El fiscal Federal Marcelo Rapoport solicitó la elevación a juicio de una pareja acusada de engañar, trasladar y explotar sexualmente al menos a nueve mujeres de nacionalidad argentina, paraguaya y dominicanas en situación de vulnerabilidad en un prostíbulo de índole “privado” ubicados en la ciudad de Río Grande. Según el representante del MPF, el hombre era el responsable del mantenimiento y la logística del negocio y la mujer regenteaba el lugar, impartía directivas y realizaba distintas actividades de planificación de la empresa, como por ejemplo la reubicación de las víctimas. Durante el día, el local era atendido por los padres del imputado.

Las víctimas realizaban los denominados “pases” en la planta alta del domicilio, por los que los "clientes" abonaban entre $400 y $700, de los que los imputados se apropiaban del 35%.

La investigación se inició a raíz de que el representante del MPF tomara conocimiento de un incendio que tuvo lugar el 7 de agosto de 2013 en un domicilio privado. Durante la pesquisa por el siniestro, se determinó que la encargada del lugar “alquilaba” las habitaciones a “mujeres de la noche”. Rapoport estableció que la imputada era la dueña del lugar, que funcionaba como “club nocturno clandestino”. Además, comprobó que paralelamente "subalquilaba” habitaciones a mujeres que “trabajarían como alternadoras y a su vez se alojarían en dicho lugar”, según detalló el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.

Los acusados habrían captado a sus víctimas falsas ofertas laborales. Primero, se encargaban de costear el precio de los pasajes aéreos para trasladar a las mujeres a Tierra del Fuego. El costo, entonces, se transformaba en la primera deuda con los explotadores, valor que se incrementaba con el alquiler del lugar.

Durante la instrucción, la causa se unificó con otras denuncias que derivó en un posterior allanamiento en el domicilio. El caso contó con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina con asiento en la ciudad de Río Grande.