El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Pablo Camuña, presentó un recurso de Casación para elevar la pena de Aníbal Iván Frías, uno de los integrantes de una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de uno los locales, donde funcionaba uno de los prostíbulos en los que operaba la banda.

La presentación de Camuña fue consecuencia de la sentencia dictada el pasado 16 de diciembre en la que los jueces condenaron a ocho años de prisión a Ernesto Robles y Mercedes Medina, por encontrarlos responsables de regentear la prostíbulos "Bar California”, un histórico local nocturno que funcionaba al menos desde hacía 15 años, y “Night Club”, frente a la ex terminal de ómnibus de la capital provincial. Además, el Tribunal Oral dispusieron penas de cuatro años para otros dos imputados, el propio Frías y María Rosa Juárez, por considerarlos partícipes secundarios mientras que otros tres acusados resultaron absueltos. Finalmente, los magistrados ordenaron también el decomiso del local “Bar California”

En ese sentido, el fiscal consideró que el rol de Frías era el de “amedrentar a las víctimas por orden de Mercedes Medina y Ernesto Robles” y por eso solicitó agravar la pena. Agregó que el imputado “custodiaba y vigilaba los prostíbulos de estos dos” y que para ello “utilizaba la violencia”. Finalmente, aseguró que el hombre también comercializaba estupefacientes dentro de los establecimientos. Camuña, entonces, sostuvo que Frías cumplió “un rol necesario”, ya que que sin su actuación, “no hubiera podido llevarse a cabo el delito”.

“Si bien el papel de Frías podría haber sido desempeñado por otra persona, era imposible sostener las condiciones de vulnerabilidad y explotación de manera tan cruenta, sin la presencia de un encargado de administrar violencia en contra de las víctimas. Esta funcionalidad, garantizaba a Medina y a Robles obtener pingües ganancias económicas con el lucro de la sexualidad ajena”, sintetizó Camuña.

Finalmente, el representante del Ministerio Público se refirió al decomiso de los prostíbulos donde operaba la banda. Si bien fue ordenado respecto al “California”, el fiscal solicitó en su recurso la ampliación de esa medida sobre el “Night Club”. En esa línea aseguró que el "inmueble fue adquirido por los acusados con anterioridad a la fecha de los hechos” que fueron juzgados. “Sin embargo, la existencia de los prostíbulos data de fecha muy anterior a la explotación sexual de las víctimas de este proceso. Sin prejuicio de ello, la fundamentación del decomiso no solamente surge del provecho económico que los encartados hicieran de la trata de personas, sino también por haber sido el lugar donde se explotó sexualmente a las víctimas”, concluyó.

Cómo funcionaba la banda

Según la sentencia, los dos principales condenados son una pareja. La mujer fue encontrada culpable de haber sido la encargada de la explotación “comercial” y de la captación, traslado y acogida de mujeres en situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual. El hombre, por su parte, era quien le daba las instrucciones a su pareja sobre cómo proceder en la administración de ambos locales. En la resolución, los jueces dieron por probado que era el encargado de “resolver” de manera violenta algunos conflictos y de promover y facilitar las tareas de captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de personas empleando violencia e intimidación sobre las víctimas.

Las mujeres debían realizar jornadas de 11 horas por día en condiciones insalubres y, tanto ellas como sus familias, fueron víctimas de violencia física, amenazas e intimidaciones, incluso con armas de fuego.

La banda contó con la colaboración de otros cinco cómplices responsables de la administración del dinero, participación en los mecanismos de captación de mujeres y del control sobre ellas. Uno de los acusados, Frías, además gozaba del beneficio de salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, y era el encargado de ejercer el rol de seguridad interna y externa. Finalmente, también se ocupó de amedrentar a las mujeres, ya sea por no cumplir los pagos o por resistirse a las órdenes de la proxeneta. Asimismo, una de las víctimas lo identificó como el encargado de facilitarle drogas.

La organización criminal funcionó bajo un sistema de multas y de rotación entre los prostíbulos y otros ubicados en las provincias de Catamarca y La Rioja. Los imputados, a su vez, obligaron a otras mujeres a hacer las veces de “encargadas” para asegurarse que no declaren en su contra.

En su declaración, una de las víctimas aseguró que tuvo que realizar “pases” hasta los ocho meses de embarazo así como también en ocasiones donde se encontraba enferma. Asimismo, relató que tenían una suerte de “discurso” armado para que declarasen luego de los procedimientos judiciales, el cual consistía en decir que “trabajaban por su cuenta” y que, como castigo extremo, las mantenían encerradas en una de las habitaciones del prostíbulo.