El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, Nicolás Czizik, solicitó la elevación a juicio de la investigación que tiene como principal imputada a un mujer de 52 años, acusada de regentear un prostíbulo que funcionaba a unos 100 metros de la Estación Terminal de la ciudad de Mar del Plata, y donde eran explotadas sexualmente cinco mujeres argentinas. También, junto a su pareja, se le imputa el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

La investigación se inició en mayo de 2016 ante un llamado anónimo recibido en la Fundación María de los Ángeles, que alertaba sobre la existencia de un establecimiento privado que funcionaría a unos 100 metros de la Estación Terminal marplatense, donde serían explotadas sexualmente un grupo de mujeres. La denuncia fue derivada a la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, que encomendó a la División Crimen Organizado y Trata de Personas de la Delegación Mar del Plata de la Policía Federal Argentina una serie de taras de investigación, que derivaron –el 12 de julio de 2017- en el allanamiento de un departamento ubicado en la planta baja de un PH situado en la calle 3 de febrero e Italia, donde fueron rescatadas cinco mujeres que eran explotadas sexualmente y se procedió a la clausura del establecimiento. Asimismo, se allanó la vivienda que habitaba la imputada junto a su pareja, en la calle Garay al 7100, donde se incautó una pistola calibre 22, cuya tenencia no estaba autorizada.

Menos de un mes después, una denuncia a la Línea 145 dio cuenta de que se había quitado la faja de clausura y el lugar había vuelto a funcionar, por lo que se ordenó un nuevo allanamiento, el 8 de agosto de 2017, aunque la imputada –que había sido excarcelada- no pudo ser ubicada, lo que motivó que el juez revocara su excarcelación y ordenara su captura nacional e internacional.

Durante los ocho meses en que estuvo prófuga, hasta su detención el pasado 14 de marzo, la imputada intentó contactar a las víctimas para “intimidarlas” e “instruirlas” sobre lo que debían declarar ante la Justicia. En virtud de ello, el titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, dispuso su procesamiento con prisión preventiva como autora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por haber abusado de la situación de vulnerabilidad las víctimas, y como coautora –junto a su pareja- por la tenencia ilegal de arma de fuego, en relación a la pistola calibre 22 hallada al momento de su detención.

De cooperativa a explotación

Según se estableció durante la investigación, el lugar era publicitado a través de volantes callejeros, y era la imputada quien pactaba con los clientes los servicios que prestaban las víctimas, quienes presentaban similares características: escasez de recursos y vulnerabilidad económica y familiar.

El temor de las víctimas hacia su explotadora quedó probado por los diversos testimonios que, primero, sostuvieron que trabajaban en una suerte de “cooperativa de gastos”, pero que, luego del segundo allanamiento, evidenciaron el mecanismo de funcionamiento del lugar y las situaciones de sometimiento.

En su requerimiento de elevación a juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que “el temor que les infundía era tal que declararon a favor de ella” y agregó que “el miedo a quedarse ‘sin trabajo’ - mecanismo de control y sometimiento utilizado por la imputada- fue expresado por todas las víctimas, las que indicaron ‘había arreglado con ellas qué es lo que debía decir si iba la policía al lugar”.

Además, destacó que ese temor que manifestaron tener, se hizo realidad: “prófuga del accionar de la justicia comenzó a hostigarlas, a través de sus conocidos o familiares directos o incluso ella directamente, queriendo conocer cuáles habían sido los términos de sus declaraciones”. En virtud de ello, es que se convocó al Programa de Protección de Testigos  y se buscaron alternativas para garantizar la seguridad de una de las víctimas.

En virtud de las diversas pruebas colectadas durante la investigación, el fiscal Czizik solicitó que la mujer sea sometida a juicio oral en orden al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por haber sido cometido en abuso de la situación de vulnerabilidad, por la cantidad de víctimas y por haber sido consumada la explotación.

En ese sentido, explicó que fue a partir del conocimiento que se tenía en el ámbito prostibulario de la imputada que las víctimas se acercaron al lugar, en algunos casos recomendados por terceras personas, ganando así la voluntad de sus víctimas y, al mismo tiempo quedó configurada la recepción porque procuraba los lugares para que las víctimas concretaran los encuentros con los prostituyentes. Asimismo, respecto al bien jurídico protegido, la fiscalía entendió que “la libertad de las víctimas se haya en juego y afectada no sólo cuando se acreditan restricciones a su libertad ambulatoria sino también cuando la capacidad para elegir qué actividad desarrollar y cómo desarrollarla se encuentra menoscabada”.