El lunes comenzó el juicio oral y público contra dos hombres acusados de trata con fines de explotación laboral contra al menos siete trabajadores en situación de vulnerabilidad en una empresa constructora ubicada en la provincia de Neuquén.

Se trata del dueño y el capataz de la empresa, quienes habrían participado en la captación –mediante engaños-, traslado y acogimiento de las víctimas, todas oriundas de la República de Paraguay, desde distintos períodos del año 2008 y 2009 hasta el 1 de septiembre de 2010, día en que se realizaron los allanamientos en el lugar.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal José Darquier, quien contó con la colaboración de la ex –UFASE (actual Protex) y en el debate oral interviene la fiscal María Cristina Beute. El juicio se reanudará la semana que próxima.

El caso

La causa se inició a raíz de una investigación llevada a cabo en julio de 2010 por parte de la Comisaría 3° de la ciudad de Neuquén, mediante la que se pudo determinar que en un predio alquilado por la empresa constructora “ECAM” habitaban, en condiciones de hacinamiento y riesgo para su integridad física, un grupo de aproximadamente 50 ciudadanos paraguayos, entre los que se encontrarían mujeres y niños. En consecuencia, el 1 de septiembre de 2010 se realizó el allanamiento en el lugar y se verificó que el grupo habitaba en 24 habitáculos de pequeñas dimensiones, construidos en su mayoría con maderas, chapas y plástico, con instalaciones riesgosas de electricidad y gas. A su vez, treinta de los habitantes del predio se encontrarían en situación migratoria irregular. Posteriormente tomó intervención la Fiscalía Federal de Neuquén y se recibió declaración testimonial a 23 de los habitantes del lugar.

En su declaración, relataron que salieron de su país de origen e ingresaron a Argentina en busca de trabajo, dada la mala situación que atravesaban en Paraguay, en la mayoría de los casos convocados por un connacional, que trabajaba como capataz en la empresa ECAM. La oferta laboral recibida resultó engañosa, ya que una vez arribados a la empresa constructora en Neuquén debieron realizar jornadas de lunes a viernes de 8 a 19 horas, con una hora de descanso en el medio, y los sábados de 8 a 15. Según la categoría cobraban entre $900 y 1200 la quincena, pero la mayoría mencionó que solían retrasarse con el pago, y los salarios habrían sido inferiores a los legalmente correspondientes.

Finalmente, las víctimas también declararon que, una vez en marcha la investigación judicial,  recibieron amenazas y presiones por parte de los imputados para condicionar sus declaraciones.