22 de julio de 2024
22 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervinieron la fiscal subrogante Paula Gallo y la auxiliar fiscal Vanina Pedrana
Salta: condenan a 10 años de prisión a una mujer por trata de personas con fines de explotación laboral de tres jóvenes captadas en Bolivia
Las víctimas son adolescentes que habían sido captadas en una mina de Potosí para su traslado a Buenos Aires, donde iban a ser explotadas en un taller textil. El proceso registra como antecedentes otras dos condenas a 10 años de prisión y 5 años de prisión, impuestas a la hija y a la pareja de la mujer en agosto y diciembre pasado, respectivamente.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, con integración unipersonal, condenó el 25 de marzo pasado a Rosse Mary Aguilar García a la pena de 10 años de prisión por el delito de trata de personas, agravada por la vulnerabilidad, la cantidad y la minoridad de las víctimas y por el número de imputados intervinientes, bajo la modalidad de captación y traslado.

La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Elisa Catalano, quien también dispuso una indemnización de 2.628.816 pesos para cada una de las tres víctimas del caso, tal como lo reclamó el titular de la Defensoría Pública de Víctimas, Nicolás Escandar. El cumplimiento de tal medida quedará a cargo del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas.

La condena a Aguilar García es la tercera relacionada con esta causa. Se suma a la de su pareja, Braulio Armella Mamani, quien recibió el 29 de diciembre pasado cinco años de prisión por el mismo delito en el marco de un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio. Previamente, el 4 agosto de 2023, la jueza Catalano había impuesto 10 años de prisión a la hija de ambos, Karla Yoselín Mamani Aguilar.

La fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, y la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, representaron al Ministerio Público Fiscal en todos los casos. La actuación de la fiscalía se había iniciado el 27 de febrero del año pasado a partir del control realizado a un colectivo de larga distancia en el puesto El Naranjo, en Rosario de la Frontera.

En esa oportunidad, al verificar la documentación de los pasajeros, personal de Gendarmería Nacional detectó que Mamani Aguilar no tenía ningún documento que acreditara su identidad. La mujer solo dijo que era oriunda de Bolivia y alegó que iba a Buenos Aires. Otra pasajera, de 17 años, indicó que la acusada era su tía y que viajaban juntas.

Lo mismo sucedió con otras dos adolescentes de 16 años, quienes manifestaron lo mismo y explicaron que iban a visitar a sus familiares, aunque ninguna de las tres menores de edad poseía la respectiva autorización de sus padres ni tampoco las tarjetas migratorias.

Ante esas irregularidades, la fuerza de seguridad dio intervención a la fiscalía, que llevó adelante una investigación que permitió avanzar con la imputación penal de Mamani Aguilar y la asistencia integral a las tres adolescentes, que incluyó los trámites necesarios para su retorno a Bolivia.

La fiscalía estableció que la acusada adquirió los cuatro pasajes y que, al momento de la compra, sostuvo que una de las menores de edad era su cuñada y que las otras dos eran sobrinas. Determinó además que, tres días antes, había viajado de Buenos Aires a la localidad de Aguas Blancas, en Orán, por la misma empresa.

La fiscalía expuso que Aguilar García fue la encargada de captar a las tres adolescentes, de 16 y 17 años de edad, quienes trabajaban en una mina ubicada en la ciudad boliviana de Potosí bajo un extremo grado de vulnerabilidad.

Roles

La maniobra fue explicada en detalle por la fiscal ante la jueza Catalano durante el debate. Expuso que Aguilar García, la madre de Yoselín, fue la encargada de captar a las tres adolescentes, quienes trabajaban en una mina ubicada en la ciudad boliviana de Potosí bajo un extremo grado de vulnerabilidad.

Indicó que, aprovechándose de ello y con la complicidad de Armella Mamani, que cumplió el rol de traslado, sacaron a las adolescentes de ese ámbito y, a cambio, les ofrecieron trabajar en un taller textil, en Buenos Aires, con un jornal de 15 horas ininterrumpidas, de lunes a sábado, por el pago de 75 mil pesos semanales, más alojamiento y comida.

Dado que las tres jóvenes no tenían contacto con sus padres, la acusada, con la ayuda de su pareja, las trasladaron en un vehículo hasta la localidad de Tarija, en Bolivia. Desde allí, la hija de ambos se encargó del paso de las víctimas por un paso ilegal, a través del río Bermejo, en Chalanas.

La pareja, en tanto, cruzó en un vehículo particular marca Peugeot por uno de los pasos habilitados, para luego seguir a modo de apoyo la travesía que hacía en el micro su hija con las víctimas, hasta que se produjo su detención en el control de El Naranjo.

Aguilar García y Armella Mamani escaparon, razón por la cual el juez Bavio, a pedido de la fiscalía, ordenó la captura nacional e internacional de ambos. El hombre fue detenido el 22 de septiembre pasado en el marco de un procedimiento realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Buenos Aires, en una terminal de transferencia de carga ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati.

En tanto, Aguilar García se entregó de forma espontánea el 27 de noviembre pasado en la Guardia de Prevención de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el partido bonaerense de Ezeiza. El 1° de diciembre la fiscalía formalizó la imputación penal correspondiente.

Tal como lo había hecho en el juicio a la hija de la acusada, la fiscal explicó que había llegado a un acuerdo con la defensa, a partir del cual la responsabilidad penal quedó firme y el motivo del debate solamente se circunscribiría a la determinación de la pena.

No obstante, la fiscalía repasó los elementos de prueba que, en cierta manera, llevaron a la defensa al punto de no discutir la participación de su clienta en el hecho. Entre algunas de las evidencias, mencionó el registro migratorio, del cual surgen múltiples pasos: el último de ellos dio cuenta del ingreso al país por el paso de Aguas Blancas el día del hecho a bordo del autor que habían usada para trasladar a las víctimas desde Potosí.

La jueza Catalano hizo lugar al decomiso de diferentes bienes secuestrados en el proceso y dispuso una indemnización de 2.628.816 pesos para cada una de las tres adolescentes que había solicitado el defensor de víctimas.

Víctimas

En declaraciones por circuito cerrado de televisión, las víctimas sostuvieron que fueron buscadas por la acusada y su esposo, a quienes nombraron como “Rosa” y “Braulio”. Explicaron que la acusada las “persiguió” y les insistió para que accedieran a trabajar en el taller textual, que aducía que era de su propiedad y del cual incluso le mostró imágenes a través del teléfono celular.

Al analizar la oferta laboral realizada a las víctimas, la fiscal recordó que la ley N°20.744, de Contrato de Trabajo, establece 48 horas a la semana, mientras que el ofrecimiento de la acusada era de 90. Con ello, consideró que quedó reflejado el fin de explotación laboral.

A partir de las entrevistas que la responsable del Área de Atención a las Víctimas, la psicóloga Verónica Olguín Rufino, la fiscalía estableció que las tres adolescentes estaban en un extremo estado de vulnerabilidad, ya que desarrollaban tareas manuales en la mina de Potosí en la que fueron captadas, donde residían en condiciones precarias en un mismo cuarto y alejadas de la casa de sus padres y madres.

Al momento de evaluar la pena, la fiscalía solicitó para Aguilar García la misma que había sido aplicada a su hija, de 10 años de prisión, pero bajo la modalidad de cumplimiento domiciliario, ya que la acusada tiene a su cargo el cuidado de dos hijos menores de edad y es su única responsable, dado que su pareja, Armella Mamani, cumple en prisión en efectiva la pena de 5 años de prisión por el mismo delito.

El planteo fiscal no fue discutido por la defensa y, a la vez, fue aceptado por la acusada, lo que allanó el camino para la sentencia final. La jueza coincidió con los argumentos expresados por la fiscalía y otorgó a las tres víctimas la indemnización requerida por el defensor de víctimas.

Por último, concedió el decomiso a favor del Estado Nacional de un automóvil, la suma de poco más de 20 mil pesos y alrededor de 23 bultos, con prendas de vestir y maquinaria textil, que habían sido secuestrados en un inmueble de Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires, que fue desmantelado tras la detención de Armella Mamani.