El fiscal federal subrogante de San Juan Francisco Maldonado solicitó la elevación a juicio de un hombre y su padre acusados de haber captado, trasladado y acogido con fines de explotación a una joven de 14 años y haberla obligado a mantener una unión de aparente matrimonio con uno de ellos, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima, privándola de su libertad, realizándole suplantación de identidad  y mediando violencia y amenazas. Los hechos habrían ocurrido a lo largo del año 2013, cuando ella tenía 14 años.

Los imputados, quienes al igual que la víctima pertenecen a la comunidad gitana, llegan a esta instancia en libertad. Según el dictamen elaborado por el representante del MPF, la joven fue trasladada a la provincia de San Juan cuando tenía 14 años, en contra de su voluntad, sin su documentación  y sin que su madre tenga conocimiento de ello. En ese domicilio los imputados la acogieron y mantuvieron retenida hasta el 4 de enero de 2017.

Para la Fiscalía, los hechos reseñados constituyen suficiente motivo para deducir el requerimiento de elevación a juicio, en tanto y en cuanto las conductas descriptas merecen el reproche penal que prevé el art. 145 bis, agravado por el art. 145 ter, inc. 1° y 2° y 3° párrafo, según ley 26.482, art. 138 y art. 293 en función del art. 292 segundo párrafo, todos del Código Penal, respecto a los dos imputados.

En su dictamen,  el fiscal aseguró que la explotación se encuentra acreditada a partir del reconocimiento de la unión de aparente matrimonio que mantenía uno de los imputados y la víctima. “Para analizar la validez que podría tener el consentimiento de la menor para contraer esa unión convivencial, debe tenerse presente que la víctima tenía 14 años cuando fue seducida, es decir, captada por el imputado, siendo en ese entonces una adolescente que aún  no contaba con la madurez suficiente, siendo demasiado joven como para estar preparada física y psicológicamente para la vida adulta o para tomar decisiones conscientes e informadas, y que se hizo sin la venia de su progenitora”.

Por otra parte, resaltó que “si se sostiene que la joven pudo consentir libremente esa unión, los sucesivos episodios de violencia de los que fue víctima y los intentos de huida, dan cuenta que la convivencia se mantuvo durante años de manera forzosa, con violencia, amenazas y con la libertad coartada”.

"Los sucesivos episodios de violencia de los que fue víctima y los intentos de huida, dan cuenta que la convivencia se mantuvo durante años de manera forzosa, con violencia, amenazas y con la libertad coartada”, sostuvo la Fiscalía.

Con respecto al delito previsto en el artículo 138 del Código Penal que se les atribuye a los imputados, el fiscal sostuvo que “puede afirmarse que se ha alterado el estado civil de la víctima y de sus hijas toda vez que se le atribuyó una identidad falsa, extendiendo en consecuencia un documento de identidad que no se corresponde con las verdaderas circunstancias personales de la víctima. (..). De manera que se alteró el estado civil y filiación de la víctima, en tanto se sustituyeron datos o condiciones determinantes de los mismos, cambiándolos por otros. Esta forma delictual  requiere la asignación al sujeto pasivo de un estado civil falso, distinto al que realmente tiene de manera que se hace aparecer como real una situación que no es la que corresponde efectivamente a los hechos, habiéndose colocado a la víctima en situación de ser otra”.

Origen de la investigación

La causa se inició en enero del corriente año por una denuncia formulada por el Programa de Rescate y Asistencia de Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en coordinación con la línea 102 de Restitución de Derechos, y remitida por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, del ministerio de Desarrollo Humano de San Juan a la fiscalía federal. En esa oportunidad, se puso de conocimiento de una serie de hechos delictivos que habría sufrido la víctima.

A lo largo de la investigación, la víctima fue entrevistada y describió que conoció al padre de sus hijas, de 24 años, a través de las redes sociales. Que el hombre había viajado a Entre Ríos en dos oportunidades con el objetivo de trasladar a la joven a San Juan a vivir con él y su familia y que le habría dicho que necesitaba una compañera que realizara tareas domésticas.

Una vez que arribó, fue recibida por toda la familia del imputado y luego de estar instalada la familia inició el trámite para la realización de un nuevo documento nacional de identidad modificando su verdadero nombre y fecha de nacimiento, haciendo figurar una edad mayor a la real.

A lo largo de los años la joven tuvo dos hijas con uno de los imputados. En su declaración, la víctima declaró que la familia habría ejercido numerosos episodios de violencia verbal y física hacia ella y las hijas. Además, detalló que se encontraba en un estado de absoluta incomunicación con su familia de origen ya que al llegar le quitaron su teléfono celular. Asimismo, describió que la familia ejercía control sobre la posesión de la documentación personal tanto de ella como de sus  hijas y que también le impedían el movimiento libre y voluntario en la ciudad. Con respecto al manejo del dinero, debía dar aviso a cada necesidad que  presentaba ya que no tenía acceso al mismo y había intentado huir en reiteradas oportunidades con resultados frustrados debido al excesivo control ejercido sobre ella.

Finalmente, la joven logró escaparse hasta la casa de una vecina donde pudo ponerse en contacto con su familia de origen a través de internet.