Ayer, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a José Cándido Manzanares a siete años de prisión por al ser encontrado penalmente responsable del transporte con fines de explotación sexual de una menor de 18 años con fines de explotación sexual en modalidad de traslado. Por su parte, Dardo Rubén Campoamor recibió tres años y seis meses de prisión por resultar partícipe secundario del mismo delito.

La Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, a cargo de José Ignacio Candioti, solicitó la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo del fiscal Marcelo Colombo, en las audiencias que se realizaron el 24, 25 y 26 de febrero en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Durante el juicio, las declaraciones de la víctima en Cámara Gesell fueron contundentes y funcionaron como  prueba para demostrar el modo en que actuaron los imputados.

“Campoamor me vendió a Manzanares a los 13 años. Él me dijo que ahora Manzanares era dueño mío. Que él me había comprado y que yo tenía que hacer lo él me dijera”, aseguró la víctima.

En los alegatos, Candioti había solicitado siete años para ambos acusados, destacando que los hombres sabían que la víctima era menor de edad “puesto que tenían relación con ella de bastante tiempo atrás. La pasaron a buscar (en el momento previo al traslado) por la esquina de la casa a efectos de que su familia no impidiera su extrañamiento y le hicieron llevar el DNI de la madre para que se identificara como mayor de edad”.

Además, sostuvo que tanto la captación como el traslado de la menor “se realizaron conscientemente por los imputados y con la voluntad de su realización”. Candioti aseveró que “no quedan dudas de que los imputados actuaron con la finalidad de la explotación sexual de la víctima”.

Y continuó: “pretenden desvincularse de sus responsabilidades, argumentando que viajaban a Córdoba (en el momento en que se originó la causa) a efectos de vender el automóvil en el cual se desplazaban y adquirir un vehículo con mayores plazas de asientos y que iban y volvían en el día".

Finalmente, el fiscal indicó: "Esa versión no encuentra asidero en las constancias de la causa, ni en las prácticas habituales para la adquisición de vehículos. Tampoco llevaban dinero suficiente como para hacer frente a la diferencia de dinero existente entre el auto que iban a entregar y el que iban a comprar. El mensaje que le manda la víctima a Manzanares minutos antes del viaje, expresándole que tiene miedo, tampoco es compatible con la versión de los imputados, acerca de una inocente ida a Córdoba por unas pocas horas".

Luego de conocerse la condena, Luz Castany, secretaria de Protex, se refirió a la misma y aseguró que “se trata de un caso que se inició a por un control vehicular, a diferencia de lo que ocurre en otros donde las investigaciones comienzan desde el lugar de explotación. En ese sentido, hay que destacar la intervención de las fuerzas de seguridad que en su función preventiva detectaron el hecho”.

Además, resaltó "el rol que tuvieron el fiscal y los operadores de justicia que construyeron la finalidad de explotación a través de una investigación que dejó ventilar que en Gualeguaychú había muchas chicas, al igual que la víctima de nuestro caso, que eran explotadas sexualmente por los mismos imputados desde que eran menores”.

Finalmente, remarcó que “si este caso no hubiera sido detectado oportunamente, los imputados hubieran continuado explotando sexualmente a menores en Gualeguaychú con total impunidad y silencio”.

Los hechos

La causa se originó la madrugada del 5 de diciembre de 2011, cuando Gendarmería Nacional pidió los documentos a los dos hombre y una niña que viajaban en un automóvil desde la ciudad de Victoria, ubicada en Entre Ríos, hasta Rosario, Santa Fe.

Las declaraciones acerca de los motivos del desplazamiento fueron contradictorias, sumado a que la joven no tenía la documentación que acreditara la autorización de sus padres para realizar el viaje. Asimismo, las autoridades se comunicaron con la madre de la menor, quien expresó no tener conocimiento del viaje que su hija estaba realizando ni de sus acompañantes.

Ya en la sede judicial, la adolescente indicó que conocía a los imputados desde hacía dos o tres años, momento en que ella tenía 16, y que ya habría realizado viajes a diferentes provincias con ellos. Agregó que la habrían llevado a realizar diferentes actividades que consistían en comer asados y tener relaciones sexuales por las que le pagan entre 150 y 200 pesos. (link)

Como consecuencia, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación de la causa a juicio, “entendiendo que surge con claridad la situación delictiva imputada”.