06 de abril de 2020
06 de abril de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Organizada por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones y la Universidad Nacional de Mar del Plata
Realizaron una jornada de capacitación y prevención de la trata laboral con organismos estatales y productores frutihorticolas
Entre las conclusiones del encuentro se destacó la importancia de la articulación entre sectores, la necesidad de registración de los trabajadores y la actualización de los contratos. También se debatió impulsar un sistema de buenas prácticas agrícolas para que constituyan un sello de calidad de la producción agrícola del Partido de General Pueyrredón.

El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, junto al vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Daniel Antenucci, inauguraron la Jornada de Prevención y Capacitación de la Trata de Personas con fines de explotación laboral en el cordón frutihortícola del Partido de General Pueyrredón, que tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura de dicha casa de Altos Estudios. Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de estas instancias de capacitación y discusión con el objetivo de prevenir y concientizar sobre la problemática.

A la jornada -organizada por la Fiscalía General y la Secretaría de Extensión de la UNMdP y contó con el apoyo de Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de dicha localidad- asistieron más de un centenar de personas y tuvo como propuesta el tratamiento de tres ejes temáticos: el delito de trata de personas, la explotación laboral y el trabajo Infantil; modalidades del trabajo agrario, registración y contratación; y producción frutihortícola, proyección social y económica y cadena productiva. Asimismo, se

Además, se propuso impulsar un sistema de buenas prácticas agrícolas a través de la implementación de un sello de calidad en los productos provenientes de campos y quintas del Partido de General Pueyrredón, al tiempo que se destacó la importancia de la articulación de organismos estatales –con presencia en el territorio y capacidad de control- para prevenir la explotación y la necesidad de registrar a los trabajadores y de actualizar los contratos que rigen la actividad agrícola.

Expositores

El primer panel estuvo a cargo de Santiago Eyherabide –titular de la Fiscalía Federal de Azul y ex coordinador de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)-, Natalia Castro -Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Mar del Plata- y Gastón Viani -presidente de la Unión de Producciones Regionales Intensivas (UPRI) y representante de la UCIP-.

En su alocución, Castro hizo mención al rol de la defensa técnica, la tarea que cumplen en la defensa de los derechos de niñas y niños como asesora de menores, y dio cuenta del mayor desafío que afrontan en el rol de querellantes.

Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se refirió a las conclusiones señaladas por la Inter-Agencia de Coordinación contra el Tráfico y la Trata de personas de la ONU (ICAT), y señaló los motivos que llevan a los empresarios productores de bienes a requerir mano de obra en situaciones de explotación. En ese sentido, planteó que las investigaciones debía enfocarse hacia toda la cadena de comercialización ya que la omisión de las obligaciones tributarias y de registración laboral en los eslabones más cercanos al consumidor final afectan directamente –en razón de la posibilidad de competitividad- a la utilización de trabajadores esclavos en el sector primario, cuando además, la sociedad “no quiere consumir productos que vienen de la trata”. Asimismo, se refirió a la importancia que tiene para el sentido de Justicia de toda la sociedad, no sólo la debida profundización de las investigaciones, sino también la imperiosa necesidad de evitar los “falsos-positivos”, es decir, que resulta tan o más peligroso y dañino la inexistencia de sanción penal para el explotador como así la condena de un inocente, dado que ello redunda en alterar la ecuación por la cual, en un eventual razonamiento, un productor decide respetar las obligaciones de registración y no acudir a mano de obra en situación de explotación.

A su turno, Viani brindó detalles sobre la proyección social y económica en la producción de alimentos, e hizo hincapié en lo que denominó sistema de Buenas prácticas agrícolas, para las que son claves, dijo, la innovación y la labor de los ingenieros agrónomos. Además, sostuvo que el sistema se constituye con la interrelación de la preservación de los recursos naturales, la elaboración de alimentos sanos, inocuos y de calidad, y la seguridad e higiene de los trabajadores y la sociedad en su conjunto.

El segundo panel contó con las alocuciones de Ricardo Velimirovich -presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón-, Eduardo Bellini -jefe de División Investigaciones de la Dirección Regional Mar del Plata de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP)- y Agustín Roldán -secretario en la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata-.

En su exposición, Velimirovich describió las dificultades que enfrenta el sector y remarcó la necesidad de una regulación específica del contrato de mediería en la actividad frutihortícola, para la cual desde la asociación que dirige está trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación y la AFIP. Asimismo, Bellini, señaló el trabajo emprendido por el organismo impositivo para quitar obstáculos en el fisco para la registración de trabajadores y dio cuenta de la tarea que se desarrolla para evitar el empleo no registrado.

En el cierre del panel, Roldán abordó la diferenciación entre la informalidad y el concepto actual de explotación laboral y trabajo forzoso, para lo cual efectuó un repaso por la legislación y la jurisprudencia desde la Convención sobre la Esclavitud de 1926 hasta la actualidad. En ese sentido sostuvo que “ya no es necesario tener encerrado al trabajador tras las tranqueras, sino que la afectación a su libertad va más allá, debe buscarse en la limitación a su capacidad de autodeterminación, de elegir su propio plan de vida”.

Asimismo, mencionó cuáles son las circunstancias observadas en la realidad local de las quintas que llevan a considerar una situación como de explotación laboral. En tal sentido sostuvo que, pese a que suele aducirse la existencia de un contrato de mediería, amén de su eventual regulación, la realidad marca que la relación entre productor y mediero no es de socios, ya que no comparten la dirección técnica de la explotación y este último no participa de la comercialización del producto, por lo que se avizora una verdadera relación patrón-trabajador.

Al concluir la jornada, el fiscal general Adler leyó las conclusiones de los debates y destacó la importancia de trabajar articuladamente para la capacitación y prevención de la explotación laboral y la trata de personas, y multiplicar estas instancias de sensibilización destinadas a inspectores y agentes estatales que trabajan en el territorio del cordón frutihortícola.