El 8 de octubre, el Juez Daniel Bejas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de Tucumán, dictó el procesamiento y prisión preventiva contra los integrantes de una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Los principales responsables serían una pareja, a quienes se les trabó un embargo de un millón de pesos, mientras que para el resto de los cómplices, otras cinco personas, se les aplicó un embargo de 300 mil pesos.

La causa se inició por una denuncia de la Fundación María de los Ángeles durante el mes de abril y la instrucción del caso está a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 2 de Tucumán.

Personal de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal viajó especialmente, entre el 13 y 16 de septiembre, para colaborar en los procedimientos llevados a cabo en la provincia por parte de Gendarmería Nacional y la formulación de la imputación contra los autores del hecho.

A partir de las investigaciones realizadas y los allanamientos que se llevaron a cabo el 13 de septiembre a la noche, se pudo establecer que los principales imputados habrían sido los líderes de una organización dedicada a la trata de personas que se encargaba de captar mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente y así obtener un importante lucro económico.

Las víctimas habrían sido obligadas a prostituirse en los dos locales que regenteaba la pareja, uno de ellos denominado "Bar California" y el otro denominado "Night Club", ubicado frente a la ex Terminal de ómnibus de la capital provincial. La banda contaría con la colaboración de otros cinco cómplices que cumplían tareas tales como la administración del dinero producto de la explotación sexual de las víctimas, participación en los mecanismos de captación de mujeres y del control sobre las mismas. Uno de ellos, además, sería un hombre con salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, que habría sido utilizado para amedrentar a las mujeres, infundiendo miedo sobre ellas ya sea por no cumplir los pagos o por resistirse a las órdenes de la proxeneta. Asimismo, una de las víctimas añadió que era el encargado de facilitarle estupefacientes a las mujeres.

En base a la imputación formulada por la fiscalía, quien en ese momento se encontraba a cargo del Fiscal ad hoc Alberto Lopez Vallejo, y que trabajó de manera conjunta con personal de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas, el juzgado consideró aplicar los lineamientos del Ministerio Público Fiscal para atacar la situación patrimonial de los imputados y clausurar los prostíbulos investigados.

Finalmente, el juez consideró que “no puede desconocerse que los prostíbulos constituyen el destino por excelencia de la trata de personas con fines de explotación sexual”. De esta manera, y por aplicación de la ley "Prostíbulo Cero" de la provincia de Tucumán, encomendó a las autoridades provinciales que procedan a la clausura definitiva de ambos locales nocturnos.