El sábado pasado, personal de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas participó en 40 allanamientos en distintos lugares del centro porteño ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal nº 4, en un expediente en el que el organismo actúa como fiscal coadyuvante del fiscal de la causa.

Como resultado, 57 víctimas fueron rescatadas y diez personas fueron detenidas por su participación en los actos de explotación sexual que habían quedado acreditados por las tareas de inteligencia criminal previamente realizadas.

Los procedimientos se llevaron a cabo en treinta y dos prostíbulos, varios domicilios particulares de los explotadores, un hotel de pasajeros donde se presume que se acogía y explotaba a varias mujeres que también eran explotadas en dos prostíbulos ubicados enfrente, y en una imprenta en la que se confeccionaban los volantes publicitarios de los prostíbulos.

Los lugares allanados eran de los denominados departamentos “privados” y en la mayoría se encontraron mujeres en situación de prostitución (hasta catorce mujeres por cada domicilio), hombres que se encontraban en el lugar como “clientes”, encargadas, custodios y volanteros.

Entre el material secuestrado, se encontró diversa documentación que involucra a las personas investigadas y detenidas con cada uno de los prostíbulos

Las víctimas fueron identificadas y asistidas por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Además, se identificó a quienes cumplían roles de encargados, seguridad, volanteros, para una eventual citación.

Como consecuencia, el domingo declararon más de treinta de las presuntas víctimas, con la participación de un equipo de la Procuraduría de Trata que propuso preguntas juzgado y con la asistencia del Programa de Rescate. Todas las declaraciones, que continuaron hasta el miércoles inclusive, fueron registradas en un soporte audiovisual.

Por otra parte, el lunes, el juzgado indagó a los siete detenidos y ahora se espera la resolución de su situación procesal para las próximas semanas.

Los domicilios

La mayor parte de los domicilios allanados se ubican en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en los barrios de San Nicolás, Balvanera y San Telmo.

Los lugares fueron denunciados de manera casi sistemática por infracciones a la ley de profilaxis, allanados por el fuero correccional en varias oportunidades y, en casi todos los casos, permanecían abiertos y en funcionamiento.

Las condiciones de higiene en los domicilios allanados eran prácticamente nulas, sobre todo en aquellas áreas destinadas al uso exclusivo de las mujeres explotadas (cocinas, baños, habitaciones para dormir). A su vez, contaban con mobiliario precario, poco iluminados y escasos recursos sanitarios.

Sin embargo, la mayoría tenía cámaras de seguridad, rejas y protecciones en puertas y ventanas y detectores de metales en las puertas de ingreso al lugar.

Además, se encontró abundante folletería para distribuir en la vía pública, planillas de turnos, planillas de “pases”, un incesante ingreso de llamadas telefónicas y gran movimiento de clientes, lo que da fuertes indicios de que se trataría de una organización que operaría detrás de la administración de estos centros de explotación

El caso

La investigación se inició en diciembre de 2012 a raíz de una denuncia en la sede de la Procuraduría de una mujer que aportó información acerca del funcionamiento de varias bandas dedicadas a la explotación sexual prostibularia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

En su relato, la denunciante aportó datos de personas, teléfonos, direcciones y el nombre de funcionarios públicos que prestarían asistencia para garantizar el funcionamiento ilícito de estos lugares.

A raíz de ello, se realizó un relevamiento pormenorizado de las personas y prostíbulos señalados por la denunciante y se depuró esa información. El 18 de enero pasado, un mes después de recibir el caso, la Procuraduría formuló una denuncia penal que quedó radicada ante el Juzgado Federal nº 4, Secretaría nº 8. En el marco de esta causa se solicitó la estricta reserva de la identidad de la testigo.

En la denuncia originariamente se señaló la existencia de alrededor de cuarenta prostíbulos que funcionaban bajo la modalidad conocida como “departamento privado” y se identificó a más de una docena de personas.

Como resultado de las tareas de investigación, se pudo individualizar a nuevos explotadores, la existencia de la connivencia policial y se pudo corroborar que algunos de los inmuebles que originariamente habían sido denunciados como prostíbulos habían cerrado y que –en algunos casos- habían mudado de lugar.

Luego de varios meses de tareas de investigación, escuchas telefónicas y relevamiento de información se pudo determinar el despliegue de la actividad prostibularia por parte de los explotadores y, comprobada al continuidad del funcionamientos de varios "privados", se procedió a realizar los cuarenta allanamientos.

Los treinta y dos domicilios utilizados para la explotación fueron clausurados por el juzgado.