20 de mayo de 2024
20 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegatos de la fiscal Patricia Santoni
Mendoza: pidieron seis años de prisión para tres personas acusadas de engañar y querer trasladar a tres mujeres a Chile para explotarlas sexualmente
Los imputados les ofrecieron trabajar de mozas en boliches a cambio de una importante suma de dinero. Sin embargo, las tareas consistían ejercer la prostitución en el país vecino sin pasaje de regreso.

Esta tarde, se realizaron los alegatos en el marco de un juicio oral y público por el cual se juzga a tres personas acusadas de haber participado del engaño y traslado de tres víctimas con fines de explotación sexual. Ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza, la fiscal Patricia Santoni solicitó la pena de seis años de prisión para cada uno de los imputados.

Se trata de dos hermanas y un hombre que habrían engañado, a través de una falsa oferta laboral, a dos jóvenes en situación de vulnerabilidad en un boliche llamado Nitza, ubicado en la ciudad de Mendoza, en septiembre de 2014. En esa oportunidad, a las chicas les ofrecieron trabajar como mozas en un boliche ubicado en la ciudad de Punta Arenas en Chile, a cambio de una importante cifra de dinero. Sin embargo, una vez en el aeropuerto, se enteraron de que en realidad el trabajo consistía ejercer la prostitución y que no tenían pasaje de regreso.

Ante la falta de datos precisos y al notar nerviosas a las jóvenes fueron entrevistadas por la coordinadora General del Equipo de Contingencia para el Rescate, Acompañamiento y Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, y simultáneamente la policía detuvo a la pareja que se encontraba con ellas.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Fernando Alcaraz y en el debate oral interviene Patricia Santoni. El juicio comenzó el 19 de mayo y a lo largo de las audiencias declararon los tres imputados, las dos víctimas bajo la modalidad de cámara gesell, dos funcionarios de Policía Aeroportuaria y dos empleados de la aerolínea Lan, la línea aérea por la que pretendían viajar.

El caso

La causa se había iniciado con una prevención sumaria de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que indicaba que el 1 de octubre de 2014 arribaron al sector preembarque de la empresa Lan Airlines tres mujeres. Al consultarles el destino, ellas no pudieron responder. Frente a esa situación, se acercó un hombre, principal imputado en la causa, que les entregó un papel con la información solicitada. Ante algunas irregularidades advertidas,  se dio aviso al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para realizarles una entrevista ya que las notaron nerviosas y sin datos precisos respecto del viaje.

Por otro lado, se dio aviso a la coordinadora General del Equipo de Contingencia para el Rescate, Acompañamiento y Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, y simultáneamente la policía detuvo a la pareja que se encontraba con ellos.

De la entrevista practicada por la profesional especializada, surgió que el relato era en parte “contradictorio y con tendencia al ocultamiento” pero refirieron que viajaban a Santiago de Chile y de allí a Punta Arenas a fin de trabajar en un “lugar” del que no sabían mucho más. Agregaron que el ofrecimiento había sido realizado por parte de los imputados quienes además  les habían recomendado no mirarlos, ni acercárseles y que si algo salía mal debían decir que no los conocían. Además, indicaron que los gastos del transporte les sería descontado de sus sueldos.

Posteriormente, luego del análisis de los elementos secuestrados al momento del procedimiento en el aeropuerto,  se estableció que el lugar al que irían a trabajar era, presuntamente, un prostíbulo habilitado bajo el rubro “Cabaret”, ubicado en Santiago de Chile, en el que trabajaba como consultora una de las imputadas que a su vez le pagaba a los otros dos acusados una suma de entre cien mil y doscientos mil pesos chilenos por cada una de las víctimas.

De igual forma pudo establecerse que, una vez arribadas a la ciudad de Punta Arenas, las víctimas recibirían un exiguo sueldo mensual, comida y alojamiento a efectos de evitar problemas con las autoridades migratorias chilenas. Finalmente, les descontarían un veinte por ciento de lo que cobraran por sus servicios sexuales que iría para los tratantes.