27 de octubre de 2021
27 de octubre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El pedido fue realizado por el fiscal subrogante Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Agustín Chit
Tucumán: la fiscalía pidió 12 años de prisión para un empresario acusado de explotar sexualmente a mujeres en distintos prostíbulos
El empresario Roberto Gambandé, dueño de locales y prostíbulos en el centro de la ciudad, está acusado por los delitos cometidos en perjuicio de dos víctimas entre 2012 y 2013, aunque se estima que explotaba sexualmente a mujeres desde 1996. La fiscalía pidió la revocación de su excarcelación y su inmediata detención. Hoy se conocerá el veredicto.

El fiscal general subrogante Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Agustín Chit solicitaron ayer al Tribunal Oral Criminal Federal de Tucumán la pena de 12 años de prisión para el empresario Roberto Gambandé por considerarlo autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de dos víctimas en situación de vulnerabilidad, en las fases de captación y acogimiento.

Además, requirieron que se revoque su excarcelación y se proceda a su inmediata detención. En tanto, solicitaron el decomiso de tres inmuebles, media docena de vehículos, embarcaciones y la reparación a las dos víctimas con montos de 6 y 3 millones de pesos.

De acuerdo con la acusación, a fines de la década del '90 y a principios de los 2000 Gambandé se hizo conocido como dueño de varios boliches, prostíbulos y locales donde se hacían “shows” y fiestas privadas, como despedidas de soltero. A través de falsas ofertas laborales, captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en locales que eran de su propiedad y que estaban ubicados en el centro de la capital provincial.

La investigación del caso se inició en 2012, a raíz de una denuncia anónima sobre el funcionamiento de “JC”, un prostíbulo de los denominados “de puertas abiertas”. Se trataba de un boliche de grandes dimensiones ubicado en el centro de la capital tucumana, al que asistía un público de clase media y alta. Allí se realizaban shows en vivo, bailes, y venta de copas, con encargados en la puerta.

El 17 de mayo de 2013 fue allanado uno de los inmuebles en el que funcionaba un prostíbulo bajo su órbita. En esa oportunidad, fueron identificadas nueve víctimas.

Si bien los hechos investigados ocurrieron en el transcurso de un año, una de las mujeres resaltó que Gambandé desarrollaba actividades ilícitas vinculadas a la explotación sexual de mujeres desde el año 1996.

“La violencia va desde el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad, que es un agravante, hasta la cosificación, la violencia psicológica, institucional y reproductiva”, afirmó el fiscal Camuña.

Según el testimonio de las víctimas, ellas debían realizar los denominados “pases” en las habitaciones que había en el boliche y luego, de manera semanal, les pagaban reteniéndoles el 50 por ciento del valor pagado por los clientes. Además, se les generaba un sistema de deudas mediante el cual se les descontaban diferentes “gastos”, como la compra de preservativos, ropa, comida, servicio de limpieza e incluso las coimas para la policía.

“Si vos necesitabas comprar algo tenías que decirle a él y él te lo compraba y después te lo descontaba”, aseguró una de las víctimas en su declaración.

Durante el debate, declaró una de las víctimas y se incorporó la declaración de la restante, con la modalidad prevista en el artículo 250 quater del Código Procesal Penal de la Nación -que prevé que "siempre que fuera posible" las víctimas de trata sean entrevistadas por un psicólogo sin la intervención directa de las partes-, adaptada a la participación remota. Ambas mujeres relataron que, a veces, para pagar esas deudas trabajaban más para generar más ganancias.

El juicio comenzó el 3 de agosto ante el tribunal integrado por los jueces Enrique Lilljedahl y Jorge Basbus y la jueza María Noel Costa. En la primera audiencia declararon Gambandé y dos víctimas, que lo hicieron acompañadas por el Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas. En el juicio interviene como querellante la Fundación María de los Ángeles. La fiscalía cuenta con la asistencia del representante local de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Daniel Weisemberg,

A lo largo de siete audiencias declararon treinta personas más y una cantidad similar de declaraciones brindadas en la instrucción se incorporó por lectura. Hoy se conocerá el veredicto.

Alegatos

Además de la fiscalía, ayer también expuso la Fundación María de los Ángeles, representada por Carlos Garmendia y Betina Laguna Mendoza, y las defensas del acusado, representado por Macario Santamarina y Gustavo Estofan.

En su alegato, Camuña señaló que los hechos que se juzgan son conductas que implican formas de violencia contra las mujeres y citó a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida como la Convención de CEDAW, por sus siglas en inglés), y a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de Belem Do Para), a las cuales Argentina ha adherido.

“La violencia va desde el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad, que es un agravante, hasta la cosificación, la violencia psicológica, institucional y reproductiva”, afirmó.

En ese sentido, el representante del MPF recordó que una de las víctimas declaró durante el juicio que fue captada por Gambandé cuando tenía 16 años: “Venía de otra provincia, estaba buscando su identidad, se encontraba sin trabajo y sin lugar donde vivir. Fue en ese momento que tomó vinculación con Gambandé, quien que se valió de esa situación para introducir, de a poco, a la víctima en una situación de explotación”.

“Los hombres que asistían eran violentos, iban en grupo y querían divertirse. Poder violarnos empodera esos varones que van a divertirse. Cuando estábamos indispuestas, Gambandé nos hacía poner una esponja en la vagina para tener relaciones sexuales", citó el fiscal un testimonio.

Con respecto a la otra víctima que declaró en el debate, el fiscal detalló que la joven también se encontraba en una situación económica “desesperante” al momento de entablar contacto con el acusado. “Ella no le contó a su familia que estaba comenzando a prostituirse y a ser explotada por Gambandé. Ese es otro aspecto de vulnerabilidad: el desconocimiento de la actividad por parte de las familias. Este elemento es utilizado frecuentemente por los explotadores como una forma de amenaza permanente”, apuntó Camuña.

El fiscal remarcó que de los dos testimonios se desprende también que no eran ellas dos las únicas mujeres en esta misma situación sino que “eran muchísimas más”: todas jóvenes, todas en situación de vulnerabilidad.

“Una de las victimas aseguró que había chicas de 13 a 38 años en diferentes etapas de la actividad del acusado”, señaló el representante del MPF.

Camuña reprodujo una parte del relato de una de las víctimas que indicó que existía una página en internet “que era como Mercado Libre en la que se ofrecían mujeres”. Sobre este punto, el fiscal aseguró: “No hay una imagen que nos transmita de forma tan patente esa cosificación al extremo de lo posible”.

Luego, el fiscal se refirió a los hechos de violencia sexual permanente a los que eran sometidas las víctimas. “No solo por el tratante sino también por los prostituyentes bajo el amparo de un sistema pensado para eso”, aseguró.

En ese sentido, volvió a citar lo que dijo una de las víctimas al momento de declarar: “Los hombres que asistían eran violentos, iban en grupo y querían divertirse. Poder violarnos empodera esos varones que van a divertirse. Cuando estábamos indispuestas, Gambandé nos hacía poner una esponja en la vagina para tener relaciones sexuales. Si se rompía el preservativo él nos metía una manguera con lavandina. Nos decía que con 19 años ya éramos putas viejas y no podíamos quedar embarazadas”. Sobre este punto, el fiscal hizo mención a que las víctimas debieron someterse varias veces a abortos.

Finalmente, Camuña también se refirió a los hechos de violencia institucional a los cuales fueron víctimas las mujeres. “A las víctimas les cerraron los caminos para que no puedan escaparse y no puedan pedir auxilio a las autoridades. Eso está clarísimo. Ambas mujeres contaron cómo las guionaban al momento de los allanamientos. Tenían reuniones con abogados que las entrenaban para ver qué era lo que tenían que decir a las autoridades”.