24 de febrero de 2024
24 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Procuvin realizó una inspección judicial al centro de encierro de jóvenes
Clausuraron el sector de aislamiento del Instituto Agote
La Procuraduría de Violencia Institucional, a cargo del fiscal Abel Córdoba, junto con el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, constató condiciones insalubres de higiene y mantenimiento, así como un “notable” deterioro en la infraestructura.

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) realizó el 1° de diciembre una inspección al Centro Socio Educativo de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”, en Palermo, junto al presidente del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, el juez Gustavo Hornos. Como consecuencia del procedimiento, se dispuso la clausura judicial del sector donde falleció el adolescente Diego Iván Borja, quién prendió fuego un colchón mientras estaba sancionado dentro de una celda de aislamiento.

La fiscal de menores María Fernanda Poggi se había comunicado con Procuvin para planificar una intervención conjunta en el caso. Dentro del centro, los funcionarios constataron un “notable” estado de deterioro de la infraestructura y condiciones “insalubres” de higiene y mantenimiento.  Verificaron, además, que las instalaciones eléctricas son precarias y peligrosas y observaron la presencia de insectos en diferentes sectores, como por ejemplo cucarachas dentro de una heladera con alimentos.

Procuvin constató que los jóvenes se encontraban dentro de los pabellones, desprovistos de todo estímulo. Los sectores de educación y talleres estaban vacíos, lo que concuerda con el poco tiempo de actividades descripto por las autoridades del Instituto. Según describió la Procuraduría a cargo del fiscal Abel Córdoba, “es llamativa la escasez de objetos personales que les son permitidos tener, lo que genera una desconexión con las referencias de su cotidianeidad”.

El equipo realizó varias entrevistas a los chicos detenidos, donde mencionaron en reiteradas oportunidades las dificultades en el acceso a la justicia. Por ejemplo, solamente pueden utilizar el teléfono después de las 18:00, fuera del horario judicial. En las pocas excepciones donde son autorizados a realizar llamadas por la mañana, siempre hay personal de custodia presente, lo que impide la comunicación confidencial con las instancias judiciales responsables de su detención y, por supuesto,  la posibilidad de efectuar alguna denuncia.

El caso

Diego Iván Borja tenía 17 años y estaba detenido en el Instituto Agote desde julio. El jueves 27 de noviembre, fue sancionado por “faltarle el respeto a un adulto”, según relataron las autoridades del Agote. El castigo por esa falta consistía en encerrarlo en una celda de aislamiento durante 48 horas.

Esta clase de sanción implica la reclusión en un lugar donde sólo hay una cama de metal fija al piso con un colchón, un vidrio fijo que da al exterior y una pequeña rejilla de ventilación. Esta clase de celdas no cuentan con sanitarios, ni acceso al agua. Si “necesitan” ir al baño, deben pedírselo a los gritos a los guardias. El régimen impide cualquier tipo de interacción social y estimulación socio ambiental. Según la Procuraduría, esto tiene “inevitables consecuencias dañinas para la salud integral de los jóvenes que son castigados de esta manera”.

Esa misma tarde, Borja prendió fuego el colchón de su celda. La demora en ser auxiliado por el personal le provocó quemaduras en un 37% de su cuerpo y graves lesiones en su sistema respiratorio. Fue internado en el Instituto del Quemado, donde murió como consecuencia de las heridas y la inhalación de monóxido de carbono.

Durante la inspección, se constató que a sólo cuatro metros de la celda de castigo hay un puesto de guardia, dónde se encuentra el responsable de la custodia. “La cercanía del puesto, así como la extensión y la gravedad de las lesiones dan cuenta de la falta de intervención oportuna de los responsables”, sostuvo Procuvin. Los representantes del Ministerio Público consideraron que es “evidente” que los funcionarios “no garantizaron la integridad del joven, ni evitaron su muerte”.