17 de septiembre de 2019
17 de septiembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En la Argentina, hay 6.040 casos abiertos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas
Protex elaboró el primer mapa sobre búsqueda de personas
A partir del diagnóstico de la situación actual, el trabajo –confeccionado conjuntamente con la organización no gubernamental ACCT- busca generar una intervención más eficaz del Estado en el abordaje del fenómeno.

“El paso inicial para poder enfrentar un delito y desarrollar políticas públicas que permitan combatirlo es conocer la extensión y profundidad de aquello que se pretende desarticular”. Bajo esa premisa, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) elaboró el primer mapa de situación respecto a la búsqueda de personas vigentes en nuestro país durante el período 1990-2013. El proyecto, elaborado conjuntamente con la organización no gubernamental Acciones Coordinadas contra la Trata (ACCT), apunta a reunir datos útiles sobre el tema y, al mismo tiempo, brindar un diagnóstico cuantitativo de las averiguaciones vigentes y de la situación institucional en el abordaje de la problemática a nivel nacional.

El insumo básico para la conformación del estudio fue la información sobre denuncias de desaparición, extravío, ausencia de personas menores y mayores de edad, por diversas razones, desde 1990 a la fecha, la que fue solicitada a secretarías de Derechos Humanos y policías de todo el país. A pesar del tiempo transcurrido –la información fue solicitada en diciembre de 2013-, hay provincias que al día de la fecha continúan sin brindar respuesta.

Un mapa de la desaparición de personas

Existen actualmente 6.040 casos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas que son buscadas en Argentina. Sobre ese total, un 53% (3.231 casos) corresponden a niñas, adolescentes y mujeres adultas; 2.801, se tratan de niños, adolescentes y varones adultos, mientras que en 8 no fue proporcionada información referida al género.

El grupo etario que concentra la mayor cantidad de desapariciones es el que va de los 12 a los 18 años, con una tendencia aún más marcada en la franja de mujeres adolescentes. Dentro de conjunto de desaparecidas, el cruce de datos con las provincias permitió identificar un marcado pico de casos en la adolescencia, mientras que la línea etaria de los varones se distribuye de manera más pareja a lo largo de todas las edades. De ello, se deduce que, si bien para varones y mujeres la adolescencia y juventud representan un período de mayor vulnerabilidad con relación a las desapariciones, en las mujeres ese período resulta aún más crítico.

En lo que respecta al Área Metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires informó que 354 personas están siendo buscadas, entre las cuales 173 casos corresponden a adultos con enfermedades mentales e “incapaces”. En la región Nordeste (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes), se presentaron 417 casos, con un porcentaje mayor de mujeres desaparecidas que de varones (67% contra 33%). La línea más crítica es la que va de 11 a 16 años.

En las provincias del Noroeste (1.593 casos distribuidos en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero), se repite la tendencia mostrada por la región Nordeste en cuanto al género, con porcentajes casi idénticos. En La Rioja, sobresale el caso de Ramona Nicolasa Mercado, quien desapareció en 2005 a los 13 años, en circunstancias que hacen sospechar que fue víctima de una red de trata de personas.

Cuyo (15 casos distribuidos en Mendoza, San Luis y San Juan) presenta como particularidad que no se registran diferencias en la tendencia de desaparición por género: el 53% corresponde a varones frente al 47% de mujeres. Esto probablemente se debe al número total de casos registrados, puesto que estos “no dan una idea acabada de las características del fenómeno en la región”.

En la región Pampeana (Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe), se informaron 3.483 casos, aunque no fue posible analizar las desapariciones a partir del rango etario con la información disponible, ya que algunas provincias –como Córdoba- no respondieron los reiterados pedidos de datos. En cuanto al género, el 55% corresponde a mujeres. En la Provincia de Buenos Aires, la edad crítica de desaparición entre las mujeres se ubica entre los 11 y los 21 años.

En la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), se informaron 178 casos.

La predisposición de las provincias a colaborar no fue uniforme. Córdoba, Chubut, Mendoza y Santa Cruz no remitieron información pese a las sucesivas consultas y ni siquiera dieron explicaciones sobre esa negativa. En el otro extremo, la Provincia de Buenos Aires fue la jurisdicción que suministró la datos de mayor calidad.

Sub-representación de la trata

El aparato burocrático del Estado registra las desapariciones de múltiples maneras, lo que implica que no exista un protocolo único que estandarice esos registros. En la mayoría de las provincias, la información necesaria para la búsqueda es insuficiente. Datos básicos como el DNI son los que menos fueron informados. Asimismo, la falta de estandarización imposibilita la tarea de estimar la certeza de los datos, al tiempo que dificulta la formulación de estadísticas eficaces.

En síntesis, un conjunto de búsquedas tan distintas, con resultados esperados tan disímiles obliga a indagar respecto a la conformación de las listas de personas desaparecidas y/o buscadas. Y allí radica uno de los principales déficit institucional, en tanto la categorización de las personas por tipo de desaparición es sumamente débil y se encuentra plagada de vacíos, lo cual representa un problema grave que imposibilita la generación de nóminas unificadas.

Por ejemplo: la búsqueda ante una ausencia en comparendo judicial implica un problema estrictamente estatal, casi circunscripto a las fuerzas de seguridad, mientras que las personas desaparecidas por otros motivos demandan la intervención de otras esferas públicas o incluso, en algunos casos, de organizaciones no gubernamentales y el soporte de los medios de comunicación. La falta de una nómina unificada agrava la búsqueda irremediablemente.

De este modo, el informe deja en claro que las cifras exponencialmente desiguales entre una provincia y otra obedecen en realidad más a un registro diferencial respecto a qué se entiende por desaparición y cómo se registra la ausencia de una persona, que a diferencias de densidad poblacional o variables semejantes. Prueba de ello es que, según se pudo corroborar, una parte de quienes figuraban como desaparecidos en las listas enviadas por las provincias ya habían sido encontrados o habían regresado a sus hogares. A pesar de ello, sus búsquedas permanecían activas. También, se corroboró –a partir del cruce de datos con Migraciones- que muchas de las personas con búsqueda activa cruzaron la frontera, en algunos casos más de una vez.

De todos los casos informados, sólo dos fueron calificados como “Trata de Personas/Averiguación de Paradero”, lo que evidencia que hay una sub-representación del fenómeno en el registro burocrático por parte del Estado.

Mayores regulaciones

En base al análisis de la información recolectada, Protex y ACCT consideraron la existencia de un déficit institucional en materia de desaparición y búsqueda de personas. El primer paso para subsanarlo pasa por regular los carriles iniciales de la intervención del Estado en la búsqueda de personas, en especial a partir de la creación de un registro nacional de personas buscadas. Otro avance en la materia tiene que ver con la estandarización del registro de desapariciones por categorías, con pautas de acción específicas para cada una de ellas y el establecimiento de pautas de información que debe tener un reporte para integrarlo directamente con las denuncias y su conexión en tiempo real. Otro aspecto de la intervención estatal que debe mejorar tiene que ver con el sistema de alertas, de tal forma de lograr un entrecruzamiento de datos eficaz que permita informar, por ejemplo, acerca del cruce de fronteras de personas con averiguación de paradero. Asimismo, la Protex sugirió registrar de manera más eficaz la aparición de personas buscadas y la creación de un sistema apto para supuestos de identificación por ADN, entre otras cuestiones.