El juez Sebastián Casanello ordenó la elevación a juicio de una pareja acusada de trata de personas con fines de explotación sexual en el boliche “Stravos”, ubicado en la calle Vicente López 2229, en el barrio porteño de Recoleta, entre principios de 2013 y fines de 2015. El hombre habría captado, mediante una falsa oferta laboral, a una joven en situación de vulnerabilidad y bajo conductas intimidatorias, la habría explotado sexualmente. Para esto, habría contado con la colaboración de su pareja, quien era la encargada en el boliche.

Además, en línea con lo solicitado por la fiscalía Federal N°6 a cargo de Federico Delgado, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), encabezada por Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, la Agencia Gubernamental de Control rechazó la habilitación del local que había sido clausurado en varias oportunidades. Sin embargo, a través de la entrega de dinero a conocidos que tenía en Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lograba el levantamiento de esas medidas.

La investigación se inició a raíz de la denuncia que realizó la madre de una víctima lo que derivó en una investigación preliminar por parte de la Procuraduría especializada a la vez que la instrucción fue delegada a la Fiscalía Federal N°6, a cargo de Federico Delgado.

El caso

Se trata de un hombre que, a través de falsas ofertas laborales publicadas en el diario Clarín, captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en un boliche de su propiedad llamado “Stravos”. Para esto, habría contado con la colaboración de su mujer, quien habría sido la encargada del local. A través de la investigación, se pudo establecer que el boliche funcionaba todos los días, que “existiría oferta sexual” por parte de las mujeres que  allí se encuentran y que los denominados “pases”, que rondaban entre $1500 y $2000, de los que el acusado se quedaba con el 50%, se realizaban en albergues transitorios de la zona.

También, se determinó que el acusado concurría al lugar dos o tres veces por semana y que contaba con una mujer encargada del lugar cuya tarea consistiría en dar a conocer a los clientes las reglas del lugar, los precios y la posibilidad de retirarse con las mujeres a un hotel o a algún lugar a acordar.

A su vez se comprobó que el vínculo entre el imputado y un funcionario público de la Dirección General de Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad y que la persona mencionada como colaboradora en la habilitación del bar sería otra mujer empleada del Gobierno de la Ciudad. Ambos funcionarios habrían colaborado con el funcionamiento a pesar de las irregularidades administrativas y las sospechas de la comisión del delito de trata de personas.

El 30 de junio de este año, se realizaron los allanamientos tanto en el prostíbulo como en la vivienda particular de los imputados, donde se halló un revolver calibre .32 mm. largo y nueve municiones del mismo calibre que no se encontraba a nombre  de ninguno de los imputados.

Como en ninguno de los dos domicilios fueron encontrados los acusados, a pedido del fiscal, el 5 de julio se realizó un nuevo procedimiento en su casa particular, donde finalmente ambos resultaron detenidos.

Paralelamente, la víctima declaró en cámara gesell y reprodujo los mimos hechos que había relatado su madre en la denuncia inicial.

Finalmente, se determinó la existencia de otra investigación preliminar por la explotación sexual de mujeres en el mismo local en el marco de la cual se recibió testimonio a una inspectora de la Dirección de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad que dispuso la clausura del boliche luego de que el imputado presentara una documentación en la que su madre fallecida figuraba como encargada.

El 15 de julio, el juez Sebastián Casanello ordenó el procesamiento de los dos acusados y la prisión preventiva del hombre. Además, ordenó embargar los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de 500 mil pesos cada uno.

Finalmente, el 7 de septiembre, el magistrado además de ordenar la elevación a juicio de la pareja, embargó preventivamente el local nocturno con miras a un eventual decomiso.

La denuncia que dio origen a la investigación

La investigación se inició el 3 de marzo de este año, luego de la denuncia que realizó una mujer ante la Protex. En esa oportunidad, la denunciante relató que en el año 2013 su hija estaba buscando trabajo como camarera y unos amigos le sugirieron que se presentara  en un local que en ese entonces se llamaba “Hella”, ubicado en la calle Vicente López  2229, en el barrio porteño de Recoleta. Allí, fue recibida por el dueño y principal imputado en la causa, Gabriel Nicolás Athanassopoulos, quien en un primer momento le dijo que el trabajo consistía en atraer clientes para luego “sacarles tragos” y que sus horarios serían de lunes a lunes de 20:00 a 4:00, pero podía tomarse francos durante la semana si los solicitaba con antelación. A los pocos días de aceptar la oferta laboral, al ver que solo trabajaban chicas, la víctima se percató de que el lugar era un prostíbulo.

Sin embargo, el vínculo entre ellos fue mutando y la víctima, quien se encontraba en situación de vulnerabilidad, comenzó a trabajar en la barra y a “hacer copas”, lo que implicaba seducir a clientes para que compren la mayor cantidad de tragos posibles, lo cual era más factible detrás del mostrador y como consecuencia comenzó a ganar más dinero y a tener un vínculo más estrecho con el principal imputado.

Finalmente, en lo que la víctima denominó la “tercera etapa” del modus operandi del imputado, el hombre le preguntó: “¿Qué preferís? ¿Ganar cinco mil pesos por día o cinco mil pesos por mes?”. Según su declaración, le dijo que “como ella era soltera podía tener relaciones sexuales con chicos lindos, incluso amigos de él y además ganar una suma de dinero que le permitiría tener una vida más tranquila y confortable”. La víctima además manifestó que el hombre era muy “manipulador”, que siempre lograba convencerla y que nunca hablaba de prostitución sino que le decía que tenía que “salir” con chicos.

Por último, la joven indicó que el acusado la hostigaba continuamente, le mandaba mensajes y la llamaba sin cesar para saber dónde estaba. Asimismo, detalló que él mantenía relaciones sexuales con todas las mujeres que “trabajaban” en el bar y que lo mismo comenzó a hacer con ella, lo que generó que pasaran cada vez más tiempo juntos. Incluso, en una oportunidad, la obligó a concurrir a la Comisaría 19 de la PFA para tener relaciones con el jefe a cargo.

Para comienzos de 2014, se encargaba de abrir y cerrar el local, de llamar a las demás chicas para que fueran a “trabajar”, de hacer algunos pedidos de bebidas, y demás tareas propias de una encargada sumado  a que el imputado estaba la menor cantidad de tiempo posible en el bar por miedo a que hubiese inspecciones.

La relación entre ellos culminó en junio de 2014, cuando ella dejó de atenderle el teléfono, se mudó a lo de su madre y dejó de trabajar en el bar.