Esta mañana, el fiscal subrogante Pablo Camuña realizó ante la Cámara Federal una ampliación de argumentos en el marco de la apelación presentada en contra de la falta de mérito dictada por el juez federal Fernando Poviña a favor de los dueños de una ladrillera, quienes están acusados de trata de personas con fines de explotación laboral. En su presentación oral y escrita, el representante del Ministerio Público brindó detalles de la situación en que se encontraban los trabajadores y solicitó que se revoque la resolución que benefició a los tres empresarios, que se ordene su procesamiento y que se disponga la inhibición general de los bienes de los acusados y del lugar “donde se verificó la comisión del delito imputado”.

Se trata de un caso que lleva adelante la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, donde Camuña es titular, y de la oficina local de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). A raíz de la investigación, el 1° de junio de este año se realizó un allanamiento en un ladrillero ubicado en la localidad de Las Talitas, provincia de Tucumán. En esa oportunidad, se constató la presencia de 31 víctimas, entre quienes habría menores de edad, que vivían en el mismo lugar donde trabajaban y que se vivían hacinados, con letrinas y, en algunos casos, sin agua potable. Además, del predio, se allanaron las oficinas del propietario de la empresa en busca de documentación.

La denuncia que originó el caso había sido presentada en septiembre de 2014 por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de personas (Protex), Marcelo Colombo, luego de una investigación preliminar realizada por la contraparte de Protex en Tucumán.

Argumentos del fiscal

Para Camuña, el juez realizó una valorización arbitraria de la prueba presentada ya que no tuvo en cuenta la declaración de siete de las víctimas, ni tampoco la información que se desprende de la documentación da "cuenta de la veracidad de los hechos afirmados al momento de formular la imputación”. De esta manera, “se pudieron  verificar las irregularidades de la actividad comercial y la situación de dependencia a la que Néstor, Adrián y Cristian Dhagero, sometieron a los trabajadores”, aseguró el fiscal.

En esa línea, Camuña destacó que “el emprendimiento empresarial ladrillero comandado por Daghero padre e hijos se desarrolla en la más absoluta ilegalidad e informalidad” ya que “la venta de ladrillos se realiza mayormente en negro; la compra de materia prima para la producción también; la oficina comercial no solamente no es un lugar habilitado como tal, sino que además los acusados guardan un arma de grueso calibre en ella; y los trabajadores por supuesto, tampoco gozan de ninguna clase de registración, beneficio social, etc.”.

Y agregó: “Las características de los registros de comercialización de los ladrillos, la mayoría de ellos realizados en papeles manuscritos, en formularios sin validez fiscal, exhibe con claridad la clandestinidad con la que se manejan los acusados a fines de evadir las cargas fiscales, pero también para poder encubrir con éxito la explotación laboral de los trabajadores. De hecho, los pocos comprobantes fiscales válidos que pudieron ser secuestrados en el allanamiento, remarcan la comercialización de ladrillos con la empresa Gade Construcciones de propiedad de familiares directos de los imputados”.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público afirmó que “nada de esto fue ponderado por el juez” así como tampoco las declaraciones de algunas de las víctimas rescatadas durante el allanamiento en el ladrillero en las cuales brindaron detalles de las “pésimas” condiciones de salubridad e higiene en las que debían trabajar.

En esa línea, mencionó que una de las víctimas relató que vivía en la ladrillera desde hacía seis años y que tenía una pieza individual de 4 x 3 metros, de ladrillo asentada en barro, con techo de chapa, piso de tierra y con cocina a leña. Indicó también que no tenía baño, que para higienizarse lo hacía en un tacho con agua y que él ya había trabajado 15 años para el padre de Daghero. El trabajador también afirmó que cuando el personal de la Secretaría de Trabajo asistía al ladrillero, ellos estaban obligados a decir que estaban desde un mes atrás en el lugar.

Con respecto al trabajo, la víctima explicó que consistía en picar la tierra, mojar, pisotear descalzo, ya que con zapatilla no se puede, al otro día volver a pisar, y utilizar la carretilla hasta la mesa para mojar el molde. Finalmente, aseguró que cobraba $400 cada mil ladrillos y que recibía malos tratos y gritos por parte de los acusados. El hombre puntualizó también los riesgos de accidentes laborales a los que estaban expuestos.

En su presentación, el fiscal también hizo hincapié al lugar investigado y sostuvo que “pudo verificarse que todo el predio consiste en una sola unidad productiva, sin división alguna, y que el grupo familiar Daghero es quien maneja la producción interna”. Además, dijo que son ellos quienes sometían a explotación a las víctimas y que, en un primero momento, algunos de los trabajadores estaban bajo supuesta dependencia de Daghero padre y luego pasaron a trabajar para los hijos. “En otros casos habría sucedido al revés. Sin embargo todos permanecían en el mismo lugar y en las mismas condiciones degradantes”. Finalmente, resaltó que las viviendas pertenecen al grupo familiar y que, a su vez, estas personas eran socias comerciales en la SRL “Néstor DAGHERO e Hijos”, con quienes realizan conjuntamente la producción y comercialización.

Otro de los puntos en los que el fiscal reparó fue el hecho de que varias víctimas relataron haber recibido inspecciones por parte  de la Secretaría de Trabajo. “Sin embargo, señalaron que después de ello nunca más pasó nada, y que incluso los Daghero habían arreglado con los inspectores”, subrayó Camuña.

Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que estas pruebas, que no fueron contempladas por el juez, “dan cuenta de esquemas tradicionales y propios de la trata de personas como por ejemplo el endeudamiento inducido, en este caso generado a través de préstamos que los imputados realizaban a las víctimas para cuando estas solventaran sus gastos los días de lluvia que no se pudiese producir”.