El fiscal federal Francisco Maldonado solicitó la elevación a juicio de Aldo Carrascosa y Julio Córdoba, señalados de ser, respectivamente, el dueño de dos campos ubicados en la provincia de San Juan y el capataz de una de las fincas, predios donde habrían sido explotados laboralmente al menos 25 trabajadores en situación de vulnerabilidad, cuatro de ellos menores de edad.

Además, los imputados habrían participado del engaño y traslado de las víctimas, todas oriundas de la provincia de Tucumán, para trabajar en los campos dedicado a la cosecha de uva. Por su parte, el capataz de otro predio, también propiedad de Carrascosa, se encuentra prófugo.

Según el relato de las víctimas, las ofertas laborales engañosas consistían en ofrecer trabajo bien pago en los campos de Carrascosa, propuesta que incluía el alojamiento. De esta manera, viajaron en un ómnibus gratuito y, según consta en el dictamen de la fiscalía, algunas víctimas manifestaron que “fue pagado por el Gobierno de la Provincia de Tucumán” y hubo quienes nombraron a “FOTIA” y a “UATRE”. Al llegar a San Juan, el colectivo los dejó en una estación de servicio y de ahí se dirigieron a una de las fincas en un camión que ellos abonaron.

Una vez allí fueron sometidos a condiciones infrahumanas sin percibir el salario prometido. Como consecuencia, algunas de las víctimas realizaron la denuncia ante el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), lo que derivó en inspecciones realizadas en dos de los campos, uno ubicado en la localidad de Zonda y otro en la localidad de Albardón.

De las actas labradas por los organismos de control surgen las paupérrimas condiciones del inmueble. No tenían baños, comedor, cocina, agua potable, energía eléctrica y no había ninguna construcción para alojar a los trabajadores. Los inspectores que participaron del operativo explicaron al momento de brindar testimonio que había niños de corta edad, que los trabajadores hacían la comida en una olla entre los parrales, y hasta describieron el paso de un avión fumigador a corta distancia de donde residían los trabajadores. También aseguraron que al momento de la fiscalización muchas personas huyeron y otras se escondieron.

Fue así como, en noviembre de 2014, se inició la investigación que quedó radicada en la fiscalía federal luego de la denuncia de los trabajadores ante el RENATEA por la situación en la finca ubicada en  Albardón. Luego, en diciembre de ese mismo año, por otra denuncia de RENATEA se inició otra causa por la explotación en el campo ubicado en la localidad de Zonda. Las causas se unificaron al tratarse de hechos similiares atribuidos a las mismas personas y, en mayo de 2015, los acusados fueron procesados.

Trata de personas con fines de explotación laboral

La imputación que recae sobre los dos acusados es de haber captado, trasladado, acogido y explotado laboralmente al menos a 25 trabajadores, cuatro de ellos menores de edad, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban.

Para la fiscalía quedó demostrado que en noviembre de 2014 fueron captadas al menos 19 personas en la provincia de Tucumán por un cuadrillero identificado como Sandro Javier Bordón, que se encuentra prófugo, con una oferta engañosa de empleo, remuneración, jornadas y condiciones laborales, en campos ubicados en la provincia de San Juan. Así, los trabajadores temporarios llegaron  a San Juan el 13 de noviembre de 2014, trasladados en un ómnibus que, según el testimonio de las víctimas, fue solicitado por medio del gremio y a cargo de la provincia de Tucumán. Ese mismo día, las víctimas fueron acogidas en dos inmuebles de Carrascosa, en la localidad de Albardón. Un grupo de trabajadores fue alojado en un sector de la vivienda donde también vivía la casera mientras que la otra parte debió residir en una cámara frigorífica en desuso, que se encontraba en el interior de la finca en la cual tenían que prestar servicios para el imputado Carrascosa.

Las magras condiciones de ambos sitios, inapropiadas para el hábitat, la higiene, recreación y descanso digno de los trabajadores fueron corroboradas por el personal del equipo de rescate del ministerio de Desarrollo Humano y por los inspectores de AFIP, y RENATEA, que además aportaron imágenes de los lugares.

Procedimiento en el campo de Albardón

El operativo se llevó adelante el 18 de noviembre de 2014. Los testigos refirieron que trabajaron los viernes, sábados y lunes; algunos 8 y 10 horas aproximadamente y otros 12 horas por día, limpiando la finca, cosechando frutos y cargando camiones, pero nunca les entregaron guantes ni ropa adecuada para las tareas y tampoco les pagaron. Además, todos describieron las mismas condiciones insalubres en que residían. Algunos vivían en un galpón y otros en casas de barro y cañas, ambos en muy malas condiciones, sin baños, agua potable, cocina, heladera ni electricidad. Las víctimas que residían en las casas de adobe manifestaron que solo tenían dos horas de luz a la noche porque la casera del lugar les cortaba la energía eléctrica. Además, le cobraba por el hielo, para cargar la batería del teléfono celular y les exigía el pago de $1500 por el alojamiento.

Las víctimas menores de edad relataron que tuvieron que realizar trabajos forzados que consistían en limpiar la finca, cargar troncos grandes y elementos pesados, y que los hacían trabajar hasta las 12 de la noche.

Según el informe elaborado por la AFIP, realizado en noviembre de 2014, en esa finca once trabajadores  habitaban en una cámara frigorífica en desuso, con espacios comunes para descanso y constituidos por colchones ubicados en el piso y sobre pallets usados. Los alimentos estaban sobre una mesa sin refrigeración, no contaban con agua potable, la conexión eléctrica era precaria y los sanitarios no tenían conexión a la red cloacal, pozo y agua.

Finalmente, también  se agregó un informe elaborado por el Departamento de Bomberos de la policía de San Juan  en relación a un incendio ocurrido el 24 de enero de 2014 en ese campo dando cuenta que en el lugar se habían dispuesto cajones de madera, rollos de cañizos que estaban siendo afectados por un proceso de combustión en forma completa, ofreciendo peligros de propagación al resto de la propiedad. El informe agregó que, a simple vista, se apreciaba en diferentes puntos varias edificaciones precarias de nylon, carpa y estructuras de rollizos de madera, las cuales aparentemente eran habitadas por los trabajadores.

Por último, existe otro informe aportado por la Municipalidad de Albardón que indica que de acuerdo a lo informado por la Oficina de Rentas ninguna persona ni empresa había requerido inspección de energía ni habilitación municipal del predio.