembre, de modo virtual a través de la plataforma Zoom.

En la jornada del jueves también participaron la Ministra de la Presidencia de Costa Rica, Geannina Dinarte; el jefe de Incidencia y Alianzas del Servicio de Derechos y Principios Fundamentales del Trabajo de la OIT, Secretaría de la Alianza 8.7., Thomas Wissing; el oficial de Comunicaciones, Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje, Delta 8.7, del Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas, Ben Harris; y la responsable del Programa para América Latina en Secretariado Internacional de Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW), Emilia Cebrián.

La exposición de Mángano se centró en el impacto de la pandemia en el delito de trata y explotación de personas y el trabajo en conjunto que viene realizando la REDTRAM. En tal sentido, la fiscal señaló que "en los últimos años venimos trabajando en tres ejes: en los distintos tipos de corrupción asociados al delito de la trata de personas, en la existencia de flujos migratorios mixtos que afectan o que pueden ser faciltadores de este delito y en la promoción de tipos de investigación conjunta. Una forma de trabajo superadora que implica que la cooperación entre Estados para que interactúen sin restricciones formales”.

“En el ultimo año y medio, a raíz de la panademia, los fiscales nos pusimos en contacto para evaluar cambios en tres ejes fundamentales: de qué manera la Covid- 19 pudo incidir en la modificación de las modalidades delictivas y de qué manera modificó o alteró las posibilidades de investigación del delito; las posibilidades de identificar víctimas en este contexto; y de qué manera se exacerbaron las situaciones y condiciones de vulnerabilidad, sobre todo la socioeconómica, y qué dificultades se advirtieron en la atención a las víctimas”, destacó la cotitular de la PROTEX.

La representante del MPF resaltó una mayor presencia de las redes sociales a la hora se llevar adelante las fases de captación y explotación, propias de este tipo de delito, y sugirió desarrollar estrategias que pongan el foco en este punto.

También se refirió al agravamiento de las condiciones de explotación. En cuanto a la trata sexual, aseguró que muchos servicios sexuales se prestaron en domicilios particulares y en lo que a trata laboral se refiere, en muchos casos, se vio una suspensión de alimentación a las personas explotados por parte de los tratantes. “El faltante de movilidad y el cierre de las fronteras en varios países implicó una mayor dificultad para que las víctimas puedan irse del lugar de explotación”, aseguró Mángano.

La fiscal también mencionó que el aislamiento trajo como consecuencia la suspensión o reducción de los controles laborales y dificultades a la hora de realizar repatriaciones en un contexto de cierre de fronteras. “El trabajo de la red fue fundamental para acelerar los tiempos y para poder estar en contacto directo con los fiscales de los respectivos casos”, afirmó.

Por otra parte, Mángano rescató algunos aspectos que vinieron aparejados con la pandemia: los juicios virtuales y la implementación del diálogo directo entre las autoridades judiciales de distintos países. En ese sentido sostuvo que “los juicios virtuales son una práctica que deberíamos conservar porque contribuye a un correcto tratamiento de las victimas. Esto podría implicar no someterlas a una sala de juicio, un lugar en el que, por lo general, hay muchas personas y por ende a muchas víctimas se les hace muy difícil prestar testimonio”.

Finalmente, la fiscal resaltó la importancia de tener en cuenta un desafío hacia el futuro: de qué manera implementar el trabajo de un equipo conjunto de fiscales, de distintos países, en aquellos casos en los que es necesario brindar servicios urgentes a las víctimas.

En ese sentido, consideró que "en casos complejos, la demora para identificar a los autores es una demora que muchas veces se hace incompatible con la necesidad de dar respuestas inmediatas a las víctimas y generar las estrategias de acompañamiento. Debemos pensar de qué manera la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil podrían integrar esos equipos conjuntos de investigación. Esto requiere de alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil de los distintos países de la región para lograr la representación en estos equipos conjuntos”.