17 de julio de 2024
17 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La denuncia había sido presentada por la Procuvin
Allanaron el penal de Marcos Paz por maniobras fraudulentas en el circuito alimentario
La Fiscalía Federal N°2 de Morón, junto a la Procuraduría de Violencia Institucional, llevó adelante un procedimiento judicial en el Complejo Penitenciario Federal N°2 y el Complejo Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz con dos convoys de Gendarmería Nacional.

El fiscal federal a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 2 de Morón, Carlos Hernán García, junto al fiscal ad-hoc de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) Fernando Vallone y la coordinadora del Área de Encierro de esa misma dependencia, Bárbara Franco, encabezaron un allanamiento en el Complejo Penitenciario Federal N°2 y el Complejo Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz. La medida judicial fue ordenada por el juez federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez. En el transcurso del procedimiento, se secuestró documentación contable importante en el circuito de contratación, entrega, distribución y pago de los alimentos en el complejo federal para poder determinar si existió un fraude en perjuicio de la administración pública.

La medida judicial llevada adelante por Gendarmería Nacional se dio en el marco de 15 allanamientos a distintas reparticiones vinculadas a la investigación por fraude alimentario, en los que también intervinieron diez funcionarios de la Procuvin. Los esfuerzos se concentraron en la Dirección General de Administración del Servicio Penitenciario Federal, el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE) y en un grupo de 13 empresas proveedoras de alimentos.

Los procedimientos cumplieron el objetivo de hallar documentación contable (del 2013 al 2016) para reconstruir el circuito y la administración de los alimentos destinados a las personas privadas de su libertad en los establecimientos penales. La Gendarmería allanó así diversos sitios dentro el Complejo Penitenciario Federal 2: las oficinas de jefatura, división secretaría, administración, economato y contabilidad. Se secuestró toda posible documentación en formato físico o informático (expedientes, formularios de cheques, listado de cheques, constancias bancarias, constancias de transferencias) que pudiesen acreditar los pagos efectuados a proveedores de alimentos adquiridos.

Al mismo tiempo que se llevaron adelante pesajes de alimentos en los centros de depósitos y cámaras frigoríficas para determinar cantidades, y un inventario de todos los alimentos existentes en los dos complejos penitenciarios.

Según destacaron desde la Procuraduría especializada encabezada por el fiscal general Miguel Palazzani, la investigación impulsada por el fiscal Garcia tiene como objetivo encontrar “las irregularidades en todas esas instancias y así detectar a los responsables que ocasionan que, a pesar del millonario presupuesto destinado a satisfacer el derecho a la alimentación, el servicio alimentario en esas cárceles federales es deficitario y provoca un grave padecimiento a los detenidos. El hambre en las cárceles federales, ocasionado por la entrega de escasos alimentos de baja calidad, es denunciado desde hace décadas por los organismos estatales y no gubernamentales que despliegan controles en las prisiones".