La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, participó el viernes pasado de un seminario para el abordaje de esos delitos en el ámbito rural, convocado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. La actividad se desarrolló en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) y contó con la intervención de especialistas judiciales, de organismos internacionales y de la Academia de Ciencias del Vaticano, y estuvo orientada a mejorar capacitaciones, detección temprana, inspecciones y sentencias judiciales.

Durante el encuentro también se enfatizó la necesidad de articulación mancomunada entre los distintos sectores del Estado -incluido el Poder Judicial- la sociedad civil y los sindicatos frente a este fenómeno criminal, y en la importancia que tiene el impulso de la reparación a las víctimas, incluso con la incautación ad referéndum de bienes secuestrados y la clarificación de los indicios de explotación.

Entre otros y otras representantes de la socidad civil y del Estado, estuvieron presentes la fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri; el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera; el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco; el secretario general de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de la Secretaría de Protección de la Niñez de la CGT, Alejandro Salcedo; el juez federal y vicepresidente de la Asociación de Jueces Federales, Santiago Inchausti; la jefa de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM), Gabriela Fernández; el representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina, Gustavo Ponce; y monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano.

Durante su exposición, el fiscal de la PROTEX, Marcelo Colombo, aseguró que la sanción de la Ley de Trata planteó una discusión “puertas adentro de los tribunales” sobre “cuándo estamos en condiciones de afirmar que hay una situación de trata, cuándo hay una situación de trabajo forzoso con reducción a la servidumbre y cuándo hay una relación laboral abusiva o irregularidades en la relación laboral”.

El fiscal Colombo y la fiscal Mazzaferri se refirieron a la necesidad de agudizar la mirada para la detección de un caso de trata laboral a diferencia de una relación laboral abusiva o de irregularidades en una relación laboral.

Luego, detalló que el tiempo de trabajo, la paga y las condiciones de contexto bajo las cuales se realizan la actividad es lo que los y las fiscales deben tener en cuenta a la hora de plantearle al juez que existe un caso de trata de personas con fines de explotación laboral.

“Empezamos a trabajar con una lista de indicadores, pero no todos valen lo mismo. Por ejemplo, si el trabajador ha sido engañado con una falsa promesa laboral, y en el sector agrario ese engaño era no decirle siquiera cuánto iba a ganar, ese es un indicador fuerte”, ejemplificó.

En esa línea, remarcó que otros indicadores importantes son el concepto de servidumbre por deuda, esto es, cuando al trabajador que está en una relación de dependencia se le empiezan a descontar asignaciones y comienza a endeudarse por elementos que por ley no deben ser deducidos de la relación laboral; el control de la movilidad, es decir, si tiene que pedir permiso para salir incluso cuando no está en jornada laboral; la restricción de las comunicaciones; la imposibilidad real de concluir la relación laboral; el abuso y la presión psicológica sobre el trabajador; y la vulnerabilidad, por ejemplo, en el caso de migrantes.

Por último, Colombo sostuvo que en las relaciones laborales hay un “abanico amplio” en el cual en una punta está el cumplimiento absoluto de las reglas laborales y en el otro extremo están el trabajo forzoso y la reducción a la servidumbre. “En el medio hay muchas soluciones que no tienen que ver con el derecho penal y los sindicatos son los lugares más apropiados para llevar adelante las soluciones a las infracciones laborales que no entren dentro de la trata y trabajo forzoso, pero que merecen una solución. Mientras exista un alto grado de informalidad laboral seguramente más alto será el riesgo para enfrentar y prevenir adecuadamente las situaciones de trabajo forzoso y reducción a la servidumbre”, indicó.

Por su parte, la fiscal Mazzaferri expresó: "En la lucha contra la trata y la explotación es fundamental un trabajo mancomunado de parte del Estado, la justicia, la sociedad civil y los sindicatos. El Ministerio Público Fiscal tiene la obligación primordial no solo de perseguir y sancionar este delito, sino también de proteger y reparar a las víctimas. Esta es una función fundamental que debe guiar nuestra actuación desde el inicio del proceso penal, e incluso antes”.

“En materia de trata laboral, uno de los mayores desafíos es la diferenciación de casos de trata de situaciones irregulares de trabajo. En general, las condenas por trata laboral son mucho menores que las de trata con fines de explotación sexual, ya que distintos sectores del Poder Judicial son reacios a aplicar la figura teniendo en cuenta la alta pena prevista. Casos que pueden ser configurados como trata de personas son tratados como cuestiones de trabajo informal o empleo en negro y son sacados del ejido de la justicia penal", concluyó.