22 de febrero de 2024
22 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Inspección junto a los fiscales de Lomas de Zamora
Torturas, discriminación y graves deficiencias estructurales en pabellones trans de Ezeiza
Funcionarios de la Procuraduría contra la Violencia institucional mantuvieron entrevistas confidenciales con más de veinte internas del Complejo Penitenciario I de Ezeiza y tomaron fotografías de las condiciones del lugar. Actuaron a raíz de un reciente caso de torturas a cinco detenidas.

Deficiencias en la alimentación, no suministro de medicamentos a personas con VIH, discriminación en razón del género, limitado acceso a la educación,falta de calefacción e infraestructura precaria y peligrosa para la salud, fueron algunos de los reclamos recibidos por los funcionarios y funcionarias de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, quienes junto a los fiscales federales de Lomas de Zamora inspeccionaron el jueves pasado los pabellones del Complejo Penitenciario I de Ezeiza, que alojan a personas de identidad autopercibida travesti, transexual, transgénero, gay y lésbica, para constatar las condiciones de detención luego de que se radicaran denuncias por malos tratos y torturas.

La inspección se llevó a cabo durante seis horas en los pabellones A, B y C del módulo VI. Participaron el coordinador del Área de lugares de encierro de la Procuvin, Roberto Cipriano García, y las integrantes de ese organismo Martina Allende y Mara López Legaspi, junto a los fiscales de Lomas de Zamora Sergio Mola y Adrián García Lois. Los representantes del Ministerio Público realizaron entrevistas confidenciales con 26 internas y tomaron fotografías.

Los tres pabellones están ocupados cada uno en sus quince plazas y en todos se registraron similares deficiencias: "Todas las celdas poseen un inodoro con un lavatorio en la parte superior, que en muchos casos tenían sus desagües obstruidos. Las celdas en su mayoría tienen una conexión eléctrica sumamente precaria que genera riesgo de electrocución para las personas que allí se alojan, ya que poseen enchufes sin cobertura de plástico y los cables “pelados” están expuestos a lo largo y ancho de las paredes", refiere el acta labrada por los funcionarios del Ministerio Público respecto de la situación de uno de los pabellones.

Los reclamos de las internas de los tres pabellones incluyeron el alto nivel de humedad de todas las celdas, que provoca que los colchones se mojen, y la falta de calefacción adecuada. En un pabellón se denunció falta de vidrios en las ventanas, que "deben ser tapadas con una frazada por la noche para aislar el frío y el viento, así como también el calor en días de altas temperaturas".

El colectivo LGBTT se encuentra alojado en esos pabellones del Módulo VI desde marzo del 2010. Antiguamente funcionaba como sector de sancionados, por lo que la estructura edilicia mantiene algunas características de aquél uso.

Discriminación

La discriminación por género también fue denunciada. Varias personas dejaron asentado que el director del Complejo, Martiniano González, se definió ante la población como homofóbico y que "no los podía ni ver y que no le reclamaran ningún trato especial".

En el acta se dejó constancia que "las personas trans que viven en este Pabellón  manifestaron impedimentos para realizar tratamientos hormonales debido a que las autoridades no se lo permiten", situación que se replica en el resto de los pabellones. En ese mismo lugar también se denunció que los médicos que participan en las requisas obligan “a cada persona a exhibir partes del cuerpo e incluso desnudarse ante el personal penitenciario y demás personas detenidas para chequear si tienen golpes o lesiones, lo que es motivo de vergüenza y humillación de quienes deben pasar por esa situación".

Dos personas "relataron haber solicitado que se les asigne un nuevo DNI acorde a su identidad de género, y en la oficina de 'Sociales' les manifestaron que, si bien podían tramitarlo, corrían el riesgo de ser trasladadas a cárcel de mujeres, y como ambas conviven con sus maridos en este Pabellón optaron por no hacerlo".

En uno de los pabellones existen dos salas para visitas íntimas: "Se recibieron reiteradas quejas en relación con la deficiente higiene y porque se hallan obstruidas las cañerías de los lavatorios e inodoros, con lo cual quien recibe el cuarto en último lugar debe recibir a su visita en un espacio sucio y carente de las condiciones ambientales e higiénicas mínimas para su uso".

El módulo VI posee ocho pabellones, de los cuales cuatro funcionan como neuropsiquiátrico. Esto genera que algunas personas con problemas de salud mental, que son consideradas conflictivas, sean alojadas en estos pabellones de identidad autopercibida travesti, transexual, transgénero, gay y lésbica, contexto que las ha sometido a distintas situaciones de violencia.

Medicina, alimentación e higiene

En ese contexto, también se registraron "dificultades para acceder a la atención médica, ya que si bien una profesional concurre a atender dentro del Módulo, las consultas con especialistas o que revisten mayor complejidad suelen demorarse más de una semana o diez días".

En ese sentido, pusieron de resalto la muerte del venezolano Gilquer José Álvarez Lara, quien falleció el 24 de febrero pasado. Padecía HIV y, según se denunció, no se le brindó la medicación que requería ni la dieta especial prescripta médicamente. Los entrevistados señalaron que la víctima estuvo 22 días "con una gran infección y sin poder ir al baño" y que el médico que la atendía "minimizaba permanentemente sus manifestaciones de dolor".

Los funcionarios también dejaron constancia de la composición de la primera alimentación del día en uno de los pabellones: "Se les entregaron dos bolsas con 200 gramos aproximadamente de azúcar y yerba a modo de desayuno para todo el pabellón", que componen 15 personas.

En uno de los pabellones, las internas describieron que la carne llega con alto contenido de grasa y hueso, y toda la comida tiene demasiado aceite, lo que les provoca problemas de salud. "Esto se habría agravado a partir del reciente allanamiento realizado en la cocina central del Complejo Penitenciario, en la cual secuestraron una gran cantidad de comida en mal estado y vencida", consigna el acta.

La situación lleva a las personas a intentar la adquisición de productos en la cantina, donde los precios son muy elevados. "A modo de ejemplo, por un pollo al horno cocinado se les cobra $360, y por un kilo de milanesas, $280", se constató. El cuadro se completa con el horario de almuerzo y cena. El primero, se sirve a las 17 y, el segundo, a las 19.

"En cuanto a los elementos de higiene, se les provee mensualmente una máquina de afeitar, un jabón, un papel higiénico, una crema dental y un cepillo, lo que resulta escaso por lo que deben adquirir a través de la cantina o proveeduría de la unidad, donde en todos los productos el valor se incrementa en más del 300% en relación con lo que se paga fuera del penal. Por esta razón, solicitan acceder a la línea Coto, para poder comprar los productos en ese supermercado, pero el SPF les niega esta posibilidad", reseña el acta, que asimismo refiere que "en los tres pabellones inspeccionados se recibieron reclamos sobre el modo en que se realiza la requisa, la que implica el destrozo de pertenencias tales como elementos de higiene y cosmética".

Otro punto relevante de los reclamos tiene que ver con las comunicaciones telefónicas: faltan líneas para recibir llamadas y las que existen para llamar desde el penal tienen limitaciones. "No pueden comunicarse a ninguna característica que sea gratuita (o “0800”) porque se les corta la comunicación. Esto provoca que no tengan acceso a los teléfonos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el INADI u otros organismos de control estatal", señala el acta, que además indica que el 18 de junio pasado el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora ordenó el restablecimiento de ese servicio, que aún no se reanudó.

El acceso a la educación también se ve resentido en esos pabellones. En un pabellón se denunció que quienes "están cursando la escuela secundaria van cada 15 días a clases, y una sola vez por mes quienes están estudiando una carrera universitaria".

La denuncia

La denuncia que derivó en la inspección fue formulada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) por el delito de tortura cometido el 15 de julio pasado contra cinco personas.

Alrededor de las 13 de aquél día un detenido que desde hacía un mes se encontraba alojado allí empezó a gritar: "Me trajeron a este pabellón para matar a C.".

La alusión era para A.C., una joven detenida con HIV contraído durante una violación hace cuatro años en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz. En septiembre pasado A.C. fue víctima de un intento de homicidio por parte de una celadora -identificada- que le arrojó un colchón en llamas dentro de su celda. El episodio culminó con la internación de A.C. -en estado de inconsciencia, por la asfixia, y herida- en el hospital del complejo.

Aquellos gritos del detenido el 15 de julio generaron una pelea entre varios detenidos y detenidas, que derivó en un operativo de requisa que las reprimió ferozmente, según consignó en su denuncia la PPN. Los penitenciarios ingresaron "con escudos y palos, empujando y propinando golpes con las estofas sobre los cuerpos de los detenidos y las detenidas que no llegaban a encerrarse en sus celdas".

Los penitenciarios ordenaron a los reprimidos que se arrodillaran y pusieran las manos contra la pared, de espalda a los agentes. En ese contexto, "varios recibieron bastonazos en sus cuerpos" y "golpes de puños en la espalda, cabeza y nuca".

Golpes con los escudos y colocación de esposas apretadas para cortar la circulación de la sangre en las muñecas fueron otros de los métodos denunciados por las víctimas.

Una detenida relató que los penitenciarios aprovecharon la posición en la que se encontraba para sujetarla de la nuca y golpearle la cabeza contra la pared, "como si estuviera cabeceando" (sic). "Al caer al suelo recibió varios puntapiés en sus costillas a pesar de la súplica para que no lo golpearan más", refiere la denuncia.

La agresión fue acompañada de gritos discrinatorios e intimadantes: “Puto de mierda, bancatela; te gusta sacar habeas; ahora, bancatela y ni se te ocurra denunciar”.

Esa misma detenida le relató a la PPN que el traslado del interno que generó el conflicto fue "a propósito para que haya bronca entre nosotras y luego que vengan los de requisa a pegar y maltratar como siempre".

El episodio finalizó con el total de la población "engomado", es decir, encerrado, y a todas les informaron que estaban sancionadas, sin la firma de ningún parte.