El titular de la Fiscalía Nacional N° 2 en lo Criminal y Correccional, Santiago Vismara, solicitó la elevación a juicio de una pareja acusada de ofrecer, promocionar, facilitar y explotar económicamente la prostitución de seis mujeres. Los imputados son una mujer y un hombre que, entre mayo de 2013 y diciembre de 2015, se desempeñaron como dueña y encargado respectivamente de un bar nocturno ubicado en el barrio porteño de Chacarita. Las víctimas fueron identificadas en las tareas de investigación, y también en los informes elaborados por los profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

En su presentación, el fiscal detalló que en el contexto de un allanamiento realizado en julio de 2014 se pudo localizar e identificar a seis víctimas, a quienes los imputados habían captado abusando de su situación de vulnerabilidad. Precisó además que durante la explotación les retenían el 50 por ciento de lo que recibían como pago. Entre los elementos de prueba, Vismara señaló que las tareas desplegadas de manera encubierta por la Gendarmería Nacional permitieron que las víctimas señalasen al encargado del local como el responsable de detallar las tarifas de las actividades sexuales.

El representante del MPF explicó que el local había sido clausurado por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) en 2013 por diversas irregularidades, entre las que se encontraban la nula higiene de los baños y la portación de una habilitación comercial de café y despacho de bebidas, cuando lo que funcionaba allí dentro era, para los agentes del gobierno porteño, un boliche bailable. En ese mismo informe, el personal de la AGC denunció además que había varias mujeres que cambiaban su vestuario en el baño tomando ropa de bolsos depositados detrás de la barra.

Vismara acusó por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución de personas de mayores de edad abusando de su situación de vulnerabilidad.

Ante este panorama, detalló, personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata se entrevistó con seis mujeres y elaboró un informe que indica que todas describieron trayectorias laborales caracterizadas por la informalidad como personal doméstico, vendedoras de indumentaria y tareas de cuidado de niños. A su vez, reconocieron realizar “copas” en el lugar , y todas negaron encontrarse en situación de prostitución.

En posteriores encuentros, algunas de las mujeres reconocieron hacer "pases" e identificaron tanto a la dueña del lugar como al encargado, quien les pagaba al terminar cada jornada. Las especialistas de la Oficina de Trata destacaron el bajo nivel de instrucción de todas ellas y señalaron su situación de vulnerabilidad, que se evidenciaba además en las condiciones socioeconómicas desfavorables, la escasa experiencia laboral, la fragmentación de los vínculos familiares y el alejamiento de sus hijos, valoró el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.

En ese sentido, puso de relieve que en las entrevistas con el personal especializado las mujeres manifestaron que tenían pleno conocimiento de su trabajo y que podían retirarse al terminar la jornada, momento en el que recibían el pago por parte de la dueña o el encargado.

En su declaración indagatoria, el hombre acusado manifestó ser sólo el encargado del lugar, y que el bar figuraba a nombre de su pareja. Además, desconoció todo tipo de actividad relacionada con la prostitución al asegurar que se dedicaba a la venta de bebidas y tragos.

Por su parte, la mujer declaró que se había separado de su pareja entre fines de 2005 y principios de 2006, aunque no habían efectuado el cambio de titularidad del comercio, y aseguró no tenía relación alguna con el local. Sin embargo, fue identificada como la dueña del recinto por las mujeres que ejercían la  prostitución dentro del boliche e incluso una de ellas detalló que fue ella quien le explicó cuáles eran las condiciones de trabajo.

Con todo este cuadro, el fiscal Vismara señaló en el requerimiento de elevación a juicio que existen suficientes pruebas que acreditan los hechos y la participación de los acusados, a quienes pidió que se juzgue en debate oral y público por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución de personas de mayores de edad abusando de su situación de vulnerabilidad.