El fiscal subrogante de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, Julio Zárate, actuando coordinadamente con la cotitular de la Protex, Alejandra Mángano, y el fiscal a cargo de la Procunar, Diego Iglesias, solicitaron el sobreseimiento de una mujer que fue detenida con un kilogramo de cocaína en el aeropuerto de El Calafate, luego de determinar que había sido víctima del delito de trata de personas y que se habrían aprovechado de su alto grado de vulnerabilidad para desplegar la maniobra de tráfico.

La joven había sido detenida en 2017 por la PSA en el aeropuerto de esa ciudad, luego de sufrir un cuadro epiléptico producto de una intoxicación aguda, debido a que llevaba un envoltorio con cocaína en el interior de sus genitales. Minutos más tarde fue trasladada al hospital local, donde se la sometió a estudios médicos y se descubrió que llevaba más envoltorios en su corpiño. En total, llevaba 1157 gramos de estupefaciente.

Sin embargo, el avance de la investigación permitió reunir diversos elementos de prueba que llevaron a los fiscales a evaluar la situación desde otra óptica. En ese sentido, repararon en el análisis del contenido de su teléfono celular, tarea que permitió detectar múltiples amenazas recibidas desde un número desconocido luego de ser detenida.

El MPF dictaminó que la imputada presentaba "un alto grado de vulnerabilidad que fue aprovechado por los verdaderos responsables de la maniobra"

Sobre esa base, se dictaminó que la imputada presentaba “un alto grado de vulnerabilidad que fue aprovechado por los verdaderos responsables de la maniobra, lo cual la coloca en una situación reductora de la autodeterminación que no habilita a sostener el reproche que exige la norma”.

Explotación sexual, amenazas y desarraigo

Los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron la situación de explotación sexual previa a la que se hallaba sometida la víctima, el trayecto que tuvo que realizar para obtener el material estupefaciente, el pago efectuado por otra persona de los pasajes, las amenazas recibidas tras su detención, así como otros factores tales como el desarraigo, su precaria situación económica y el endeudamiento generado por la misma situación de explotación, entre otros elementos.

Con toda esta evidencia reunida, los fiscales concluyeron que la mujer había sido víctima de los delitos de tráfico de estupefacientes agravado por haber mediado intimidación, en concurso ideal con el de trata de personas agravado por haberse cometido mediante amenazas, razón por la cual pidieron que la investigación se profundice respecto de los verdaderos responsables del hecho.

Finalmente, solicitaron que en este caso se reconozcan las garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas, especialmente en lo atinente a recibir asistencia psicológica y médica gratuitas, medios económicos de subsistencia, capacitación laboral y búsqueda de empleo (de acurdo al título II de la ley 26.364).