Mañana, a partir de las 9:30, comenzará la etapa de alegatos en un juicio oral por un caso de trata de personas con fines de explotación sexual ocurrido en la provincia de San Luis. Se trata de una banda integrada por siete personas acusadas de haber captado, trasladado y explotado al menos 42 mujeres, la mayoría de nacionalidad dominicana y paraguaya, en situación de vulnerabilidad en tres prostíbulos, dos de ellos ubicados en la ciudad de San Luis y el restante en cercanías de la localidad de La Toma.

Sergio Hugo Geremía, Oscar Roberto Fabiani, Juan Alberto Camejo, Amadeo Alberto Gramuglia, Alejandro Domingo Orquera, Walter Mariano Torres y Felisa Virginia Sosa habrían participado en la captación, traslado, y acogimiento con fines de explotación sexual de las víctimas, abusando de la situación de vulnerabilidad extrema en que las mujeres se encontraban, y del regenteo de los prostíbulos denominados “La Luna”, “Venus” y “Pelvis Club Nocturno”(también conocido como “El Cruce”).

Geremia y Fabiani, acusados de ser los autores principales, eran los dueños de los locales nocturnos y habrían dirigido los negocios ilegales en forma organizada y coordinada con la colaboración necesaria de Camejo (fallecido), quien habría sido el encargado en el boliche “La Toma”. Gramuglia (también fallecido), Orquera y Sosa habrían desempeñado la misma función en el boliche “Venus”, mientras que Torres y Orquera en “La Luna”, además habría oficiado de remisero de dos de los tres prostíbulos.

La banda habría tenido un sistema de “rotación” respecto a las víctimas y los tres locales nocturnos, además de un sistema de “multas”.

En el juicio, que comenzó en octubre de 2014, interviene la fiscal Mónica Spagnuolo y en la investigación contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo.

Origen del caso

La causa se inició en febrero de 2012 a raíz de una investigación ordenada por Spagnuolo de que soliticitó a la Agencia Regional Federal de Cuyo de la Policía Federal Argentina un relevamiento de todas las wiskerías existentes en la provincia de San Luis a los fines de determinar la trata y otros delitos conexos. Durante el trabajo, se determinó que dos personas eran dueñas de tres prostíbulos, dos de ellos denominados “Venus” y “La Luna”, ubicados en la ciudad de San Luis, y  el restante denominado “Pelvis Club”, situado a 10 kilómetros aproximadamente de la localidad de La Toma. También, se estableció que se explotaban sexualmente a mujeres oriundas de República Dominicana  y del Paraguay. Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones recibió una llamada anónima de una mujer que dijo que trabajaba en una whiskería llamada “Venus”  y que se encontraba retenida contra su voluntad y encerrada en un cuarto del boliche. Ante la posible presencia de víctimas de trata de personas, la fiscal solicitó los allanamientos.

Allanamientos

Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en marzo de 2012, con la asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia. En el prostíbulo “Venus”, se rescataron 21 víctimas en situación de vulnerabilidad, doce de ellas residían en el lugar: dos de nacionalidad argentina; una, brasilera; seis oriundas de Paraguay, y 12 dominicanas.

Algunas de las víctimas relataron que hacía 10 años se encontraban “trabajando” ahí y el resto entre cinco y dos años. El lugar contaba con diez dormitorios de los cuales cinco habrían sido utilizados para los denominados “pases” y los restantes para "viviendas". Además, se determinó que tanto la cocina como los baños carecían de las medidas mínimas de seguridad e higiene. Finalmente, se identificó a un hombre que manifestó ser el encargado del lugar, una cajera, un mozo, un portero y un barman.

El segundo local allanado fue "La Luna”. Allí, se rescató a 13 víctimas en situación de vulnerabilidad oriundas de República Dominicana, Paraguay y Argentina. En el lugar, había tres habitaciones utilizadas para realizar los “pases”, un cuarto que hacía las veces de depósito y cocina.

Las mujeres dijeron que los dueños del prostíbulo también serían los responsables de otros locales denominados “Venus” y “La Toma”, también conocido como “El Cruce”. Identificaron también a los encargados del boliche e indicaron que uno sería el mismo que se ocupaba del traslado de las mujeres desde la terminal de ómnibus y de llevarlas a realizarse análisis médicos para luego tramitar las libretas sanitarias y trámites migratorios.

Finalmente, el tercer local allanado fue “Pelvis club nocturno” (también conocido como “La Toma” o “El Cruce”) de donde rescató a ocho mujeres en situación de vulnerabilidad: seis de ellas de República Dominicana y dos del Paraguay. La víctimas indicaron que el lugar se manejaba con el sistema de “plazas” que consiste en que las mujeres residen en el lugar entre 21 días y un mes y luego retornaban a sus domicilios a modo de “descanso” durante, aproximadamente, 15 días. Algunas de ellas declararon que fueron “rotadas” entre otros prostíbulos de los mismos dueños que serían “Venus” y “La Luna”.

En todos los locales se registraron habitaciones que habrían sido utilizadas para realizar los “pases” y otras que habrían funcionado como dormitorios. En los tres prostíbulos hallaron estudios médicos y libretas sanitarias que les habrían hecho tramitar como requisito para “trabajar” y que eran retenidos por los imputados. Además, se secuestraron preservativos, dinero, planillas, fichas, cheques, pasajes, copia de envío de dinero a la República de Paraguay a través de la empresa Western Union y pulseras de goma de colores diferentes.

Según la declaración de las víctimas, los acusados le retenían el 50% del valor de los “pases” y les entregaban una pulsera de color diferente de acuerdo a la duración. En caso de acompañar a los “clientes” a una salida por fuera del prostíbulo, el costo era diferente y se hacía a través de un “remis de confianza” de los responsables del lugar.

Por otro lado, muchas de ellas detallaron que muchas veces asistían al prostíbulo policías uniformados y de civil ya sea en calidad de “clientes” o para realizar controles. En la misma línea, en uno de los locales, personal de la Municipalidad habría realizado controles de habilitación o de libretas sanitarias.

A partir de las entrevistas realizadas, surgió además que los prostíbulos habrían funcionado entre las 22:00 y las 6:00, pero el horario “variaría según la demanda de clientes”. Una de las víctimas declaró que por la mañana, mientras limpiaban el boliche, solían pasar “unas horas encerradas”. Asimismo, mencionaron la existencia de “multas” en caso de no cumplir con las “reglas” e indicaron que se les descontaban los gastos por comidas, higiene, tarjetas de teléfono, pasajes y préstamos.

Las víctimas relataron que tomaron conocimiento del prostíbulo a través de otras mujeres que habían ejercido la prostitución tanto en ese como en otros locales nocturnos de los mismos dueños. Describieron también que arreglaron el modo del traslado de manera telefónica con miembros de la organización y se pudo constatar la facilitación de pasajes por parte de los acusados. Varias de ellas declararon que el costo del traslado luego era descontado y tomado como deuda que luego debían saldar con “trabajo”. Una vez que llegaban a la terminal de San Luis, eran llevadas hasta el prostíbulo.

Si bien 21 de las 42 mujeres se residían en los mismos lugares, para la fiscal, “la mayoría de ellas vivieron en ellos al arribar a los mismos”. En ese sentido, la representante del Ministerio Público destacó la ubicación del tercer prostíbulo denominado “Pelvis Club”, ya que “se encuentra aislado, fuera de la población, sobre la ruta”, sin vecinos en los alrededores y sin dinero, lo que “favorecería la permanencia de ellas en el lugar”. Además, algunas víctimas refirieron que, de existir conflictos entre ellas, eran enviadas a este último ya que era el lugar que peores condiciones presentaba. Una mujer, detalló que fue enviada allí porque “se había puesto gorda”.

En el caso de aquellas que no vivían en el lugar, habrían sido trasladadas desde y hacía allí en forma cotidiana por uno de los imputados en autos, “generando de esta manera un control similar a las que residen en los lugares, en relación al tiempo de permanencia y ‘trabajo’ en los mismos”, agregó la fiscal en uno de sus escritos.