La fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, Alejandra Mángano, solicitó la elevación a juicio de una pareja acusada de ser coautora del delito de trata de personas con fines de explotación laboral respecto de tres sobrinas menores de edad, en un local de ropa ubicado en el predio denominado “La Saladita”. Los hechos ocurrieron entre febrero de 2013 y noviembre de 2015.

Los imputados están acusados de haber trasladado a las tres víctimas desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta la República Argentina, en febrero de 2013. Una vez arribadas, fueron acogidas en un domicilio de la calle Echeandía, en el barrio porteño de Villa Lugano, y obligadas a trabajar en el local tres veces por semana, desde las 18 hasta las 6 de la mañana del día siguiente, sin ingerir alimentos durante su jornada. Asimismo, eran forzadas a realizar tareas domésticas en la vivienda particular. De acuerdo a la pesquisa, desde su llegada al país sufrieron malos tratos y agresiones físicas constantes por parte de ambos acusados para someterlas a los trabajos que debían realizar, “las hermanas mayores en la feria mientras que la menor haciendo las tareas del hogar”. “Además, a la mujer se le endilga la captación y el traslado de las menores en y desde Bolivia hacia la República Argentina”, remarcó la representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen.

Para la fiscal, la pareja de imputados acogió a las tres menores de edad con la finalidad de explotarlas laboralmente en el período mencionado. Ello habría ocurrido “a través del uso de violencia y abusando de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban, aprovechando su calidad de encargados de la educación y guarda de las víctimas, habiéndose consumado efectivamente dicha explotación”.

En la investigación de este caso había colaborado la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

El inicio de la investigación

La pesquisa comenzó a raíz de la denuncia formulada por el padre de las víctimas, quien acusó a los imputados de haberlas maltratado y enviado a trabajar a la feria, motivo por el cual debían faltar al colegio. El hombre explicó que la imputada le impedía ir a visitar a sus hijas con la excusa de que necesitaban tiempo para “acomodarse”.

En cuanto a los episodios denunciados, el primero ocurrió en noviembre de 2013, cuando la imputada le quemó las palmas de la mano a una de las niñas -por entonces de siete años- porque le sacó cien pesos. Por ese motivo debió ser atendida en el Hospital Piñero. En otra ocasión, le provocaron lesiones con la cadena del perro.

Según se desprende de los testimonios de las niñas -vertidos en la causa a través de Cámara Gesell-, las tres “eran víctimas de constantes ataques por parte de los imputados desde el inicio de la convivencia, agrediéndolas físicamente con cinturones, palos, arrojándoles objetos, tirándoles del pelo y con patadas en distintas partes del cuerpo. Todo ello se daba cuando no cumplían con las tareas que los nombrados les ordenaban”.

Una de ellas refirió además que los castigos corporales se daban con una frecuencia de tres a cinco días y, algunas veces, diariamente. Contó además  que la mujer “se enojaba y después nos pegaba. Nos jalaba del pelo, nos tiraba al piso, nos pegaba. Con el palo nos pegaba también”.