Entre el 25 y el 27 de agosto, se llevó a cabo en la Provincia de San Juan el XXIII Encuentro Nacional de Mujeres Jueces de Argentina. Los fiscales generales Gabriela Baigún, Marcelo Colombo y Diego Luciani disertaron sobre cuestiones de criminalidad organizada, trata de personas, narcotráfico y violencia de género.

Baigún expuso acerca de la ausencia en los controles aéreos y su implicancia en la prevención y represión del crimen organizado. Su exposición se centró en las irregularidades constatadas como consecuencia de las diligencias realizadas durante un juicio oral y público, en la que se investigó el transporte de un cargamento de tres toneladas de marihuana proveniente de Paraguay y cuyo destino final era la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, la representante del MPF refirió que existe una falta absoluta de control sobre el espacio aéreo nacional, y que de esta manera se convierte en un ámbito propicio para el tráfico de sustancias ilícitas.

En el marco de su exposición, la fiscal exhibió un mapa en el que se vio el emplazamiento y localización de aproximadamente 700 superficies aptas para el aterrizaje y despegue de aeronaves en territorio argentino, de las que solamente 53 cuentan con control de tránsito aéreo permanente por parte de la Fuerza Aérea. Ello “permite que las organizaciones dedicadas al narcotráfico operen con bajas probabilidades de ser descubiertas, y luego que sus integrantes sean juzgados sin que hayan podido reunirse elementos de cargo que debieran ser fácilmente obtenidos para el Ministerio Público Fiscal”.

Por último, la fiscal federal afirmó que la falta de ese tipo de información fue lo que condujo a la absolución de un único acusado en la causa a la que se hizo referencia en el Encuentro, quien justamente resultaba dueño de una avioneta y con acceso a un aeródromo no controlado, que había sido utilizado como punto de carga de la droga.

Más tarde fue el turno del titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, quien expuso sobre cómo aplicar la dogmática del derecho penal de la empresa a las estructuras criminales, utilizando para ello un concepto distinto de imputación penal, y de dolo como “ceguera voluntaria”. El fiscal hizo especial hincapié en cómo los dueños del capital explotan a las personas pero no de propia mano, sino mediante la utilización de estructuras criminales.

El titular de Protex indicó que la lucha contra la criminalidad organizada no implica necesariamente perseguir grandes estructuras mafiosas. “Este tipo de criminalidad aparece también en estructuras organizativas más pequeñas, más parcializadas, de actuación más acotada y que no tienen necesariamente como propósito disputar el poder político de quienes gobiernan, sino la finalidad de obtener ganancias económicas”, puntualizó.

En ese sentido, Colombo aseguró que “existe criminalidad organizada en la actuación de sociedades comerciales que comparten finalidades lícitas con ilícitas. La explotación de personas en el sector agrario por parte de grandes corporaciones, o en el sector textil por parte de las empresas de indumentaria, son sólo algunos ejemplos de cómo determinadas empresas incluso de un alto crédito y prestigio social pueden derivar parte de su línea de producción hacia circuitos de explotación y criminalidad”.

Finalmente, mencionó algunas ideas para mejorar la imputación penal y la organización judicial de los casos para alcanzar a sus máximos responsables. En esa línea, el fiscal manifestó  que eso implica “un cambio de enfoque respecto del juzgamiento e imputación tradicional de los hechos delictivos que habitualmente nutren los sistemas penales. Y un cambio de paradigma, a partir del cual se propone dedicar menos energía a la persecución de hechos caracterizados por su simpleza, su flagrancia e imputados con escaso acceso positivo al poder, para concentrarla en quienes representan una amenaza mucho mayor para el sistema social”.