El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) Miguel Ángel Palazzani, junto a los fiscales ad hoc de la dependencia Fernando Vallone y José Nebbia, y la coordinadora del área de encierro de la Procuraduría, Bárbara Franco, presentaron esta mañana una denuncia por torturas contra funcionarios del Servicio Penitenciario Federal a cargo de unidades del Complejo Penitenciario de Devoto. Se trata del Jefe de la Planta n° 3 y del Jefe, Sub Jefe y Director de Tratamiento de ese establecimiento penitenciario.

La investigación comenzó a partir de un llamado telefónico a Procuvin por internos alojados en el retén del pabellón 12 del módulo 3 del complejo penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras cosas, denunciaron las malas condiciones de detención a las que se encontraban sometidos. A partir de ese llamado, se dispuso abrir una investigación preliminar y constituirse en el lugar de los hechos para constatar lo denunciado.

Esa inspección se realizó ayer, y estuvo encabezada por el fiscal ad hoc Vallone, quien “constató la presencia de 5 personas detenidas en este espacio semejante a una mazmorra”. También se pudo verificar que algunos de esos internos llevaban más de una semana en el lugar, “padeciendo condiciones de detención que vulneran gravemente el trato digno que debe dispensarse a una persona privada de su libertad, provocando la imposición de graves sufrimientos físicos y psíquicos que exceden la dosis de dolor que, por su propia naturaleza, implica la privación de libertad”, se detalla en el escrito, que quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 32, a cargo de Santiago Quian Zavalía.

“El retén, ubicado en el piso más alto del módulo tres, es de reducidas dimensiones, con gran parte de su estructura quemada. La ventilación y la luz natural resultan insuficientes, generándose un ambiente sofocante y con poca circulación de aire”, destacaron los representantes de Procuvin. Y agregaron: “impresiona también que el lugar tampoco posea luz eléctrica, por ende en horas de la tarde y noche se mantienen a oscuras”.

Junto a lo anterior, se constató que “las condiciones higiénicas son pésimas, resultando insalubres e indignas para quienes están allí alojados”. En cuanto al mobiliario, señalaron que “solo hay una cama cucheta mientras que el resto de los colchones están tirados en el suelo; no poseen mantas, sábanas o frazadas. Tampoco poseen sillas, mesas o muebles para guardar sus escasas pertenencias”. En la misma situación de insalubridad y decadencia se encontraba el espacio utilizado como baño, que ni siquiera estaba separado de la habitación.

Por otra parte, Vallone y el resto del equipo de Procuvin comprobaron que “la alimentación suministrada resulta insuficiente y de mala calidad; consiste en un pequeño sándwich de carne picada o pollo desmenuzado de manera diaria. No les entregan nada para cenar así como tampoco en horas de la mañana o la tarde en forma de colación”.

Todos los detenidos, además, “se encuentran en situación de aislamiento grupal durante las 24 horas del día, sin contar con autorización para salir al patio o bien a otro espacio de esparcimiento y recreación. Asimismo, se ve suspendido el acceso a la educación de cualquiera que allí sea alojado. En cuanto a sus visitas, deben recibirlas en el pequeño lugar destinado a efectuar los procedimientos de requisas”, precisaron en la denuncia.

Finalmente, dos de los detenidos presentaban diversos problemas de salud que no estaban siendo atendidos.

“No cabe duda que la gravedad de los hechos denunciados constituye una situación de violencia institucional que no puede quedar impune”, expresó el equipo a cargo del fiscal general Palazzani, al tiempo que indicaron que “las condiciones de detención impuestas a las víctimas violan varias de las ‘Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela)’, aprobadas por la Asamblea General de la ONU” el 17 de diciembre pasado.

Hábeas corpus

Asimismo, junto a la denuncia contra los funcionarios del SPF, la Procuvin también presentó una acción de habeas corpus colectivo y correctivo, en favor de la totalidad de los detenidos alojados en el “reten”.

Además de los hechos consignados en la denuncia, resaltaron que este tipo de lugares denominado “retenes” ya habían sido constatados en la misma unidad carcelaria en mayo de 2014. La inspección la había realizado el Sistema Interinstitucional de Control de Unidades Carcelarias y, como consecuencia, “las autoridades del SPF aceptaron el señalamiento y convinieron en trasladar a los internos provisionalmente a una sala de usos múltiples y a una sala del Hospital, y se comprometieron a no habilitar retenes para alojamiento en el futuro”.

En esa ocasión, el Sistema estuvo representado por su presidente Gustavo Hornos, el juez Sergio Paduczak, el entonces titular de la Procuvin Abel Córdoba, y Ricardo Richiello y Nicolás Toselli por la Defensoría General de la Nación.

A un año de aquella clausura de “retenes”, en abril de 2015, los miembros del Sistema volvieron a monitorear el Complejo Penitenciario Federal de la ciudad. Esa visita tuvo como objetivo “verificar la no habilitación de sectores inapropiados para el alojamiento de personas en los antes denominados ‘retenes’ y se observaron también las condiciones generales de alojamiento de los internos”.

Por todo esto, los representantes de Procuvin concluyeron que en el “reten” del Pabellón 12 del Módulo III del Complejo de Devoto “se presenta un escenario de riesgo que pone en crisis la integridad física y la salud de los internos alojados en ese lugar, en franca vulneración” de la Constitución Nacional y tratados internacionales de Derechos Humanos.