El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a los dueños del prostíbulo denominado “Venus”, ubicado en la localidad de Sierra Grande, provincia de Río Negro. Los jueces Armando Mario Marquez, Alejandro Silva y Orlando Arcángel Coscia sentenciaron a siete años de prisión a Raúl Arnoldo Colos y seis a Magdalena Cuellar y al encargado del boliche, Carlos Alberto Roldán. Los imputados fueron encontrados culpables de haber captado, a través del engaño, al menos a cuatro víctimas en situación de vulnerabilidad en la República del Paraguay, para explotarlas sexualmente entre mayo de 2008 y mediados de 2011. También, ordenaron el decomiso, la destrucción y la devolución “de los efectos” del local nocturno.

Durante la investigación, se comprobó que la banda instrumentó un sistema de multas y deudas, lo que generó aún más control sobre las víctimas, además de haberlas mantenido cautivas y someterlas a maltrato físico. El debate oral, en el que intervino la fiscal Monica Belenguer, se realizó entre el 14 y el 29 de noviembre. A lo largo de las audiencias, declararon 11 testigos, entre ellos, dos de las víctimas.

El caso  

La causa se inició a raíz de un pedido de asistencia internacional formulado por la fiscal de la Unidad     N°1 especializada en Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de Asunción del Paraguay, Teresa Martínez Acosta, luego de que la madre de una joven de 18 años radicara una denuncia en ese país. En esa oportunidad, la mujer expuso que su hija había viajado a Argentina con su hermana para trabajar en tareas de limpieza pero se había enterado que además la obligaban a ejercer la prostitución.

Esto motivó el inicio de la investigación y el allanamiento realizado el 17 de marzo de 2011 en el prostíbulo, que contaba con habilitación Municipal y en los que se realizaban controles sanitarios. Si bien se corroboró que la hija de la denunciante había retornado a Paraguay, la Fiscalía mantuvo el interés en verificar que no hubiera otras ciudadanas extranjeras en el local Venus, ubicado en la ciudad de Sierra Grande. Como resultado, cuatro jóvenes en situación de vulnerabilidad de entre 18 y 22 años fueron rescatadas.

A lo largo del proceso, las víctimas que declararon haberse endeudado con los imputados por los gastos del traslado, la subsistencia y eventuales trámites migratorios. Por otro lado, varios testimonios dieron cuenta de que les imponían multas por no “trabajar” algún día. Este sistema le permitió a los imputados el control de las mujeres.

Según los testimonios, Roldan llevaba la contabilidad para Cuellar y Colos, lo cual hacía prácticamente imposible para ellas verificar cuáles eran las ganancias y estado de las cuentas.