El Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de la Capital Federal condenó hoy a 6 años y 6 meses de prisión a un hombre por haber explotado sexualmente a una mujer y haber facilitado la prostitución de otras 15, entre marzo de 2011 y septiembre de 2012, en tres bares que administraba en el barrio porteño de San Nicolás. En el juicio, donde también fue condenado un policía, intervinieron el titular de la Fiscalía General N°7 ante los TOF, Miguel Ángel Osorio, y la auxiliar fiscal Sabrina Cabrera.

El veredicto fue dado a conocer ayer en los tribunales federal de Retiro y la condena principal recayó sobre Walter Rivero, quien fue considerado coautor de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de una mujer, y por promoción y facilitación de la prostitución, en el caso de otras 15 mujeres.

Además, el agente de la por entonces Comisaría 3ª de la Policía Federal (PFA), Cristián José Bernal, fue condenado a 3 años de prisión por considerarlo autor del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el de la promoción y facilitación de la prostitución ajena, en calidad de partícipe secundario. Se pudo corroborar que junto a otro policía de la misma comisaría -que también fue imputado, pero falleció durante el proceso- recibieron dádivas para proteger el funcionamiento de estos locales.

En tanto, en línea con lo solicitado por Osorio y Cabrera, un hombre y una mujer, que habían llegado a juicio acusados de ser los encargados de los locales cuando se realizaron los allanamientos, fueron absueltos.

Por otro lado, el tribunal ordenó diferir, en un incidente por separado, el tratamiento de la solicitud de reparación del daño, tanto para la hija de la denunciante de la explotación sexual -fallecida en 2011- como para las víctimas halladas durante los allanamientos que se realizaron en los locales porteños en el marco de la investigación.

En su alegato, los representantes del MPF habían pedido al tribunal que se destinen 108.281.725 pesos para la hija de la damnificada, y que, en concepto de reparación del daño causado por la promoción y facilitación de la prostitución ajena, se destinen unos 291.790.343,83 pesos al Programa Nacional para la Instrumentación de las Reparaciones Integrales a las Víctimas del Delito de Trata de Personas.

Por último, y también a instancia de los solicitado por el MPF, se ordenó que la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC) contacte a las mujeres que se encontraban presentes en los allanamientos de los locales para hacerles saber la existencia de aquel programa nacional para las reparaciones integrales a las víctimas de trata.

El juicio oral -producto de dos causas que fueron unificadas- empezó en diciembre de 2023 ante el tribunal compuesto por los jueces José Antonio Michilini, Ricardo Basílico y Adrián Grünberg. A lo largo de las audiencias, declararon 105 testigos y las jornadas de alegato de la fiscalía se realizaron el 17 y 18 de noviembre pasado. Los fundamentos se conocerán el 18 de marzo de 2026.

El fiscal general Miguel Ángel Osorio. Foto de archivo: Claudia Conteris/ Fiscales.gob.ar

El caso

La primera de las dos causas se inició con una investigación preliminar efectuada por la entonces Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) -ahora Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)-, centrada en distintos locales de la ciudad de Buenos Aires vinculados a posibles hechos de trata de personas.

Como consecuencia de ello, en marzo de 2011 fueron allanados más de un centenar de locales nocturnos que funcionaban bajo la apariencia de comercios lícitos. En uno de esos locales se encontró a la víctima de trata, que al momento de declarar detalló los hechos ocurridos en los locales del ahora condenado Walter Rivero y su padre Hugo Rivero -coimputado ya fallecido-.

Según la fiscalía, en marzo de 2008, Walter Rivero captó a la víctima denunciante a través de una falsa oferta laboral y que, luego de un tiempo, junto a su padre Hugo, la forzaron, mediante violencia física y amenazas, a mantener relaciones sexuales principalmente en el local de la calle Suipacha 532, denominado "Classic Irish Pub", como así también en los otros dos locales, donde eventualmente hacía rotaciones, ubicados en Esmeralda 470 y Maipú 486, que funcionaban bajo los nombres "Keops" y "Kir Royal", respectivamente. Los Rivero se quedaban con al menos el 65% de las ganancias obtenidas de su explotación sexual.

Durante el alegato, Osorio y Cabrera sostuvieron que, en el último período de su explotación, la víctima denunciante tenía restringida su libertad al estar todo el día acompañada y “cumpliendo funciones” para los Rivero. Esa situación perduró alrededor de tres años, hasta los primeros días de marzo de 2011, oportunidad en que la mujer logró escapar del local de la calle Suipacha.

Según se expuso en el debate, en al menos dos oportunidades, la víctima intentó escaparse del lugar donde era explotada, pero debido al gran temor que sentía por los llamados amenazantes que Hugo Rivero le realizaba, y el poder que ambos implicados ostentaban al tener vínculos con las fuerzas de seguridad, regresaba a los locales.

Para el tribunal, se pudo corroborar también que Walter y Hugo Rivero facilitaron y promovieron el ejercicio de la prostitución de al menos otras 15 mujeres, aprovechándose de sus situaciones de vulnerabilidad, en los mismos locales. Esta actividad la llevaron a cabo al menos desde marzo de 2011 hasta el 2 de septiembre de 2012, fechas que los locales fueron allanados gracias a la protección y blindaje que le brindaron Bernal y el otro policía, a cambio de dádivas.