23 de junio de 2024
23 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Participaron los fiscales Javier De Luca y Marcelo Colombo
Pidieron que se reabra la investigación contra los responsables de una empresa agrícola por un caso de trata de personas
Los representantes del MPF expusieron sus argumentos ayer ante la Sala I de la Cámara de Casación Penal. Los acusados, que fueron sobreseídos en 2012, son los dueños de una empresa avícola acusados de explotar a sus trabajadores.

El miércoles, en la Sala I de la Cámara de Casación Penal, el fiscal general ante la Cámara de Casación Penal Javier De Luca y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Marcelo Colombo solicitaron la reapertura de la investigación a los responsables de la empresa avícola “Nuestra Huella”, cuya dueña es Leticia Ester García, en el marco de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral.

Están acusados de haber explotado a sus trabajadores, entre ellos menores de edad,  en la granja ubicada en la localidad bonaerense de Pilar.

La investigación comenzó a partir de una denuncia por trata de personas realizada por la entonces Ufase, en 2009. Sin embargo, las imputadas sólo fueron indagadas por infracción a la ley de residuos patológicos y finalmente fueron sobreseídas en abril de 2012 por la Cámara Criminal y Correccional Federal de San Martín. Por ese motivo, los fiscales expusieron ayer los motivos por los cuales consideran que debe reabrirse la investigación y escuchar el relato de las víctimas.

La audiencia

Luego de los alegatos de la querella, a cargo de Pablo Sernani, el fiscal De Luca hizo una introducción sobre la gravedad de los hechos y detalló que lo que se pretende es profundizar la investigación de la denuncia realizada por la entonces UFASE en pos de que se investigue el delito de trata de personas.

Por su parte, Colombo destacó en su exposición que una Relatora Especial de Trata de Personas de la ONU vino al país para investigar puntualmente este caso. Después, el fiscal remarcó cuestiones “lo suficientemente elocuentes” para explicar cómo se llegó a esta instancia de la causa. En ese sentido, primero mencionó que la Procuraduría que él encabeza solicitó una serie de allanamientos en fincas y granjas co-administradas por los mismos imputados en la causa y que no solo no se llevaron a cabo sino que, previo a los operativos, las defensas fueron avisadas.

Por otro lado, Colombo se basó en el artículo 23 del Protocolo del Crimen Organizado respecto a los actos de obstrucción de justicia para señalar que eso fue lo que sucedió debido a “un sesgo de quién iba a declarar como testigo en la causa”.

Finalmente, el fiscal resaltó que se tergiversó la declaración de una psicóloga de la Oficina de Rescate, cuya función no era establecer si en el lugar se estaba llevando a cabo el delito de trata de personas o no, y advirtió que en esa supuesta declaración se basó el sobreseimiento de los imputados. “Además, cuando uno lee la declaración testimonial se puede deducir que la mujer ni siquiera estuvo presente en los allanamientos”, resaltó el fiscal.

“Lo que pedimos es que por favor haya una corrección en el marco de esta investigación, que se empiece a escuchar a las víctimas y en un marco adecuado”, concluyó.

 Investigación

Se trata de una causa que se inició a raíz de una denuncia formulada por la entonces UFASE (hoy en día Protex) en  2009, luego de que un hombre se presentara a declarar y asegurara que tanto él como su familia habrían sido explotados laboralmente y sometidos a una situación de servidumbre por parte de los responsables de la empresa avícola “Nuestra Huella SA”.

Según el denunciante, aproximadamente en el año 2007, conoció a una persona que le prometió trabajar en una granja ubicada en la localidad de Fátima donde "le iban a pagar bien" y donde tendría una vivienda para él y su familia. Sin embargo, la granja quedaba en otro lugar, la vivienda no estaba en condiciones (era un galpón con toda clase de venenos) y su mujer también tenía que trabajar sin recibir un salario (luego percibió medio sueldo). Según el denunciante, tanto él como su mujer -mientras estaba embarazada- fumigaron sin protección lo que le provocó  que su hija en común naciera con multiquistosis renal, que afecta su funcionamiento y hace que crezca de manera desproporcionada a su edad.  También agregó que supo de otras familias que habrían tenido problemas de salud por el uso de agroquímicos.

Fue en esa misma oportunidad que los dos testigos denunciaron ante la UFASE que luego habían ingresado a trabajar nuevas familias, integradas por menores de edad y oriundas de la provincia de Misiones, a las granjas “La Escondida”, “El Aroma” y “La Mimosa”, propias de la firma.  Las víctimas misioneras habrían sido captadas por un empleado de la empresa “Nuestra Huella SA” por órdenes de la presidente de la compañía

Paralelamente, a raíz de la investigación de la Protex, se pudo establecer que existían antecedentes de explotación laboral y reducción a la servidumbre en la empresa denunciada que derivaron en un allanamiento realizado por la justicia provincial donde se constaron las similares condiciones precarias que habían sido denunciadas.