El Programa “Ellas hacen”, dependiente del ministerio de Desarrollo Social, modificó los requisitos y amplió la interpretación de “estado de vulnerabilidad”, por lo que desde ahora incluirá a las mujeres víctimas de trata de personas y explotación sexual en la asignación de cupos.

Se trata de un pedido  de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH) que contó con el apoyo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Entre los argumentos presentados por la Protex en su dictamen de apoyo, aseguraron que “dichas mujeres necesitan una inmediata atención, que les permita sobrellevar las diferentes secuelas físicas y psíquicas causadas por haber transcurrido gran parte de sus vidas inmersas en el perverso circuito de la prostitución, lo que les ha imposibilitado lograr una adecuada inserción social”.

En ese sentido, destacaron que “las mujeres han pasado casi la mitad de sus vidas detenidas en distintas Comisarías, en virtud de diversas normativas locales y códigos contravencionales de dudosa constitucionalidad, que dotaban al personal policial de dicha potestad. Facultad ejercida, por otro lado, sin la observancia de los mínimos estándares establecidos en materia de Derechos Humanos, ya que habrían sido obligadas a permanecer una arbitraria cantidad de horas/días sin poder establecer comunicación con el exterior, y muchas veces sin la alimentación y/o atención médica adecuada (entre otros abusos)”.

Y agregaron que a esta violencia institucional que habrían sufrido a lo largo de los años, “se le adiciona la violencia de género característica de la actividad en la que se han visto inmersas”. En ese sentido, sostuvieron  que “sería importante no perder de vista los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, a través de distintos instrumentos de Derechos Humanos que condenan toda forma de violencia contra la mujer, así como tampoco el alto grado de vulnerabilidad en que se hallan las mujeres en situación de prostitución”.

“Precisamente, ésta habría sido -durante muchísimos años- la situación de la mayoría de las mujeres que pertenecen a la organización solicitante, auto-percibiéndose como víctimas de violencia policial, abuso institucional, entre otros innumerables atropellos hacia su dignidad y demás derechos fundamentales. Éstas circunstancias les habrían imposibilitado ejercer con plenitud sus derechos y, en consecuencia, generar una alternativa de vida distinta”.

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